El tema de las leyes navales arranca allá por el año 98, cuando los compañeros del Astillero vieron la necesidad de que vuelva a haber leyes para la industria naval en la Argentina porque se había derogado todo con el gobierno de Menem. Elaboraron dos leyes: el Fondo de Desarrollo dela Industria Naval (Fodin), y la de Transporte por agua con reserva de carga. Esas dos leyes las discutieron todos los trabajadores, y se aprobaron en asambleas de sector y general. Hasta el año pasado esas leyes se vinieron presentando en la Cámara de Diputados y nunca se aprobaron.
En el 2013, con el gobierno kirchnerista, toman la decisión de enviar una ley para la industria naval, que la elabora el diputado Gastón Harispe. Esta ley planteaba un fondo fiduciario, una sociedad anónima dependiente del gobierno. En el ARS estuvimos debatiendo durante dos días en asamblea general, en total nueve horas de discusión, y definimos que nos quedábamos con las leyes que veníamos impulsando, y no apoyar la Ley Harispe.
El año pasado, en agosto, se reúne la Comisión de Intereses Marítimos de Diputados, y aparecen siete leyes. Entre ellas la del Fodin, y otras dos particularmente en discusión: la de Harispe y la del diputado Martínez Campos. Desde ATE presentamos modificaciones a estos dos proyectos, que ninguno de los dos aceptó.
Con el cambio de gobierno en provincia de Buenos Aires y en la nación se para toda la discusión de las leyes. Desde el gremio se siguieron reuniendo con Martínez Campos, y nos enteramos que se podía tratar una ley para la industria naval presentada por el senador Luenzo. Se levantaron sesiones de las comisiones, por lo que supimos por el accionar del ministro de Transporte Dietrich, con lo que vimos que detrás de este proyecto estaba el gobierno y los intereses de sectores de la industria naval. Hay que tener en cuenta que por fletes se pagan alrededor de cinco mil millones de dólares al año, que se llevan las cuatro o cinco grandes empresas que tienen barcos en la Argentina.
En noviembre esa ley se aprobó en la Cámara de Senadores. Nosotros le decimos la ley Luenzo –Macri, que tiene un fondo fiduciario que es una sociedad anónima en manos del Ministerio de Economía, que es quien va a definir el uso de ese fondo. La ley establece que para la marina mercante durante los primeros siete años se pueden traer barcos de afuera sin pagar impuestos, la compra de barcos rotos afuera para reparar acá. Otra diferencia importante con la ley que impulsamos los trabajadores es que nosotros planteamos “reserva de carga”, es decir que al menos el 50% de la carga tiene que ser hecho en buques de bandera argentina. En la ley aprobada se habla de “prioridad”, no obliga a los armadores.
Nosotros vemos que con esta ley el Astillero Río Santiago corre peligro de desfinanciamiento. Porque el gobierno de Vidal, con el ajuste que viene llevando adelante no va a poner plata en el ARS y va a usar la plata en otra cosa. Si esto lo unimos a la Ley de Participación Público Privada, que permite la asociación de las empresas del Estado con las privadas, ese desfinanciamiento puede llevar a que capitales privados ingresen al ARS y se lleva a cabo una privatización encubierta.
Las leyes impulsadas por los trabajadores en Diputados perdieron estado parlamentario porque pasaron dos años sin tratamiento. Ahora nos enteramos que esas leyes se volvieron a presentar, lo que es un avance para que podamos empezar a negociar. Estamos muy preocupados. En las pocas asambleas de sección que se han hecho los compañeros están pidiendo que el gremio llame a asamblea general para debatir esta situación y tomar posición.
Nosotros lo que afirmamos es que la única ley que tiene mandato de los trabajadores son las dos leyes que venimos peleando desde fines de los ’90. Nuestra agrupación está sacando una serie de volantes alertando del peligro que corre el Astillero, porque esto no es como en el gobierno de Menem, que venía de frente y te decía “voy a privatizar”. Estos, como dijo un compañero en una asamblea, “vienen por la diagonal”. Es mucho más peligroso. Por eso estamos peleando una asamblea general para que los compañeros tomemos una decisión sobre el futuro del Astillero, que desde nuestro punto de vista está en peligro. Sabemos que queda una sola sesión de Diputados este año, pero la discusión por las leyes va a seguir seguramente el año que viene. Porque tenemos en claro que las clases dominantes, los capitales privados, conjuntamente con el gobierno de Macri han tomado la decisión de que haya una ley para la industria naval. Y la que impulsan favorece a los que se vinieron llevando en pala cinco, seis y hasta siete mil millones de dólares, y que se la sigan llevando.
“Los muertos siempre los ponemos nosotros”
En el ARS estamos con dos construcciones: la 79 y la 80, que son buques para Venezuela, el Eva Perón y el Juana Azurduy. El Eva Perón ya está botado, es decir en el agua, y según los ingenieros se podría entregar a fines del 2017. El Juana Azurduy tiene un tiempo bastante largo hasta que sea tirado al agua. Hay una serie de proyectos que dependen de que la provincia ponga plata para salir de garantía de los constructores. Esto se ha hecho en una mínima parte, por lo que una vez que se terminen estos dos buques el futuro es incierto. Durante el kirchnerismo, con su doble discurso, nos dijeron que teníamos trabajo para 25 años… eso fueron sólo promesas.
Además, veníamos denunciando cuestiones de falta de seguridad. En febrero falleció un compañero aplastado por un ascensor. Esto se discutió en asambleas de sección, de las que salió que no había inversión en seguridad ni inversión tecnológica. Las maquinarias son de 1953, cuando se creó el ARS con Perón. En una asamblea general discutimos y planteamos que necesitamos alrededor de 50 millones de pesos para inversiones en seguridad. Aparecieron 20 millones, que fueron un paliativo. Hace poco en otra sección se electrocutó un perro, y podría haber sido cualquier trabajador que pasara por ahí.
Hace tres semanas hicimos una marcha a pie desde el Astillero hasta la gobernación en La Plata, y conseguimos que se comprometan a poner 30 millones de pesos más. Así se completaría una inversión inicial. El tema es que con esta política, como fue con el kirchnerismo y ahora más, el ajuste los lleva a poner la menor cantidad de plata posible. El personal de conducción del ARS sacó un volante diciendo que el Astillero necesitaba para su funcionamiento normal 210 millones de pesos el año que viene, y el gobierno de la provincia hasta ahora sólo aprobó 40 millones. Siguen ajustando y pagamos los trabajadores. Por ejemplo, para una compra normal de botines, cascos y ropa de trabajo se necesitan entre cuatro y cinco millones de pesos. Yo fui a buscar botines el otro día, porque los tengo rotos, y no hay. Los compañeros, para que el ARS salga adelante siguen haciendo concesiones, pero el problema, como hemos dicho todo el año, es que los muertos siempre los ponemos nosotros.
