Uno de los principales instrumentos implementados en ese sentido, fue la utilización del Código Contravencional como marco de legitimación de la represión de los movimientos populares y la lucha social.
Uno de los principales instrumentos implementados en ese sentido, fue la utilización del Código Contravencional como marco de legitimación de la represión de los movimientos populares y la lucha social.
Sabemos que Milagro Sala, dirigente de la Tupac, ex-diputada provincial del FUYO y actual diputada electa del Parlasur por el FPV, jugó un papel político activo que sostuvo en lo esencial, y a pesar de su aparente disputa, la hegemonía del proyecto político del kirchnerismo en la provincia, proyecto que representó los intereses de un nuevo sector de la burguesía intermediaria de la Argentina, sosteniendo políticas que eran posibles por el momento favorable de la economía argentina y apropiándose de históricas banderas de nuestro pueblo. En el periodo que ellos denominaron “década ganada”, los trabajadores con su lucha lograron recuperar capacidad adquisitiva de los salarios, que la devaluación del año 2002 los había “hachado” de manera brutal. El kirchnerismo no tocó la dependencia de Argentina respecto del imperialismo y decidió una “alianza estratégica integral” con el imperialismo chino, no derogó las leyes mineras del menemismo, ni la estructura latifundista del campo y fortaleció la concentración de la producción y la riqueza, dejando en su retirada 12 millones de pobres y un alto endeudamiento interno vaciando la ANSES, el PAMI y el Banco Central (Situación que actualmente Macri agravó en términos superlativos).
Milagro Sala le disputó al peronismo local de Fellner, Jenefes y Rivarola, el control de espacios económicos que desde siempre estuvieron reservados para otras clases sociales, como es la construcción de viviendas sociales y la infraestructura, para lo cual usó métodos patoteriles y violentos, cooptando para sus filas a corruptos que venían de otras organizaciones sociales y personajes vinculados a negocios de la droga y la trata de personas. Este proceder provocó en una gran parte del pueblo jujeño un amplio rechazo que se expresó en las últimas elecciones y en la opinión generalizada de que actualmente debe seguir presa.
Las clases dominantes de Jujuy trabajaron y trabajan permanentemente el odio de clases, el racismo y el terror que despertó la Tupac con su accionar para luego descargar sobre los movimientos sociales la responsabilidad de la situación que vivió y actualmente vive nuestra provincia, escondiendo de esta manera las verdaderas causas del atraso y la dependencia de nuestra economía, que no son otras que el predominio del latifundio terrateniente y el capital monopólico imperialista que controla el 80 % de la producción. De estas causas estructurales derivan la situación social de miles de jujeños en condiciones de pobreza e indigencia y la falta de generación de trabajo genuino.
Milagro, con su defensa del proyecto Kirchnerista, nunca puso el blanco en los terratenientes, el imperialismo, la megaminería y los negocios de corrupción que se hacen desde el Estado, porque con su pertenencia al kirchnerismo logró un importante desarrollo de su fuerza. No luchó por la defensa de la educación pública y la salud muy maltrechas en la provincia, empujando una salida sectorial creando sus propias escuelas y su obra social.
La dirigencia de la Tupac se corrompió, Milagro degeneró como dirigente social, traicionó y desprestigió al movimiento de desocupados y a la clase social que decía representar, combatió y dividió a los movimientos sociales y sindicales opositores al kirchnerismo. Fomentó que dirigentes de la Red se transformaran en empresarios y llevó a miles de jujeños que creyeron en ella a una gran frustración, lo cual fue hábilmente aprovechado por el radicalismo y sus aliados.
Creada esta división, que hoy es alimentada por el gobierno de Morales, éste se asoció a los mismos personajes que antes trabajaban con ella y cooptó a varios dirigentes de la “red de organizaciones sociales” como Cayo y Bejarano, con el mismo estilo kirchnerista que dice combatir, manteniendo presa a Milagro y dejando en libertad a los intendentes, funcionarios y empresarios que fueron parte de la fiesta de la corrupción del Gobierno de los Kirchner y Fellner.
Gerardo Morales, al manifestar “no voy a liberar a esta mujer”, pone en evidencia su concepción feudal del poder, siendo su gobierno una expresión directa del grupo Ledesma de Carlos Pedro Blaquier, que encabeza el sector de clases dominantes jujeñas, junto a las mineras y terratenientes. Es evidente que Morales tiene un acuerdo con los sectores hegemónicos de la provincia y otros políticos que la gobernaron anteriormente y que también son corruptos, para que Milagro Sala sea la única detenida: ¿por qué no están presos los principales responsables políticos? ¿por qué no están presos también los implicados en la megacausa de corrupción por la construcción de la ruta 9, que nosotros denunciamos en su momento como “la ruta más cara del mundo”? ¿por qué se actúa judicialmente contra sólo un sector? ¿Acaso dirigentes políticos históricos como Fellner o el radical "Chuli" Jorge no son aún más capaces de "obstruir la justicia" y desaparecer pruebas de los ministerios que Milagro Sala, como ya lo denuncian algunos letrados que investigan esas causas?
Es evidente la decisión política de que sea Milagro la única presa, y este caso deja claro que Fellner y Morales siempre fueron “enemigos íntimos”: socios que se protegen revelando un pacto de impunidad que responde al poder real en la provincia, Ledesma SAII.
Después de oscuros cambios en el poder judicial, Morales logró su control a fin de proteger a estos dos sectores, dos gerentes aparentemente diferentes, pero que siempre gobernaron, y gobiernan, para garantizar las ganancias y riquezas de sus respectivos sectores, siempre a costa de la explotación y el ajuste de nuestro pueblo.
El uso político del caso Sala no busca, como principal objetivo, terminar con la corrupción en la provincia, sino por el contrario, desprestigiar al conjunto de las organizaciones sociales que no se les subordinan políticamente, y con esto preparan el terreno para castigar a los que luchen contra el ajuste de Macri-Morales. La finalidad del gobierno es la de ganar apoyo popular para poder aplicar el Código Contravencional represivo a los que ejerzan su legítimo derecho constitucional de protesta, mientras logra que no se hable de otros temas, de importancia esencial para nuestro pueblo, como ser la triplicación de la planta de funcionarios, con salarios altísimos, en un año de gobierno; que no se debatan los cientos de despidos y las promesas incumplidas de campaña; que no nos indignemos por los recortes de presupuesto en educación y en asistencia social; que nadie cuestione la paralización de las obras y la enorme deuda que tiene el gobierno con las cooperativas; que no se cuestione en profundidad la matriz productiva de la provincia o su regresiva estructura impositiva; o la inoperancia de la mayoría de los órganos de gobierno que no dan respuestas a las verdaderas necesidades de nuestro pueblo.
Quienes integramos el Partido Comunista Revolucionario (PCR) tenemos claro que “la corrupción” es inherente al sistema capitalista y que es promovida constantemente por las clases dominantes y los propios políticos del sistema, quienes la impulsan desde arriba hacia abajo, y sólo será superada por una verdadera Revolución de Liberación Nacional y Social en la Argentina y en Jujuy, que destruya este Estado y lo reemplace por otro.
Sin embargo, lejos de naturalizar la corrupción, impulsamos en todas las organizaciones que integramos, una política de lucha y combate cotidiano contra ella, porque sabemos que nuestra única defensa verdadera contra la corrupción es no abandonar el clasismo, basado en el control de cuentas claras, vigilancia constante y renovación de los cargos, que deben ejercer las masas con sus representantes o dirigentes.
Así mismo, reafirmamos que estamos en contra de la criminalización de la protesta social, que tiene continuidad en las leyes que implementaron los últimos gobiernos, como la ley fascista “antiterrorista” que hizo aprobar CFK, la implementación del “Protocolo antipiquetes” de Macri, y la aplicación del nuevo código Contravencional, y repudiamos la persecución de los verdaderos luchadores populares y los intentos del gobierno de Morales de disciplinar a las organizaciones de trabajadores y los movimientos sociales.
En este marco, afirmamos:
- La detención de Milagro Sala es una decisión política arbitraria de Gerardo Morales y la justicia jujeña, y es parte de su estrategia de gobierno que busca desprestigiar y disciplinar a todas las organizaciones sociales de la provincia.
- Exigimos que se investigue y se condene por igual a todos aquellos que se enriquecieron y se siguen enriqueciendo a costa de las necesidades de nuestro pueblo, sean del color político que sean, comenzando por aquellos de mayor responsabilidad política.
¡Basta de políticas en beneficio de sectores financieros, monopólicos y de terratenientes!
¡Unidad popular para enfrentar el ajuste de Macri y Morales!
¡Viva la lucha por la liberación nacional y social de nuestro pueblo!
Partido Comunista Revolucionario y Partido del Trabajo y del Pueblo de Jujuy
