La semana pasada dimos cuenta de la sanción del decreto 70/2017 del 30 de enero, que modifica la Ley de Migraciones, y que es un nuevo paso en la xenofobia que está avanzando en los últimos meses, impulsada por el gobierno de Macri, y acompañada por varios personajes de partidos opositores, periodistas, etc.
La semana pasada dimos cuenta de la sanción del decreto 70/2017 del 30 de enero, que modifica la Ley de Migraciones, y que es un nuevo paso en la xenofobia que está avanzando en los últimos meses, impulsada por el gobierno de Macri, y acompañada por varios personajes de partidos opositores, periodistas, etc.
Hay una larga historia de cómo las clases dominantes en nuestro país buscaron perseguir a los inmigrantes, particularmente a los trabajadores que se organizaron para defender sus derechos. Producto de ello se crearon dos leyes tristemente famosas: la Ley de Residencia (Ley 4144) sancionada en 1902 por el Congreso durante la segunda presidencia de Julio Argentino Roca –no por casualidad impulsor también del genocidio de originarios– y, pocos años después, en 1910, la “Ley de Defensa Social”.
En su mensaje de apertura del año parlamentario en 1903, Roca se congratulaba de la Ley de Residencia “que permite al Poder Ejecutivo excluir del territorio nacional a los extranjeros que sólo traen a él propósitos de perturbación o conmoción social y los de contribuir a ninguno de los fines de la comunidad civilizada”. La Ley de Residencia recién fue derogada en 1958 durante la presidencia de Arturo Frondizi, quien ese mismo año impuso el Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado), por el cual se otorgó a las Fuerzas Armadas amplios poderes represivos. Mauricio Macri, como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vetó en 2007 una ley que disponía indemnizar a las víctimas del Plan Conintes.
No es un detalle menor recordar que, tanto en 1902 con la Ley de Residencia, como en 1958 con el Plan Conintes, pocos días después el Poder Ejecutivo sancionó en el primer caso el “estado de sitio”, y en el caso de Frondizi decretó la “emergencia grave”, intentando legalizar furiosas represiones contra los sectores populares.
El decreto 70/2017
A este decreto “de necesidad y urgencia” que puentea al Congreso donde el macrismo es minoritario, se llegó tras una campaña de varios meses, que pretende igualar extranjero con delincuente. En esta campaña podemos enumerar los dichos del senador del Frente para la Victoria Miguel Ángel Pichetto, como ese que “siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Perú”.
Recuerda la periodista María Inés Pacecca en una nota de la revista digital Anfibia que es parte de esta campaña “el acondicionamiento de un centro de detención para migrantes, informes acerca de estudiantes latinoamericanos en la UBA, preocupación por el uso de los hospitales públicos, alarma en relación a la seguridad de las fronteras, propuestas de pago de ‘peajes’ para ingresar al país, propuestas de restricciones en el acceso a ciertos servicios, agite de cifras engañosas respecto a la población encarcelada [según las cifras del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena –SNEEP– en 2015 las personas extranjeras –procesadas y condenadas– en todas las cárceles del país eran 4.449 sobre un total de 71.464 detenidas; es decir: 6% de extranjeros, 94% de argentinos”].
El decreto macrista permite la prohibición del ingreso, y acelera la deportación de los extranjeros considerados delincuentes, incluso los procesados sin sentencia firme hasta en casos que tienen penas menores a dos años, por lo tanto excarcelables. Enumera una cantidad de delitos “comunes” tipificados ya en las leyes argentinas, y los diferencia de los de “narcotráfico”.
Este decreto sólo servirá para perseguir a los hermanos latinoamericanos que vienen a nuestra tierra corridos por el hambre, y que en la mayoría de los casos son superexplotados, abusando de la precariedad de su situación legal. Los talleres textiles clandestinos, la venta ambulante, el trabajo en las zonas hortícolas, están plagados de ejemplos de esto. Si agregamos que para la “justicia” argentina miles y miles viven “ilegalmente” ocupando tierras fiscales o desocupadas, ya sabemos cómo va a terminar aplicándose este decreto. Recordemos simplemente la ocupación del Indoamericano en la Capital Federal, donde muchísimos de los ocupantes eran inmigrantes.
Sobre el supuesto uso de este Decreto en la persecución del narcotráfico, permítannos dudar de este argumento. Nada indica que haya cambiado la complicidad mafiosa entre gobierno, justicia y policía para proteger a los grandes narcotraficantes que, como recuerda el diputado del Frente Social y Popular de Santa Fe Carlos del Frade hizo que: “Según las Naciones Unidas, la Argentina se convirtió en el segundo exportador de drogas sintéticas de América hacia Europa. Primero está Brasil. Para las estadísticas del gobierno nacional, sin embargo, en 2015 hubo 21.749 pastillas de éxtasis incautadas en el país y uno solo, sí, uno solo, en la provincia de Santa Fe”.
Otra cuestión planteada por la periodista Pacecca se refiere a que el decreto en cuestión permite, en los casos de delitos graves (violación, asesinato), la deportación “antes de que la sentencia esté firme”, lo que implica que esta persona quedará en libertad en su país de origen, ya que no hay confirmación de la sentencia.
Todo esto ya ha despertado la indignación en distintos sectores populares. Se han manifestado agrupaciones de inmigrantes en varias ciudades, y hasta el gobierno boliviano ha resuelto enviar una comisión oficial a nuestro país a constatar la situación de sus connacionales. Esto fue tras los dichos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien vinculó el crecimiento del narcotráfico a la presencia de “paraguayos, peruanos y bolivianos” en Argentina.
Tenía razón el periódico anarquista La Protesta, cuando el 14 de marzo de 1903 advertía: “la ley es una buena espada para el que tenga la empuñadura en la mano”.
