El país está mal y las barriadas populares están peor. El aumento de la indigencia y la pobreza, del hambre y la desigualdad, del desempleo y la precarización laboral, de la represión y la xenofobia, del saqueo y la destrucción del ambiente, ha puesto al país en un verdadero estado de Emergencia Social, emergencia reconocida por el propio Estado a partir de la sanción de la Ley 27.234 el 10 de diciembre de 2016, tardíamente reglamentada el 10 de marzo del corriente. Esta situación catastrófica es consecuencia de estructuras socioeconómicas que pone al Dinero por encima del ser humano y la naturaleza, sistema que se ha hecho global, pero que en Argentina se ha profundizado en sus efectos a partir de la aplicación de políticas de corte neoliberal, de dependencia y entrega nacional, por parte del actual gobierno que resultaron en una fuerte caída de la actividad industrial y la construcción, un aumento sideral de la deuda externa y la concentración de la riqueza, una fuerte transferencia de ingresos de los pobres hacia los ricos, y una creciente permisividad del Estado frente a la acción desbastadora de los capitales extractivos sobre la Madre Tierra.
La resistencia de las organizaciones populares y sindicales ante este estado de cosas es hostigada mediante distintas maniobras persecutorias como la judicialización de la lucha social, las operaciones de prensa, la difamación contra nuestros dirigentes, la demonización mediática de nuestras organizaciones, la represión policial, las amenazas anónimas y el accionar de bandas parapoliciales. Los casos de Emilio Pérsico y Lito Borello perseguidos por ejercer su libertad de expresión o el derecho a la protesta, de Juan Carlos Alderete amenazado por la campaña “Ni un pibe menos”, de Darío Iki Julián y César Menéndez asesinados por bandas narco-policiales, de la Comunidad Cushamen (Chubut) y Leones de Tintina en Santiago del Estero, sometidos a una violencia constante, las torturas de los jóvenes militantes de La Garganta Poderosa y la ilegal detención de Milagro Sala, los atentados y saqueos en locales de la CCC en Salta y Rosario, son casos emblemáticos que se suman a la persecución cotidiana que viven miles de trabajadores migrantes, vendedores ambulantes, feriantes, carreros, obreros de empresas recuperadas y otros trabajadores pobres en todo el país. También los trabajadores y dirigentes del sector formal están siendo hostigados como demuestran las amenazas contra el compañero Roberto Baradel y la represión en AGR-Clarín. Repudiamos todas estas formas de persecución contra los pobres y sus organizaciones que se vienen agudizando, y obtienen el respaldo de altos funcionarios del gobierno nacional. Reafirmamos que nunca vamos a abandonar la calle como territorio de lucha por la justicia social ni el espacio público como recurso laboral de los excluidos.
Nosotros, los descamisados y descamisadas del presente, pudimos hacer visible la economía popular para luego obtener una ley que no sólo implica paliativos urgentes frente a la miseria que aumenta cada día sino que permite avanzar en el reconocimiento de derechos y el mejoramiento de nuestras condiciones laborales. Lo hicimos en las calles con las multitudinarias movilizaciones de San Cayetano (7 de agosto) y la marcha realizada junto a la CGT por la sanción de la Ley de Emergencia Social (18 de noviembre). Debido a la inexplicable demora en su implementación, volvimos a las calles el 15 de marzo para exigir que el ejecutivo cumpla lo que por unanimidad sancionó el parlamento nacional. Lo hicimos con una extraordinaria jornada de protesta en más de 300 puntos del país, con ollas populares que por su masividad causaron algunos inconvenientes en el tránsito. Pese a las declaraciones provocadoras de la ministra Bullrich y la represión en la subida del Puente Pueyrredón, la jornada se desarrolló de manera pacífica y contundente.
Hoy sábado 25 de marzo realizamos una reunión federal de delegados convocada por el triunvirato de organizaciones de la economía popular (CTEP-CCC-Barrios de Pie) con participación del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) para analizar la situación general del país, realizar un balance del Plan de Lucha y debatir los detalles de la propuesta de implementación que finalmente el Ejecutivo Nacional presentó este jueves 23 de marzo.
En esta instancia se resolvió:
1. Mantener el estado de alerta y movilización en espera del cumplimento de los compromisos asumidos por el poder ejecutivo nacional.
2. Adherir y acompañar la movilización convocada por las CTA el día 30 de marzo del corriente, en el marco de la movilización de los docentes llamada por CTERA.
3. Adherir y acompañar el paro nacional convocado por la CGT y la CTA realizando asambleas en los barrios y unidades productivas para debatir la situación actual de los trabajadores y los avances en la implementación de la ley de emergencia social, con ollas y actos como es nuestra forma de lucha.
4. Llamar a un acto unitario junto a las centrales sindicales para la primera semana de mayo con todos los sectores que sea posible unir, con el objeto de reafirmar la unidad de los trabajadores y debatir un programa socio económico vertebrado en el derecho a la tierra, el techo y el trabajo para todos.
CTEP – CCC – BARRIOS DE PIE
