¿Qué son los Centros de Primera Infancia?
Los CPI son una versión precarizada de jardín maternal. Si bien dan respuesta, en parte, a una importante cantidad de niños que no consiguen vacante en el sistema público, no dejan de ser un parche, no muy bien puesto, a esta problemática.
¿Qué son los Centros de Primera Infancia?
Los CPI son una versión precarizada de jardín maternal. Si bien dan respuesta, en parte, a una importante cantidad de niños que no consiguen vacante en el sistema público, no dejan de ser un parche, no muy bien puesto, a esta problemática.
¿Por qué la CCC toma en sus manos los CPI?
Entendemos los CPI como la respuesta precaria a las necesidades en los barrios pobres donde se necesitan urgentemente jardines. En muchos de estos barrios, principalmente las mujeres se organizaron contra el hambre. En ellas la preocupación por las necesidades desatendidas de la primera infancia está presente desde hace años y fue poniendo sobre la mesa la urgencia de este tema. Se fue uniendo en los hechos con el reclamo docente falta de vacantes. Desde la CCC de CABA se vienen organizando CPI junto a esas madres, siendo ellas las primeras en exigir que sus hijos reciban la misma educación que cualquier otro niño, y que para ello se necesita que los CPI cuenten con los mismos recursos que los jardines maternales.
La falta de vacantes en la CABA
La inscripción on line al sistema educativo impuestas por el macrismo hace unos años evidenciaron lo que veníamos denunciando hace tiempo: la falta de jardines, sobre todo maternales, en la Ciudad de Buenos Aires. Este es uno de los reclamos centrales del gremio docente en su conjunto y distintos agrupamientos de padres.
El tema tiene un recorrido que conviene repasar para entender la apertura de los CPI. Algunos de ellos son los siguientes: producto de las luchas docentes, en el año 2006 se inició un amparo colectivo contra el gobierno de la Ciudad. Luego de obtener sentencias a favor, en 2011 las partes llegaron a un acuerdo por el cual el Estado se comprometió con un plan de obras para la creación de nuevas vacantes, presentar información sobre las ejecutadas y el listado actualizado de niños en lista de espera.
Pero los padres denuncian que el gobierno incumplió con todo: se niega a brindar información y no realiza las obras. Además, en la primaria y media tampoco están cubiertas las vacantes.
Entre otras cosas, esto desnuda la hipocresía de los medios de comunicación cuando se muestran preocupados por la pérdida de días de clase. Lo que les preocupa es la lucha docente, no los niños. Porque son cientos los niños de todos los niveles que no empiezan las clases porque no tienen vacante, y de esto no se habla.
En los niveles históricamente obligatorios, esto se va resolviendo a cuentagotas reubicando a los chicos en escuelas lejanas. Pero en el caso de nivel inicial se quedan directamente sin ir al jardín, aun en las salas de 4 años que ya es “obligatoria”.
Desde hace unos años, el macrismo tomó el tema desde su lógica, la de entender al sistema público como “en lo que se cae”, e impulsó con bastante ofensiva en la CABA pero ahora también nacionalmente, una cantidad importante de CPI. Centros que también se venían impulsando, con diferentes denominaciones pero la misma lógica, en distintas provincias con el gobierno anterior.
A pesar de la apertura de decenas de CPI, el hecho de que el gobierno se niegue a dar información, además de mostrar su soberbia habitual, nos indica que la cobertura de vacantes no está saldada. Según cifras de agosto de 2016, la lista de espera en el nivel inicial fue de 6178 niños.
Algunas cuestiones a analizar en torno a los CPI
La relación de los CPI con el Estado es la siguiente: el Ministerio de Desarrollo Social arma convenios con asociaciones civiles, cooperativas o fundaciones a quienes subsidia económicamente para que sean las encargadas de administrar enteramente cada CPI: organizar y contratar gente para todas las tareas, comprar materiales, insumos, pagar servicios, alquilar el edificio, mantenerlo, etc. La partida presupuestaria que envían está en relación con la cantidad de niños inscriptos. Es decir, a mayor cantidad de niños, mayor presupuesto.
¿Calidad o cantidad?
La cuenta de lo que se subsidia por niño es bastante menor que lo que se calcula en el presupuesto educativo si a este también se lo divide por cantidad de niños. De acuerdo a diversos estudios, según los presupuestos de ambos ministerios en 2016, esta cuenta da aproximadamente un 40% menos en Desarrollo Social que en Educación. Es decir, al Estado le salen mucho más baratos los niños de los CPI que los que han podido entrar a un jardín típico.
Si de la cantidad de niños depende el dinero que ingrese a cada asociación para todos los gastos, ese número pasa a ser la clave. ¿Quien desvaloriza la calidad educativa con esta trampa? ¿Los docentes o al Ministerio de Desarrollo Social?
Y si tenemos en cuenta las condiciones de trabajo de los docentes y cómo estas influyen en la calidad educativa, se plantea un nuevo problema.
Los docentes, como ya se señaló, no tienen relación laboral con el Ministerio de Desarrollo Social sino con la asociación civil que las contrate. Es decir, cada asociación organiza el CPI cumpliendo algunas exigencias y criterios bajados por el Ministerio.
Por ejemplo, al abrir un Centro nuevo, exigen que haya un docente recibido a cargo de cada sala y un Equipo Técnico-Interdisciplinario. Pero no se vuelven a controlar esos títulos posteriormente. Tampoco obligan ni garantizan económicamente a las asociaciones para que puedan cumplir con los sueldos acordados en paritarias docentes y demás trabajadores como los auxiliares de limpieza.
Las consecuencias de este mecanismo de tercerización con las asociaciones civiles son varias
No hay dos CPI que paguen el mismo sueldo ante la misma tarea.
La falta de creación de jardines permite que sólo haya trabajo en los CPI, lo cual obliga a las maestras del nivel inicial a aceptar cualquier condición a riesgo de quedarse sin trabajo.
La gran mayoría de los trabajadores no está en relación de dependencia, son monotributistas.
No tienen reconocido ningún derecho adquirido en el Estatuto del Docente como el de antigüedad, licencias, derecho a ascensos, etc.
En síntesis, estamos hablando del salario a la baja como producto de la desocupación en el sector y desde ya de la precarización total de los trabajadores de la educación.
Otra consecuencia es que muchos CPI tienen una permanente rotación de maestras, no cumplen con la exigencia de contar con docentes recibidos ni con la cantidad de adultos necesaria por sala. Este fenómeno es bastante grave, ya que con estos mecanismos que el Estado impone, el rol docente se desdibuja, y empieza a correr la idea de que a los niños los puede atender cualquier persona predispuesta. Para mayor claridad, las leyes nacionales que sustentan la creación de los centros ni siquiera los caracterizan como centros educativos, ni explicitan la necesidad de que exista un rol docente dentro de ellos. Los presenta como centros infantiles en los que se promueve el cuidado, la estimulación y la nutrición. Parece ser que en estos temas, hay más acuerdos que grietas entre el kirchnerismo y Cambiemos.
Dar batalla a la tercerización y precarización docente y laboral en todos los ámbitos.
Los que tomamos en nuestras manos los CPI, lo hacemos jerarquizando el rol docente, respetando los derechos básicos adquiridos, rindiendo cuentas de los fondos recibidos, poniendo en discusión cada dificultad y, conscientes del techo que nos imponen, hacemos siempre responsable al Estado.
Nos oponemos a estas políticas que avanzaron a partir de la Ley Federal de los 90, se profundizaron con los K a través de la legalización de escuelas públicas de gestión estatal o privada incluyendo escuelas de gestión social, y continúan con Macri, con la tercerización a asociaciones civiles y subsidios baratos. Así, históricamente fue como segmentaron lo universal del sistema público, donde todo niño, sea del sector social que sea, contaba con aquello de “escuela laica, gratuita y obligatoria”. Y hacen pie en las políticas “focalizadas”, para lo cual subsidian holgadamente a escuelas privadas para niños del sector que puede pagar, desconocen la Paritaria Nacional Docente y estigmatizan la escuela pública, y precarizan a fondo las migajas que quedan para los pobres.
Somos conscientes de lo difícil que resulta torcer este rumbo. Pero el “vientito” que trajo la extraordinaria lucha docente nos dispone a organizar y unir a los trabajadores de los diferentes CPI para que reconozcan su rol educativo, lo jerarquicen y empiecen a exigir al Estado que deje de descargar todo sobre sus hombros, y que se haga cargo de las vacantes que faltan en el nivel Inicial, garantizando los derechos de los niños y de los trabajadores de la educación.
