Esta semana el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Alberto Padoán, quien dirige la entidad que nuclea los intereses de la agroindustria y centralmente de las exportadoras sojeras, dijo que “Santa Fe está a la cabeza de la industria del juicio a nivel nacional” y reclamó la adhesión de la provincia a la ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) que el gobierno sancionó en enero de este año y apunta a dificultar la llegada de los reclamos laborales a juicio (www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/ 158154/20170123).
El empresario de Vicentin, quien también fue elegido este año vicepresidente de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), aseguró que “todas las entidades que tienen que ver con la producción estamos en contra de la industria del juicio”, agregó que “le hemos pedido insistentemente al gobierno de la provincia, al Ejecutivo y a los legisladores la adhesión a la nueva ley de ART ¿por qué no hacerlo? Sería sacarnos competitividad a todos los sectores productivos. Yo creo que (desde el gobierno santafesino) están estudiando el tema. Córdoba con algunas salvedades la ha aprobado y en Buenos Aire tiene sanción en Cámara de Diputados. En la medida que busquemos ser competitivos a nivel nacional con el resto de las provincias, tenemos que apurarnos”, agregó.
Lo que no dice Padoan, uno de los hombres más influyentes de la provincia y con línea directa con Mauricio Macri y con el gobernador Miguel Lifschitz, es que el sector que representa (el de las grandes aceiteras y cerealeras exportadoras, en su mayoría multinacionales) es uno de los que más accidentes laborales tiene, y que mantiene mayor precariedad laboral con empresas tercerizadas y graves fallas de seguridad e higiene.
El sector agropecuario –que comprende agricultura, ganadería, forestación y pesca– está en el segundo lugar del ranking de siniestralidad laboral con 75,6 trabajadores accidentados o con enfermedades profesionales por cada 100.000 empleados cubiertos en 2015, según los últimos datos oficiales publicados por la Superintendencia de Seguros de la Nación (en primer lugar está la construcción con 106,6 mientras que el tercer puesto es para la industria manufacturera con 71,2).
Clausuraron seis complejos por fallas en la seguridad
Tal es así que esta semana el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe dio a conocer un informe en el que confirmó que seis de los trece complejos agroindustriales del río Paraná fueron clausurados preventivamente por fallas en las condiciones de seguridad y salud laboral.
El ministro de Trabajo provincial, Julio Genesini presentó los resultados de un operativo que derivó en las suspensiones de la mitad de los complejos que van desde Timbúes hasta Arroyo Seco. Entre febrero y mayo las empresas fueron evaluadas por varios factores, entre ellos los accidentes registrados. Tras las sanciones correspondientes, las suspensiones fueron levantadas.
Entre las irregularidades detectadas, mencionó situaciones de riesgo eléctrico, falta de elementos para el trabajo en altura, falta de protección en máquinas y equipos; entre otras.
Como consignan los medios locales los accidentes laborales se han cobrado la vida de decenas de trabajadores en el complejo portuario, principalmente jóvenes, subcontratados por empresas contratistas, con contratos temporales y precarios.
Según informa el portal Rosario Plus en base a informaciones sindicales, el 80% de los obreros fallecidos en los últimos tiempos en accidentes laborales eran operarios tercerizados, es decir contratados para llevar a cabo tareas específicas dentro de las terminales. La Federación de Aceiteros reclama desde el 2006 la eliminación del sistema de contratistas.
En mayo de 2013, Jesús López, de 59 años, oriundo de Timbúes, murió mientras descargaba cereal en la empresa Nidera de Puerto General San Martín. Estaba sobre una plataforma hidráulica cuando se le cayó un elemento al camión, salió al exterior para recogerlo, pero cayó en una fosa y fue arrastrado por el cereal.
Ernesto Montes, un mecánico de 37 años, salvó su vida de milagro en esa misma firma. Fue en julio 2014 cuando realizaba trabajos en la puerta de una celda elevadiza. Fue aplastado en ambas piernas por un enorme contrapeso que cayó de golpe sobre su cuerpo. Sufrió la quebradura de tibia y peroné de ambas piernas.
En mayo de ese año, Gastón Pergiaconi, de 36 años, murió en la zona de descarga de la Terminal 6, también en Puerto General San Martín. Trabajaba para el empresa Tork S.A y fue aplastado por un “volcable”, un elemento muy pesado que se utiliza para la carga de los camiones.
En 2015, también en Terminal 6, un empleado de la Cooperativa de Servicios Portuarios de Puerto San Martín murió después de sufrir un accidente cuando descargaba una barcaza en un muelle. El desprendimiento de una linga que amarraba el boque desencadenó una nueva tragedia. Su nombre no trascendió en los medios de comunicación.
El 14 de diciembre del año pasado Gustavo López, un joven de 19 años, murió aplastado por un alud de soja mientras limpiaba una celda de acopio de la empresa agroexportadora china Cofco, en Timbúes. En el accidente otros dos trabajadores de 35 y 21 años lograron salvarse, aunque sufrieron politraumatismos.
El 6 de febrero Lucas Coronel, de 21 años, falleció en un sanatorio de Rosario después de días de agonía por un accidente laboral. Días antes, el joven trabajador limpiaba el sector de manipuleo y secado de la cerealera Louis Dreyfus de General Lagos cuando cayó de cuatro metros de altura. Era empleado de la empresa contratista “Cooperativa Manos a la Obra Limitada” que realizaba tareas de limpieza en esa planta.
Bueno sería que Padoan explique casos como el de Ramiro Burgueño, joven de 23 años, que en 2007 a 2 meses de ingresar en la planta de la cerealera Vicentín, donde Padoan gerenciaba, ubicada en Ricardone, Santa Fe, lo mandaron a hacer trabajos de limpieza a una celda almacenadora de granos sin la seguridad necesaria y bajo la presión de perder su puesto y quedo atrapado por el cereal que lo mató por asfixia.
Las cerealeras y aceiteras tienen “dinero suficiente para hacer inversiones en higiene y seguridad industrial. No las hizo porque en Santa Fe las grandes empresas suelen tener impunidad. La provincia tiene el triste record de sufrir 96 accidentes laborales diarios y un trabajador muerto cada cuatro jornadas. Impunidad empresarial, trabajadores que buscan ganarse la vida y la pierden. Postales del presente santafesino”, reflexionó el diputado provincial Carlos Del Frade en torno a las siderales ganancias de estas empresas que además están exceptuadas del pago de algunos impuestos como es el caso de los Ingresos Brutos.
