En un operativo sacado de los viejos manuales de la provocación que manejan los servicios estatales de inteligencia y las fuerzas represivas, más de una hora después de terminado el acto en Plaza de Mayo se desataron “incidentes” en la zona, que culminaron en enfrentamientos con la policía de la ciudad, que aprovechó esto para hacer una razzia que terminó con 31 detenidos.
En un operativo sacado de los viejos manuales de la provocación que manejan los servicios estatales de inteligencia y las fuerzas represivas, más de una hora después de terminado el acto en Plaza de Mayo se desataron “incidentes” en la zona, que culminaron en enfrentamientos con la policía de la ciudad, que aprovechó esto para hacer una razzia que terminó con 31 detenidos.
La policía entró a bares y se llevó gente de ahí, como el caso del maestro José Morales. Agentes encapuchados esposaban y detenían impunemente en la calle a cualquiera, no se salvaron ni extranjeros que estaban en el lugar, ni periodistas de distintos medios. Tan burdo fue el operativo que a los pocos minutos el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Laretta, se congratuló de que las 30 personas “quedaran detenidas hasta el lunes”.
La rápida movilización de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas forzó a que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que levantó acusaciones de “intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad”, los indagara el domingo 3.
Durante todo el domingo los abogados de los organismos y numerosos sectores populares, entre ellos los de Liberpueblo, Correpi, Ceprodh, entre otros, se mantuvieron frente a los Tribunales reclamando la libertad de los compañeros, que se concretó en la madrugada del lunes.
Entre los que se encontraban afuera, los integrantes de la Multicolor de Almirante Brown, compañeros del docente José Morales, denunciaron su detención ilegal, y su preocupación porque no se le proveía de la medicación que necesita el compañero.
Los testimonios de los liberados confirman la brutalidad del operativo, las acusaciones fraguadas por parte de la policía, así como amenazas, intimidaciones y vejaciones a parte de los detenidos. Por eso, como nos decía Verónica Quinteros, abogada de Liberpueblo “Estamos exigiendo la absolución de los detenidos, porque exigir la aparición con vida de Maldonado no es delito”.
