Francisco Chaile, es cacique de la comunidad Quilmes, ubicada a 189 kilómetros de la capital tucumana. Y cuenta: “En la comunidad tenemos aproximadamente 3.600 habitantes. Tenemos cría de ganado caprino, ovejas, vacas, llamas, cultivamos la tierra, hacemos pastura. Algunas familias viven del nogal. Y en menor escala, agricultura, para la subsistencia: papa, pimiento.
Francisco Chaile, es cacique de la comunidad Quilmes, ubicada a 189 kilómetros de la capital tucumana. Y cuenta: “En la comunidad tenemos aproximadamente 3.600 habitantes. Tenemos cría de ganado caprino, ovejas, vacas, llamas, cultivamos la tierra, hacemos pastura. Algunas familias viven del nogal. Y en menor escala, agricultura, para la subsistencia: papa, pimiento.
“Tenemos una gran falta de agua en nuestra comunidad; es muy poca, hemos canalizado, hemos hecho algunos pozos pero igual no llega a ser suficiente.
“Actualmente tenemos el problema de la titularidad de la tierra que nosotros poseemos desde hace muchísimos años, de antes de que se armara el Estado nacional. Cuando se forma el Estado nosotros estábamos en nuestras tierras. Los señores feudales van y anotan la tierra, y después vinieron a someter a los pobladores, quienes tienen que empezar a pagar para vivir en esos lugares. Esa tierra se fue vendiendo de mano en mano, pero nunca se escrituró ni han pagado impuestos.
“En el año 2006, con la reforma provincial, se incorporó un artículo que contempla nuestros derechos. En 2012 se ha hecho el relevamiento territorial por la tierra que ocupamos, y nos han entregado la carpeta en 2014. Por eso es muy necesaria la prórroga de la ley, y la ley de propiedad comunitaria. Por eso estamos con la esperanza de que esto se haga realidad, de que contemos con una seguridad, una titularidad, porque vivir así, realmente con cada cambio de gobierno temblamos con la amenaza de desalojo.
“Ahora, el gobierno a esa gente que quiere nuestras tierras le ha dado muchas alas, y nos están amenazando con desalojarnos, y siempre las fuerzas de represión han estado en nuestra contra”.
Otro tema que cuestiona Chaile es la situación de la salud. “Los hospitales están bastante descuidados. En los CAP no atienden nacimientos, a las embarazadas las mandan a la ciudad de Tucumán, Salta o Catamarca”.
Chaile cuenta que han perdido el idioma nativo, pero que sin embargo en términos de educación están mejor, debido a que los hijos hoy pueden ir a un secundario en la zona o un terciario.
Para finalizar dice “Este encuentro nos tiene que ayudar a sumar más hermanos, a no bajar los brazos y seguir luchando por la continuidad de la ley 26.160”.
Rolando Frejenal, es cacique de la comunidad Solco Yampa, del pueblo diaguita de la provincia de Tucumán. Cuenta: “Soy representante en la mesa nacional, soy CPI. Como todas las comunidades indígenas tenemos problemas de territorio, por eso queremos la prorroga de la ley de tierras comunitarias. Porque ahora este gobierno va por la montaña, por el agua, y por eso Lanata y sus amigos montan esta campaña de desprestigio contra las comunidades. Nosotros somos descendientes de pueblos originarios y tenemos nuestros derechos.
“La comunidad Solco Yampa no somos muchos, algunos viven en el cerro, luego bajan para trabajar en el limón, el arándano y por la escuela. En la alta montaña vive la gente que cría los animales… cuando nosotros tengamos la parcela, que podamos generar nuestro sustento, allí vamos a ser autónomos. Si no, siempre vamos a depender del de afuera, del patrón.
“Nuestros hermanos si se van a otras provincias, van a las villas donde mendigan un trabajo, donde la pasan realmente mal… por eso decimos que el Estado nacional tiene deudas con los pueblos originarios.
“En las comunidades hemos tenido varios desalojos, la Justicia nos desconoce por completo”.
Ivana Morales, es miembro del Movimiento de naciones y pueblos originarios en lucha de Tucumán. Vive en la capital provincial y denuncia las violaciones de la Justicia contra las comunidades. “Los medios de comunicación hacen campaña contra nosotros, a pesar de que siempre hayamos habitado los territorios en los que vivimos… nos acusan de tomar territorio, de usurpar la tierra. Somos los auténticos habitantes pero cuando nace un niño en un territorio, no te lo reconocen, tenés que demostrar que nació en la capital de la provincia… Esa es una forma que tiene el gobierno de quitarnos nuestra identidad. Esto no es de ahora, viene ya del gobierno anterior.
“Nuestra Constitución Nacional tiene artículos que nos reconocen pero después los gobiernos nos desconocen todo.
“A nosotros con la ley de tierras nos garantizaban que nos iban a dar la titularización de territorios comunitarios, pero en nuestras comunidades no se han concretado, y tampoco se concluyó el relevamiento… solamente 1.500 comunidades tienen relevamiento en el territorio nacional. En nuestra provincia, alrededor de 16 comunidades diaguitas tienen personería jurídica, y el pueblo lule. Faltan un par de comunidades relevar pero aún así, desde el Poder J -udicial desconocen el relevamiento territorial. Nos arman causas: robo, violación de domicilio. Sin embargo, por nuestro hermano Javier Chocobar, por quien pedimos se eleve a juicio la causa, la Justicia mira para un costado… porque sus asesinos son amigos del gobierno.
“Nosotros sufrimos muchos desalojos a pesar de que la ley todavía se está implementando y no se pueden efectuar desalojos… o sea que el Poder Judicial viola la ley, y eso es un gran problema para nosotros. Porque vienen con una política extractivista, para destruir nuestros cerros y nuestro ecosistema. Además, algunas comunidades, al estar en una barriada, no se les da reconocimiento como comunidad indígena. Eso es un problema, porque si te reconoces originario, y no te quieren dar una personería jurídica porque no vivís en el territorio… es algo para revisar y analizar porque es de suma urgencia para las comunidades”.
