Sólo por el último, el 18 de septiembre, que se sintió con mayor intensidad en Ciudad de México y en los estados de México, Morelos, Puebla, Guerrero y Oaxaca, la cifra de muertos se acerca a 300, y a seis días del mismo todavía los desaparecidos se cuentan por decenas. El sismo anterior, del 8 de septiembre, afectó principalmente a Chiapas, y dejó cerca de 100 muertos.
Sólo por el último, el 18 de septiembre, que se sintió con mayor intensidad en Ciudad de México y en los estados de México, Morelos, Puebla, Guerrero y Oaxaca, la cifra de muertos se acerca a 300, y a seis días del mismo todavía los desaparecidos se cuentan por decenas. El sismo anterior, del 8 de septiembre, afectó principalmente a Chiapas, y dejó cerca de 100 muertos.
De inmediato, se desplegó una intensa solidaridad por parte de miles y miles de personas, lo que contrastó con la deficiencia en la asistencia a las víctimas por parte del Estado. Ni hablemos del morbo de los principales canales de televisión, que estuvieron 48 horas hablando de una supuesta niña de nombre Frida, viva bajo los escombros de una escuela en México DF. Luego se supo que dicha niña nunca existió.
Las imágenes muestran a miles de mujeres y hombres trabajando en la remoción de escombros, y proveyendo al personal de bomberos y defensa civil de cosas tan elementales como palas, baldes, sábanas, camillas, etc., que el Estado no proveyó.
La situación en las afueras del Distrito Federal, y en las poblaciones más pobres afectadas por el terremoto, es peor. Allí no sólo la ayuda estatal ha llegado en mínima cantidad, sino que varios voluntarios advierten por las redes sociales que el gobierno incauta las donaciones. Se pueden leer mensajes como el siguiente: “No le pongan cartulinas o alguna especie de letrero a sus vehículos que anuncie que llevan apoyo, porque el gobierno los está deteniendo y quedándose con las cosas”.
A medida que pasan los días crecen las denuncias de la creciente militarización de las zonas afectadas por el terremoto, en medio de una gigantesca hipocresía por parte del gobierno y los sectores políticos y empresarios al servicio de las clases dominantes.
Mientras decenas de miles de mexicanas y mexicanos brindan un ejemplo de solidaridad popular excepcional, escrachan a grandes cadenas de supermercados, como la norteamericana Wallmart, que aumentan los precios al tiempo que anuncian que donarán una parte de las ganancias a los damnificados. De la misma manera denuncian a funcionarios que aparecen con “donativos” y son sacados literalmente a patadas por indignados vecinos.
Un ejemplo de esto es lo que ocurre en el Estado de Morelos, donde ha llegado a los medios de comunicación la acusación de retención de la ayuda social destinada a los damnificados del sismo del 19 de septiembre. Y que en algunos municipios, como Tlaquiltenango, enfrentados con el gobernador de Morelos “ha acaparado toneladas de víveres y empezado a emplearlas con proselitismo político, para su reelección”.
Junto con esto, especialistas en construcción han recolectado pruebas estos últimos días demostrando que muchos de los edificios derrumbados de reciente construcción tenían serios defectos, particularmente la utilización de hierro de menor gramaje del necesario para sostener los edificios. Esto revela la miseria de la búsqueda de ganancias por parte de las grandes empresas constructoras, avaladas por gobiernos que, pese al devastador terremoto de 1985, no exigen ni controlan medidas antisísmicas para nuevas y viejas construcciones.
Desde la Argentina manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo mexicano, y llamamos a hacer efectiva la misma a través de las organizaciones populares, de nuestro país y del país hermano, que son las únicas confiables en que la ayuda llegará a destino.
