Aún en un país en el que conocemos desde hace mucho operaciones de “los servicios” que ante cada hecho que conmueve la vida política salen presurosos de sus oscuros escondites para proteger a los poderosos, asombran las infamias vertidas y reproducidas a partir de la desaparición forzada de Santiago Maldonado a manos de la Gendarmería.
Aún en un país en el que conocemos desde hace mucho operaciones de “los servicios” que ante cada hecho que conmueve la vida política salen presurosos de sus oscuros escondites para proteger a los poderosos, asombran las infamias vertidas y reproducidas a partir de la desaparición forzada de Santiago Maldonado a manos de la Gendarmería.
En los 78 días que pasaron desde el 1 de agosto hasta que apareció en el río Chubut el cuerpo de Santiago Maldonado, se contabilizaron 169 intentos de desviar la investigación. En la semana que pasó desde que el cuerpo fue hallado e identificado estas maniobras de encubrimiento se multiplicaron.
Vamos a tratar de repasar las principales maniobras surgidas de la misma usina que mandó la represión en el Pu Lof de Cushamen ese 1 de agosto: el gobierno de Mauricio Macri, a través de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, con la presencia de su jefe de gabinete Pablo Noceti dirigiendo el operativo, y con la absoluta complicidad del juez de Esquel Guido Otranto, quien autorizó el operativo represivo. Todo para cuidar los intereses de los grandes terratenientes, en este caso particular de los Benetton.
Ya a principios de año, en enero, la Gendarmería y la Infantería de Chubut habían reprimido a un grupo de pobladores de Pu Lof, quienes reclaman su derecho a asentarse en estas tierras, “propiedad” de los Benetton. Días antes de la represión del 1 de agosto, Noceti viajó a Esquel para coordinar los detalles del “operativo”. El jefe de Gabinete de Patricia Bullrich estuvo presente en el desalojo de la ruta, y en la posterior represión. Dijeron que “Estaba de paso y fue a saludar”.
A las pocas horas de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, la misma fue denunciada por pobladores mapuches testigos del hecho, y por organizaciones de derechos humanos. El gobierno nacional estuvo un mes negando la presencia de Maldonado en ese lugar, y montó decenas de operativos que los medios adictos reproducían. Que estaba en Chile, que fue levantado por una pareja en la ruta en Santa Cruz, que lo vieron en Entre Ríos, etc., etc.
El juez Otranto fue una pieza fundamental del encubrimiento: no sólo se tomó casi diez días para allanar los cuarteles de la Gendarmería, permitió que ocultaran pruebas, no citó a declarar de inmediato a los participantes del operativo, sino que dijo públicamente que no había “pruebas suficientes” de que Santiago Maldonado haya sido detenido por gendarmería. Luego, acorralado por la presión de la lucha popular, dijo en los medios que Maldonado se había ahogado, con lo que catapultó su recusación, la misma que se le había negado a la familia, que lo denunciaba por su hostilidad hacia Maldonado y los familiares. Otranto había allanado la vivienda de Santiago en El Bolsón, y se negaba sistemáticamente a recibir a los familiares.
Desde el gobierno nacional, a los pocos días del 1 de agosto, mientras Patricia Bullrich decía que no pensaba “tirar gendarmes por la ventana, Gerardo Milman, secretario de Seguridad Interior, ponía el blanco en los mapuches y en la familia de Maldonado porque “no colaboran con los peritajes”. La Gendarmería se tomó hasta el 18 de agosto para entregar la lista de los 130 gendarmes que estuvieron el 1 de agosto en Cushamen. Patricia Bullrich deschavó a Ariel Garzi, testigo “protegido” que contó que llamó al celular de Santiago al día siguiente de su desaparición y alguien atendió durante 22 segundos.
El gobierno ha mantenido desde el principio con tozudez que la Gendarmería es inocente, pese a que el comandante mayor Diego Conrado Héctor Balari dijo en una entrevista que siguieron “órdenes precisas” del Ministerio de Seguridad durante la represión del 1 de agosto. No contento con esto sembró dudas sobre el propio Maldonado, mantuvo una ríspida reunión con un sector de organismos de derechos humanos y al Encuentro Memoria Verdad y Justicia ni lo recibió.
A fines de agosto el gobierno, que insiste en negar la presencia de Maldonado en el lugar de la represión, infla la hipótesis de que Maldonado había sido herido en un enfrentamiento con un puestero de una estancia de los Benetton. Serviles y funcionales a los intereses de los poderosos, Jorge Lanata y varios “periodistas” del grupo Clarín son los principales promotores de que estamos “en guerra con los mapuches” y pretenden apuntalar la versión oficial.
La incesante lucha popular, con movilizaciones de decenas de miles en todo el país, fue desbaratando una a una las infamias. La familia aporta pruebas fotográficas de la presencia de Maldonado en la ruta. Más de un mes después se conocen fotos de Maldonado en el lugar tomadas por la gendarmería.
A comienzos de septiembre se derrumba la tesis del puestero, y el secretario de DDHH de la Nación, Claudio Avruj declara que la principal hipótesis apunta a Gendarmería. Corre presuroso Lanata y aclara: “será uno o unos gendarmes, no Gendarmería”.
Pese a que aparece un documento de Gendarmería donde se admite que el 31 de julio se reunieron el ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán y el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, para coordinar acciones policiales y judiciales, ni el anterior juez, ni el actual, llamaron a Noceti a declarar.
El 18 de septiembre, aún a cargo del caso, el juez Otranto ordena un megaoperativo en el Pu Lof, con 300 efectivos de distintas fuerzas de seguridad, al que no deja participar ni a la familia ni a su abogada. Varios de los mapuches, entre ellos el testigo que vio cuando Gendarmería levanta a Maldonado en una camioneta, fueron maniatados con precintos y mantenidos doce horas así.
Recusado Otranto, y con un nuevo juez en la causa, aparecen todos los días pruebas y audios de whatsapp de cómo fue el operativo y el rol de los gendarmes así como el papel de Noceti en el encubrimiento posterior al operativo.
En medio de todo esto, estuvieron las impresentables declaraciones de la candidata a diputada Elisa Carrió, y el 17 de octubre apareció el cuerpo en el Río Chubut.
Desde el momento que apareció el cuerpo de Santiago en el Río Chubut, y su posterior identificación 48 horas después, las usinas de los servicios del gobierno sus escribas adictos están vomitando una porquería por minuto para tratar de seguir encubriendo la responsabilidad de la Gendarmería en su desaparición forzada, y despegar al gobierno de Macri y a los Benetton de este crimen que conmueve a los argentinos.
