En esta columna de divulgación histórica, vemos necesario difundir el Art. 40 de la Constitución del año 1949. En un país oprimido y dependiente esta norma, de claro contenido nacional y de resistencia a la entrega de nuestros recursos naturales, resulta conveniente estudiarla. Más todavía en el actual momento histórico, en que modificaciones en las exportaciones, vienen acentuando una entrega de los minerales y del petróleo, mientras continua la dependencia del conjunto de la sociedad y la extranjerización constante de la tierra.
El Art. 40 no figuraba con este texto en el anteproyecto de reforma. Su redacción definitiva se exteriorizó tres días antes de que se votara y ello solo da una idea de los profundos intereses que tocaba, y de la disputa que existía en torno a este tema.
Dice el Art. 40 de la Constitución, que rigió durante cinco años: “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y las demás fuentes naturales de energía con excepción de los vegetales son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación con la conveniente participación en su producto, que se convendrá con las provincias.
“Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación”.
Este es el corazón de la reforma de 1949, visto desde la óptica de un país oprimido y dependiente. Su dictado tiene una explicación política en un cambio de hegemonía en un momento histórico concreto, y su derogación mediante un decreto de un gobierno surgido de un golpe de Estado, el 27 de abril de 1956, también tiene una explicación desde la misma óptica.
Para derogarla, los golpistas construyeron un relato… Toda la Constitución de l949 tenía un solo objetivo: la reelección del Gral. Perón. A pesar de la derogación golpista de la Constitución, las empresas estatales de servicios públicos duraron cuarenta años más. En esas décadas las fueron destruyendo mediante corrupción y sabotaje, hasta su privatización.
