En Colombia, desde la última semana de octubre, se están movilizando miles de indígenas bloqueando carreteras y marchando en varias ciudades. Reclaman el cese de la violencia contra las comunidades, y que se cumpla el “capítulo étnico” de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno de Colombia y las FARC.
En Colombia, desde la última semana de octubre, se están movilizando miles de indígenas bloqueando carreteras y marchando en varias ciudades. Reclaman el cese de la violencia contra las comunidades, y que se cumpla el “capítulo étnico” de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno de Colombia y las FARC.
Los líderes de la “Minga por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Paz y el Cumplimiento de los Acuerdos” denuncian que a partir de la desmovilización de las FARC, se ha abierto una gran disputa por los territorios ocupados por la guerrilla, en la que intervienen terratenientes, sectores vinculados al narcotráfico, empresas petroleras y mineras, y otros, intentando desplazar a las comunidades originarias residentes en esas zonas.
La Minga por la Vida se está sintiendo con fuerza en las regiones de Cauca, Huila, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Tolima, Risaralda, Caldas, Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Meta y Vichada, entre otros.
En un comunicado, los organizadores afirman que “vemos con tristeza y preocupación que a pesar de los acuerdos de paz y el cese al fuego, la violencia no para. A los indígenas, campesinos, afros, y demás líderes populares nos siguen matando y la impunidad crece”. Agregan que esto es una “estrategia sistemática de exterminio basada en intereses socioeconómicos sobre nuestros territorios, en una lucha de poder por el control territorial y la apropiación de los recursos naturales y economías ilícitas como el narcotráfico, la minería legal e ilegal, la deforestación, el ecoturismo, la exploración y explotación de los recursos etc.”.
Las comunidades le hacen una fuerte crítica al presidente Juan Manuel Santos: “El Nobel le incumple a los colombianos, le incumple a la Paz, le incumple a la Comunidad Internacional y a todos los que le apostamos a la construcción y cultivar de una paz territorial, estable y duradera”.
Y agrega el documento de la Minga: “Denunciamos la incoherencia del Gobierno que afirma ante la comunidad internacional que los recursos naturales son una riqueza. Cuando en realidad utiliza este discurso como anzuelo para captar recursos económicos que son feriados con las instituciones que han sido corruptas, que se han dedicado a comercializar con nuestros recursos. Siendo las autoridades tradicionales y nuestras comunidades tradicionales los guardianes naturales de los bosques, de los yacimientos de agua y la biodiversidad; el Gobierno se ha negado expedir el Decreto que reconoce a nuestras Autoridades Indígenas competencias ambientales”.
Un estudio de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) reveló que 25 líderes y autoridades tradicionales indígenas y 24 miembros de juntas de acción comunal fueron asesinados en Colombia en 2016 y el primer semestre de 2017. Este es uno de los reclamos centrales, junto al incumplimiento de varios acuerdos realizados entre el Estado y los pueblos originarios en los últimos años.
En los bloqueos en las rutas ha habido varios enfrentamientos con fuerzas represivas. Incluso en algunos lugares fueron “retenidos” efectivos policiales en distintos hechos, que llegaron a sumar 17 en un momento.
Los 86 pueblos indígenas, que hablan 65 lenguas vienen denunciando que son particularmente vulnerables en sus territorios, que son ricos en recursos naturales (biocombustibles, petróleo, madera), ubicados en lugares próximos a las fronteras o propicios para el cultivo de la coca.
