La Asamblea Constituyente boliviana, trasladada a Oruro, aprobó artículo por artículo la nueva Constitución Política del Estado. Aunque la oposición oligárquica volvió a sabotear la sesión para deslegitimar el congreso y la Constitución acorde a sus objetivos golpistas, la votación contó con la presencia de alrededor de dos tercios de los diputados y la participación de delegados de los nueve departamentos bolivianos y de la mayoría de las fuerzas parlamentarias.
Mientras las fotos mostraron votando y celebrando a cientos de delegados indígenas y de diversos sectores populares, en la trastienda política reverberaban los preparativos de las fuerzas fascistas para una nueva espiral de su ofensiva golpista.
El nuevo texto constitucional rediseña la organización territorial del país en departamentos, provincias, y municipios indígenas (todo ellos de igual jerarquía), y define a Bolivia como un Estado unitario, plurinacional, autonómico y descentralizado, consagrando así el mandato del referéndum autonómico de 2006. El Estado boliviano se funda ahora “en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”. El régimen económico condiciona la propiedad privada —tanto individual como cooperativa— a su “función social”, y autoriza la expropiación por razones de utilidad pública. Establece la propiedad inalienable del Estado sobre los hidrocarburos. Se da rango constitucional al bono escolar y a la pensión universal para ancianos (recientemente otorgada por el gobierno de Evo sobre la base de un impuesto a las provincias petroleras). También se incorpora el referéndum revocatorio para el presidente y los gobernadores, y la reelección presidencial por un solo período.
El 24 de noviembre, el texto constitucional había sido aprobado en general, pero en un colegio militar donde los asambleístas tuvieron que refugiarse por las agresiones que los grupos de choque oligárquicos y proimperialistas promovieron en Sucre, la sede original. Instalada allí el 16 de agosto de 2006, la Constitución debía promulgarse en un año, pero los sucesivos boicots y la brutal campaña fascista de los partidos, “comités cívicos” y organizaciones paramilitares de la “oposición” obligaron a correr el plazo para el 14 de diciembre.
Nueva fase de confrontación
La aprobación parcial de la nueva Constitución atizará la pugna alrededor de los temas de fondo que oponen al gobierno reformista de Evo Morales y los sectores populares de un lado, con las fuerzas representativas de los intereses terratenientes y petroleros de los departamentos del oriente.
Quedan aún pendientes de resolución artículos y pasos esenciales, como los referidos a la definición del latifundio y la convocatoria ya lanzada a referéndum revocatorio de los mandatos de Evo y de los 9 gobernadores (votación popular para decidir su continuidad o no en los cargos).
Las cúpulas fascistas de la oposición (y en primer lugar el partido Podemos que boicoteó la Asamblea) se preparan a convertir cada una de esas instancias en un campo de batalla. Vociferan sobre “ilegalidad” y “atropellos” y ya han convocado a la “desobediencia civil”: se agrava el embate de las fuerzas fascistas y golpistas para deslegitimar la Constitución respaldada por las grandes mayorías, dividir y aplastar las aspiraciones populares y las medidas reformistas del gobierno, ahondar las contradicciones regionales con vistas a la partición del país, y coronar su ofensiva volteando a Evo.
Confiando en su dominio de los medios de comunicación y en sus múltiples recursos económicos y políticos para moldear la “opinión pública”, los prefectos (gobernadores) de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba recogieron el desafío de Evo de someter el mandato presidencial y el de los gobiernos departamentales a referéndum revocatorio.
Apenas unas horas antes, cuatro de esos prefectos habían viajado a Washington para presentar ante la OEA y la ONU denuncias contra el gobierno (y, desde luego, para recibir apoyo y “consejos” del Departamento de Estado yanqui para su ofensiva golpista).
Los fascistas del equipo Bush intervinieron a cuatro manos en el proceso del reciente referéndum de reforma constitucional venezolano, y lo hacen igualmente en el del Ecuador. La obtención de inmunidad (es decir, de impunidad) para las tropas yanquis en el Paraguay es una advertencia sobre la posible utilización de bases militares paraguayas próximas a la frontera en apoyo a las provincias bolivianas secesionistas contra el gobierno boliviano.
En la nueva fase de confrontación social y política, se redobla la necesidad de solidaridad y alerta de los pueblos de América Latina con el hermano pueblo de Bolivia.
