El acuerdo entre PAMI y los laboratorios farmacéuticos –en la palabra oficial– consiste en un descuento del 5% para medicamentos ambulatorios sobre el precio vigente a febrero de 2018, y un descuento del 60% para los medicamentos oncológicos que compra PAMI, sobre el precio vigente a enero de 2018. Además, los medicamentos no podrán aumentar más de un 70% del valor de la inflación. El acuerdo incluye la licitación por parte de PAMI de medicamentos especiales, con ahorros significativos, y la firma de un convenio con Farmalink, la empresa intermediaria que gestiona el convenio.
Pareciera que el gobierno que recortó las jubilaciones, ahora decide golpear a los laboratorios farmacéuticos y favorecer a los jubilados. ¿Será así?
Cuestionamientos y sospechas
Para el jubilado se reduce a un descuento del 5% respecto a los precios anteriores. Si se une a esto que hay medicamentos que no se cubren o sólo son cubiertos en un porcentual (40% o 60%) y que se intenta reducir la cobertura del 100%, el beneficio es pobre.
Los futuros aumentos inferiores a la inflación se harán sobre los precios de febrero de 2018. Pero, entre enero de 2016 y enero de 2018, los medicamentos aumentaron un 124%, muy por encima de la inflación. Con este colchón inflacionario, los laboratorios están cubiertos. Además, acá y en el resto del mundo, los costos de fabricación de los medicamentos son infinitamente inferiores a los precios de venta. Tal vez cien veces inferiores.
Respecto a Farmalink, la empresa que gestiona el convenio y que debiera controlar a los laboratorios, está integrada por ellos. Los controlados se controlan.
En el 2015, el 71% de los productos vendidos se fabricaban en el país y, con tendencia creciente, el 29% eran importados. Lo importante del medicamento es su principio activo que en su mayoría se importa y la industria farmacéutica argentina es muy dependiente de ellos. En cifras, en 2015, se exportó en medicamentos e insumos, por unos mil millones de dólares, pero se importó por casi 2.500 millones. El 80% de las importaciones son de los laboratorios extranjeros pero los nacionales aumentaron sus importaciones de insumos, entre 2005 y 2015, de 96 millones de dólares a 460 millones. Todo aumento en las ventas implica un drenaje de dólares en importaciones. Es la dependencia.
PAMI es el principal comprador de medicamentos: 2.000 millones de dólares/año; un 40% del mercado total. Y llama la atención la diferencia de comportamiento entre Caeme (que representa a filiales de laboratorios extranjeros y que se apresuró a refrendar el acuerdo) y Cilfa (que representaría a los nacionales y que lo resistió mientras pudo). Esta caracterización de las cámaras es discutible, y es necesario desnudar lo que realmente está en juego: una disputa de mercado escondida en supuestos beneficios a los jubilados.
En un país oprimido como el nuestro, la burguesía se divide en dos por su actitud ante el imperialismo: la intermediaria y la nacional. Los imperialistas tienen un soporte en la burguesía intermediaria. Este término no se refiere a una mera relación comercial y/o financiera de capitalistas nativos con monopolios extranjeros. Sino que da cuenta de sectores burgueses que se entregan y subordinan en política al imperialismo y cuyo desarrollo –y hasta su propia existencia– en la producción y/o comercialización depende de los monopolios de tal o cual potencia imperialista, convirtiéndose en apéndices de ella. Franco Macri o Techint son una muestra. Las contradicciones interimperialistas se reflejan en distintas actitudes de las fracciones de la burguesía intermediaria según la potencia a la que están vinculadas ¿Hay algo parecido en la industria farmacéutica y este convenio?
¿Son burguesía nacional todos los “nacionales”?
La empresa ELEA, caracterizada como nacional, es controlada por el Grupo Chemo de Hugo Sigman y Silvia Gold (junto a Luis Alberto Gold y la familia Sielecki). Romikin es la oficina comercial de Chemo en Argentina. Chemo tiene base en Barcelona y posee industrias químicas de principios activos en Italia, en España y hasta en China (Gold Pharma) y la India. También fabrica productos terminados en España. Además, tiene una alianza estratégica con Bagó en la empresa de productos veterinarios Biogénesis (uno de los principales proveedores de la vacuna contra la fiebre aftosa en la región, y en países como Taiwán y los Estados Unidos). Biogénesis es propiedad de Hugo Sigman, Luis Alberto Gold, Diego Alberto Zito, Alejandro Marcelo Zito, Paula Marcela Zito y los hermanos Juan Carlos y Sebastián Bagó.
El Grupo Bagó-Montpelier (considerado nacional) cuenta con patente para fabricar en Rusia, abrió recientemente una planta farmacéutica en Pakistán y está negociando producir vacunas contra la aftosa y medicamentos oncológicos en Asia, África y Europa del Este. Roemmers ha sido vinculada a capitales alemanes. Tiene filiales en distintos países de Latinoamérica y, según Clarín del 20 de septiembre de 2010, tiene acuerdos con distintas “multinacionales”.
Lo anterior sugiere una hipótesis. La de que el mercado farmacéutico argentino es dominado por filiales abiertas o encubiertas de monopolios imperialistas y sectores de burguesía intermediaria de distintas potencias, en lucha feroz por el predominio. Las empresas verdaderamente nacionales son mayoritarias en número, pero minoritarias en el control del mercado farmacéutico.
La producción pública de medicamentos
Si al gobierno le preocupan los altos costos de los medicamentos debería activar la producción estatal de los mismos, retomando el camino de Ramón Carrillo. Las leyes 26.688 y 27.113 fueron hechas “letra muerta” por gobiernos anteriores y por éste en particular, que desarticuló la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos.
La política de medicamentos necesaria, tiene cuatro condiciones: fabricación estatal, con desconocimiento de toda patente extranjera, impulsando la política del medicamento genérico. Defensa de la verdadera industria nacional. Control de calidad estricto con fortalecimiento de los organismos de control y precios máximos.
Causas y objetivos de la disputa
Más allá de lo publicado oficialmente parece que asistimos a una disputa por el control del mercado. Hay unas 250 empresas de medicamentos de las cuales unas 20 controlan el 80% de las ventas. Entre ellas hay monopolios extranjeros y empresas de burguesía intermediaria. Se dice que el gobierno tiene la intención de abrir la importación de medicamentos terminados. Esto favorecería a Caeme, pero parte de Cilfa no le haría asco a la cuestión. Grupos como Chemo o Bagó pueden intermediar para la entrada de medicamentos de potencias a las que se los vincula. Esto sería coherente con las guerras comerciales que hay en el mundo.
Por otra parte, se sostiene que sectores vinculados al ministro Quintana quieren entrar en el negocio de las licitaciones que hoy se ve obstruido porque los acuerdos se tejen directamente con las cámaras mencionadas.
Escribe Santiago Pacheco
Hoy N° 1713 18/04/2018
