Reproducimos comunicado de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, La Plata
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en La Plata, repudiamos los dichos de la Doctora Adelaida Soria, quien nuevamente se pronunció desde su cuenta personal de Facebook en contra de los derechos sexuales y (no) reproductivos de las mujeres y las personas con capacidad gestante, con frases que adjuntamos en este comunicado.
Esta no es la primera vez que la doctora Soria se pronuncia y actúa en detrimento de nuestros derechos. Desde hace tiempo que la misma ha generado un clima de hostilidad dentro del Hospital, sobre todo en el servicio que encabeza, respecto a las consultas y emergencias por situaciones de aborto. Esto se expresó de la manera más cruda durante la realización de una interrupción legal del embarazo en el 2015, cuando la mencionada instigó a la paciente a continuar con su embarazo en reiteradas ocasiones, y la torturó psicológicamente haciendo escuchar los latidos cardíacos del feto, además de retrasar permanentemente la realización de la intervención (aquí el comunicado realizado en ese momento: (http://www.anred.org/?p=40541).
Es por eso que exigimos al Director del Hospital Alberto Urban, al Ministerio de Salud de la Provincia y en particular al Ministro Andrés Scarsi, que tomen medidas urgentes al respecto. La doctora Soria demuestra permanentemente un alto grado de violencia de género, institucional y obstétrica, expresadas sobre todo en lo que corresponde a la realización de interrupciones legales del embarazo, algo inaceptable para una funcionaria pública de su nivel.
También entendemos que este tipo de posiciones conservadoras reflejan la situación general del HIGA San Martín, donde en el área de ginecología la posición respecto a los derechos de las personas con capacidad gestante se condice con la de la moral cristiana y no con el paradigma de salud integral, violentando laboralmente y limitando las atribuciones de la consejería que varias compañeras intentan impulsar a pesar de las trabas de la Jefa de Sala.
No podemos permitir que profesionales de la salud sigan inclumpliendo con sus responsabilidades e intercedan en el cumplimiento de los derechos de la mujeres y personas gestantes, reproduciendo e imponiendo lógicas de pensamiento machistas y misóginas a lo largo de las instituciones que deben estar brindando un servicio de salud pública. Estas acciones violan el marco jurídico y legal que nos envuelve actualmente, tanto a los protocolos de atención como a los pactos de Derechos Humanos a los que adherimos como nación. Incluso incumple lo ordenado por el fallo “F.A.L s/Medida Autosatisfactiva” sancionado por la Corte Suprema de Justicia y base de todos los protocolos de atención de ANP/ILE que se impulsaron en el territorio.
En tiempos de discusión sobre la ampliación de nuestros derechos sexuales y (no) reproductivos, luego de la masiva convocatoria que hemos tenido bajo la consigna ‘’Aborto Legal para no morir’’ y de la media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, nos parece más que oportuno que el Estado se pronuncie al respecto. Así como el Gobierno Provincial de La Rioja apartó de su cargo al anestesista Facundo Segovia Barcena por amenazar con realizar abortos sin anestesia en caso de que se apruebe la Ley, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, quien dio vuelta la cara respecto a esta situación durante años, debe tomar cartas en el asunto, asumiendo que la situación actual que se vive en el HIGA San Martín es aún más grave debido a que se trata de una Jefa de Servicio, una persona con peso e influencias respecto al accionar médico, y sobre todo entendiendo que en la Provincia de Buenos Aires se regulan estas situaciones bajo el Protocolo de atención integral de Aborto No Punible (http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/tocoginecologia/2017/08/07/protocolo-de-atencion-integral-de-los-abortos-no-punibles/), lo que requiere que haya profesionales capacitados en la atención de los mismos en todas las instituciones de salud pública.
También exigimos al Programa de Salud Sexual y Reproductiva que contemple la formación de profesionales que vulneran derechos. Es responsabilidad política del Ministerio y de lxs directores de hospitales que lxs profesionales estén formados y capacitados con perspectiva de género y sean garantes de derechos humanos. Sin estas condiciones no deberían formar parte de los concursos de Jefatura.
No queremos que haya ni una persona más que siga impulsando violentamente el incumplimiento de nuestros derechos y la misoginia institucional. Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto – Regional La Plata seguimos exigiendo:
¡EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR!
¡ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR!
¡ABORTO LEGAL PARA NO MORIR!
