Reproducimos comunicado de Liberpueblo
Basta de ajuste y represión de Macri-FMI
FFAA en tareas de seguridad interna: militarización al servicio del ajuste
El Presidente Macri anunció el lanzamiento de una “nueva política de defensa” que viene a “actualizar la doctrina” a fin de que las Fuerzas Armadas puedan “colaborar con la seguridad interior” en el combate a las “nuevas amenazas internas”.
Terminada la dictadura militar genocida se constituyó un consenso social y político muy básico: las Fuerzas Armadas no volverían involucrarse en la seguridad interior, siendo su misión la defensa de la soberanía nacional frente a “agresiones de origen externo”.
Este consenso se materializó en tres leyes, dictadas en distintos momentos de nuestra historia: las leyes de Defensa Nacional (1988), de Seguridad Interior (1991) y de Inteligencia Nacional (2001).
La decisión se instrumentó a través del decreto 683/2018 que cambia tres ejes del sistema de defensa nacional:
1) Declara que las agresiones de origen externo “no solo son de carácter estatal, sino que en ocasiones se manifiestan de otras formas que, sin dejar de tener su origen exterior, se desarrollan en nuestro territorio y/o tienen efectos en él”. Esta definición de agresión de origen externo viola la Carta de Naciones Unidas (resolución 3314 de la Asamblea General y resolución 6 de enmienda del Estatuto de Roma de la Corte Internacional de Justicia).
2) A tal efecto se prevé tomar las previsiones estratégicas, de organización, de equipamiento, doctrina y adiestramiento de las fuerzas armadas para la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las fuerzas de seguridad.
3) Se prevé que efectivos de las fuerzas armadas custodien “objetivos estratégicos” sin definir a que se refiere.
El decreto 683/2018 se caracteriza por la vaguedad y oscuridad de sus términos dejando en manos del Presidente de la Nación la definición de esas “agresiones externas”, el alcance de la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interior, o que es un “objetivo estratégico”. Nada está definido claramente.
La primer consecuencia de la decisión presidencial ha sido enviar 5000 soldados a la frontera norte para cumplir tareas de seguridad y liberar 5000 efectivos de Gendarmería y Prefectura que serán enviados a las grandes ciudades.
Esta decisión es una medida antinacional, antipopular y antidemocrática.
Antinacional porque es un paso más en la destrucción del sistema de defensa nacional. Convierte a las Fuerzas Armadas en policías militares cuando nuestro país tiene parte de territorio nacional ocupado por Gran Bretaña, tiene disputas respecto de la soberanía de territorios en la Antártida y necesita una política de defensa nacional que garantice su soberanía, independencia e integridad territorial.
Antipopular porque generará un mayor nivel de violencia social en la represión política y social afectando gravemente la base de todo sistema democrático: la participación popular.
Antidemocrática porque se toman decisiones importantes y que afectan al conjunto de la sociedad sin discusión ni participación del pueblo.
La política de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna no generó mayor seguridad, produjeron mayor violencia y agravaron los problemas que debían resolver. En México, Colombia y Brasil donde se aplicaron estas políticas aumentó la represión al movimiento social, se incrementó la violencia social, se produjeron miles de muertes y desapariciones, se corrompieron las fuerzas armadas y se convirtieron en un actor político interno que condiciona al poder civil.
Las Fuerzas Armadas fueron el instrumento represivo utilizado por todas las dictaduras militares y por distintos gobiernos constitucionales (Patagonia rebelde, la Semana Trágica, el Plan CONINTES) contra los trabajadores organizados y el pueblo.
Su intervención en seguridad interna se da en un marco más que preocupante: vigencia de la ley antiterrorista, negacionismo del genocidio dictatorial, intervención y persecución a sindicatos, aumento de la criminalización y represión de la protesta social, campaña contra los pueblos originarios a quienes se demoniza como enemigos de la Nación, impunidad de los responsables de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel a manos de fuerzas federales, por mencionar solo parte del contexto actual.
La decisión de Macri es consistente con su política antinacional, antipopular y antidemocrática en beneficio de los grandes grupos económicos y del capital financiero, sometido a los dictados del FMI, que lleva adelante una política de entrega de las riquezas nacionales y de un brutal ajuste sobre los trabajadores y el pueblo.
El pueblo no debe quedarse callado ante esta situación que pone en peligro sus derechos y conquistas más importantes.
Así como derrotamos el nefasto 2×1 a los genocidas debemos trabajar en la más amplia unidad para derrotar esta política y lograr la derogación o nulidad del decreto 683/2018.
Por eso convocamos a todos a manifestarnos el jueves 26/07 a partir de las 15.30 en la Plaza de Mayo para decir:
NO A LOS MILITARES EN LAS CALLES
BASTA DE AJUSTE Y REPRESIÓN DE MACRI-FMI
Liberpueblo, 24/07/2018
