A partir de los atroces dichos del Dr. Albino durante el debate de la ley por la legalización del aborto, se conoció que desde hace años el gobierno transfiere cuantiosos y crecientes recursos públicos a la fundación privada Conin que preside este personaje. Este año, incluso, la Agencia de Administración de Bienes del Estado resolvió cederle el uso de un predio de 6.000 metros cuadrados en Hurlingham en el cual llevaba tareas el cura abusador Grassi con su Fundación Felices los Niños.
La “obra” de Albino, se inició en Mendoza en los años ‘90 y, gracias a las enormes transferencias de fondos del Estado, se fue expandiendo a varias provincias y a otros países como Paraguay, Perú, México y Gambia. Pero el caso de la fundación Conin es sólo la punta de una gigantesca madeja de traspaso de recursos públicos a entidades privadas: un aspecto poco conocido de los destinos del “gasto público”.
En un escrito presentado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la Cámara de Diputados, en el mes de mayo pasado, el Gobierno informó que este año la partida “Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro” del Presupuesto Nacional prevé un monto de $7.531 millones de pesos, que los ministerios repartirán para atender distintas fundaciones y asociaciones civiles, sin criterios preestablecidos de asignación.
Al ser interpelado en el Congreso, Peña admitió que no hay un mismo estándar para la contratación de ONG: “Los requisitos que deben cumplir las ONG para acceder a recursos públicos (así como la modalidad de rendición de gastos) varían en función del organismo financiador, del tipo de proyecto del que se trate y las actividades a desarrollar por estas asociaciones”.
Los organismos civiles que reciben recursos del Estado son de lo más diversos. El listado va desde el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), una de las ONG más importantes a nivel nacional, hasta instituciones religiosas como Cáritas, AMIA y la DAIA.
Entre los ministerios que reparten fondos a las ONG, se destacan el Ministerio de Producción, que tiene una de las partidas más altas en este rubro: $587,9 millones anuales, en su mayoría destinados a la Fundación Exportar, mientras que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia cuenta con $574 millones. Esta última no informa las ONG beneficiadas con recursos públicos. En muchos casos, se trata de organizaciones sociales que realizan tareas que el Estado abandonó. El gobierno “terceriza” sus responsabilidades y funciones como, por ejemplo, la educación de la primera infancia “vulnerable”. En lugar de fortalecer la educación pública, conforma un sistema educativo paralelo y precarizado a cargo de ONGs, sin supervisión pedagógica, donde el ajuste pasa por bajísimos salarios docentes y la promoción de trabajo “voluntario” y de “cuidadoras” no docentes.
Por otro lado, pero en la misma bolsa de organizaciones de la sociedad civil, se encuentran grandes asociaciones privadas de hasta tercer grado (fundaciones, federaciones, cámaras, etc.), que se vinculan con fundaciones internacionales, y que son manejadas por CEOS y ejecutivos como las grandes empresas y corporaciones. Por supuesto, éstas son las que reciben la mayor parte de los recursos públicos en forma directa o indirecta. Se sabe que muchos de los llamados ceos de esas fundaciones pasaron a cubrir puestos del gobierno de Macri. Así, las políticas públicas son definidas en esos ámbitos privados.
La fundación Exportar
La Fundación Exportar es una organización civil con participación del Estado nacional creada en los años ’90, hoy dependiente del Ministerio de Producción. A sus anteriores actividades de promoción de exportaciones, incorporó nuevas funciones de “facilitación” de inversiones especialmente extranjeras.
La Fundación puede abrir filiales en todo el país y, como una suerte de super ministerio paralelo, actuar como “ventanilla ante inversores extranjeros” y “colaborar con los inversores en la generación de contactos y reuniones con entidades del Gobierno, grupos económicos, empresarios, proveedores, instituciones financieras, centros de investigación y otros actores que faciliten el ingreso de la inversión extranjera a la Argentina” (Ver Resolución del Ministerio de la Producción. MP 83/16).
La Dirección Ejecutiva y la mayoría de los cargos del Consejo de Administración de la Fundación están ocupados por empresarios, si bien el presidente y los ministros de Relaciones Exteriores y de Producción la presiden en forma honoraria.
El Estado aporta el 99% del patrimonio inicial -un millón de pesos-, mientras que trece organizaciones privadas empresarias y exportadoras, las más importantes del país, aportan mil pesos cada una, menos del 0,1%.
Las grandes ONGs y empresas privadas reciben transferencias de recursos públicos por varias vías: la transferencia directa de la que hablamos antes, y la desgravación impositiva que se permite a las grandes empresas que hacen donaciones a las ONGs. Esto implica que dejan de pagar impuestos y desvían esos recursos para financiar a grandes fundaciones que, por otra parte, después los benefician.
Al no ingresar esos fondos en las arcas públicas, el peso mayor para sostener los servicios públicos como hospitales, escuelas, etc., recae en los que sí pagan impuestos, es decir el pueblo y los trabajadores. Así, resulta que el pueblo también financia a esos grandes que dejan de pagar.
Macri y su coro de gurús quieren hacernos creer que el problema de la inflación es el déficit fiscal y que la única solución pasa por ajustar el “gasto público”. Ocultan que gran parte del “gasto público” se compone de los pagos de intereses de la deuda, que se está multiplicando por la nefasta política de ajuste y entrega de este gobierno y el festival de bonos.
También, de esas transferencias directas e indirectas a ONGs y grandes empresas. Para el gobierno, el único camino es rebajar salarios estatales y jubilaciones, reducir asignaciones familiares o los presupuestos de salud, educación, vivienda o seguridad. Otra mentira que hay que desenmascarar.
Hoy N° 1735 19/09/2018
