En la medida en que se fueron desarrollando los distintos sindicatos y centrales obreras en nuestro país, avanzó un amplio debate sobre el papel del Estado en los conflictos entre obreros y patrones. Cada corriente política del movimiento obrero fue dando distintas respuestas, que fueron cambiando con el correr de los años.
En un principio, en el último cuarto del siglo 19, el Estado sólo aparecía en su faz represiva, con el accionar de la policía, las cárceles y los juicios a los sindicalistas.
Ya en el siglo 20, se dieron los primeros intentos de regulación, a través de leyes parlamentarias como la Ley Nacional del Trabajo que el Poder Ejecutivo, la segunda presidencia de Roca, pretendió hacer aprobar, y que fue rechazada tanto por los obreros como por las patronales. Dentro del Partido Socialista, se impuso el rechazo, con el argumento que “La pretendida conciliación entre la clase obrera y la capitalista… es una ilusión… pues mientras hayan clases cuyos intereses sean antagónicos, no puede haber paz. Esta reinará recién cuando haya sido derrocado el poder del capitalismo”. Esta postura le fue impuesta a los propios diputados del PS, que querían aprobar la ley, con modificaciones.
Los anarquistas, y al comienzo la corriente sindicalista, planteaban oposiciones “de principio” a la pretensión del Estado de regular, tanto las negociaciones salariales y de condiciones de trabajo, la necesidad de “legalizar” los gremios a través de obtener personerías jurídicas, o de una ley de jubilaciones con aportes tanto de los patrones como de los obreros.
Ya entrada la segunda década del siglo 20, en los gremios ferroviarios, particularmente entre los maquinistas de la Fraternidad, se dio un duro debate, ya que la dirección del gremio, sindicalistas pero con muy buena relación con el gobierno de Hipólito Yrigoyen, acordó sacar su personería jurídica, con el argumento de legalizar el manejo de sus fondos, y de “mejorar” la situación de sus afiliados. Desde el naciente Partido Comunista, le contestaron con una batería de argumentos. Entre ellos, uno de los “grandes viejos”, fundador de la corriente marxista de 1890, Carlos Mauli, escribía en el diario partidario que si bien la personería “institución genuinamente burguesa”, era buena para “colectividades con carácter de socorros mutuos”, era negativa para los gremios: “Sin personería jurídica, los gremios obreros tendrán toda su libertad de acción y controlar cada día la más creciente explotación capitalista” (La Internacional, 22/02/1922).
Hoy N° 1737 03/10/2018
