El programa económico de Martínez de Hoz, aplicado bajo la dictadura militar de Videla de 1976 a 1981, se propuso reinsertar a la Argentina en la división internacional del trabajo del sistema capitalista imperialista, sustentándose en su sector primario, reforzando el latifundio capitalista en el campo y profundizando la dependencia del país. Martínez de Hoz y su equipo consideraban a las inversiones extranjeras como un elemento esencial para reactivar la economía, y esperaban que los capitales imperialistas se radicaran en el sector agropecuario y en el sector petrolero y minero.
A principios de 1977, el rebrote de la inflación –tras algunos meses de significativa disminución de los índices– llevó al equipo económico a justificar la postergación de la anunciada reactivación de la economía, porque el control de la inflación estaba llevando más tiempo que el esperado. Tras el fracaso de algunas medidas del Estado para eliminar las presiones inflacionarias, el ministro retomó la ortodoxia liberal y avanzó en la eliminación de los controles de precios, no sólo de los bienes sino, también, del dinero.
Con el proclamado objetivo de atraer las inversiones, el equipo económico se propuso crear un mercado de capitales que resultara atractivo a los inversores extranjeros. El 1° de junio de 1977, Martínez de Hoz anunció una reforma financiera para liberalizar ese mercado. La nueva Ley de Entidades Financieras autorizaba “un mercado libre del dinero”, en el que las tasas de interés se definían a través de la oferta y la demanda; establecía la garantía de los depósitos a cargo del Banco Central y fomentaba los depósitos a interés. Además, creaba amplias facilidades para la instalación de nuevas entidades bancarias y financieras.
Hasta fines de 1977, la actividad económica fue impulsada por la expansión del sector agrícola, que dinamizó las producciones industriales estrechamente vinculadas, como tractores, maquinaria agrícola, fertilizantes, etc. Sin embargo, el equipo económico entendió que esta expansión por sí sola resultaba insuficiente para asegurar el crecimiento económico sostenido del país. La participación de los trabajadores en el ingreso nacional cayó del 35% al 30% del PBI.
Durante todo 1978, el equipo económico continuó tomando medidas que buscaban profundizar la liberalización del mercado financiero: redujo el plazo mínimo autorizando a las entidades financieras para tomar depósitos indexados (de 6 meses a 1 mes y luego de 30 días a 7 días) y permitió la entrada y salida de capitales extranjeros en un plazo mínimo de 24 horas. Mediante la Ley de Descentralización de los Depósitos se dio plena libertad a los bancos comerciales para disponer de los depósitos por su cuenta y orden. Antes, el Banco Central centralizaba esos depósitos; ahora, el financiamiento del Tesoro pasó a depender fundamentalmente del endeudamiento externo. Para neutralizar los efectos expansivos de la base monetaria en manos de los bancos, se estableció una tasa de encaje del 45% –que luego fue descendiendo– al mismo tiempo que se creó la Cuenta de Regulación Monetaria, mediante la cual el gobierno remuneraba los encajes. Un subsidio al sector financiero que se financió con una emisión monetaria estimada en $62.000 millones de entonces, el equivalente al 5% del PBI.
Con el sistema financiero liberado, en la segunda mitad de 1978 el equipo económico buscó crear las condiciones para que las tasas de interés subieran. A través de un conjunto de medidas, el gobier-no redujo la cantidad de dinero circulante y, al mismo tiempo, indujo a las empresas públicas a endeudarse con el sistema bancario y financiero. El aumento de la demanda de dinero originó el incremento de las tasas de interés que se aceleró rápidamente. Una vez impulsada la tendencia, el Banco Central comenzó a disminuir su regulación sobre el sector. El encarecimiento del dinero tuvo un efecto recesivo casi instantáneo. Las empresas que habían tomado créditos se encontraron con costos crecientes y reaccionaron liquidando sus stocks de mercaderías y, en muchos casos también, sus bienes de capital e instalaciones. Esta situación agravó la caída de la actividad industrial.
La Tablita cambiaria
El nuevo programa estaba basado en el supuesto de que una parte importante de aumento de los precios se debía a “factores psicológicos”. Para contrarrestarlos, propuso la información anticipada de porcentaje de devaluación y lo hizo fijando la variación de la pauta cambiaria, es decir, cuál sería la relación entre el peso y el dólar para cada día de los siguientes ocho meses, de enero a agosto de 1979. Esta vez, en lugar de establecerse como precio del dólar una suma fija, a lo largo de esos ocho meses cada dólar iba a costar una cantidad creciente de pesos. De este modo quedó establecido en un instrumento –que se conoció como “La Tablita”– cuál iba a ser, en ese lapso, el porcentaje de la devaluación de la moneda argentina. Sin embargo, en ese período la inflación aumentó mucho más que la devaluación programada, por el aumento de los costos que implicaban las elevadas tasas de interés.
La crisis financiera de 1980
Ya en 1978, el plan del ministro Martínez de Hoz dio indicios de ser un fracaso total: la inflación anual llegó al 160%, y el PBI descendió durante ese año cerca de un 3,2%. En 1979 la tasa de inflación llegó a 139,7, con una economía estancada. Para 1980 la producción industrial había reducido un 10 % su aporte al PBI, y en algunas ramas como la textil, la caída superó el 15%. Durante 1980 las exportaciones cayeron un 20% respecto del año anterior, las importaciones subieron un 30 %. En ese contexto se produjo el “crack bancario” de 1980, que puso fin a la etapa de la denominada “plata dulce”.
En marzo de 1980, el gobierno decidió cerrar el mayor de los bancos locales –el Banco de Intercambio Regional (BIR)– hecho que provocó una crisis financiera de alcances profundos. A los pocos días, dispuso el cierre de otros grandes bancos –como el Banco de Los Andes, el Banco Oddone y el Banco Internacional– y algunos menores durante los meses de abril y mayo, política de liquidación que continuó durante todo el año. Estas medidas provocaron un pánico generalizado entre los inversores y una ola de demanda especulativa de divisas. Frente al retiro de los depósitos de los bancos y de las entidades financieras y la salida del país de cuantiosas sumas, el equipo económico decidió restablecer la garantía oficial de la totalidad de los depósitos. Durante todo 1980, utilizó una gran parte de las reservas en devolver los depósitos garantizados a los clientes de las entidades quebradas o intervenidas y también adelantó fondos a las que entraban en crisis por los temores del público que retiraba sus ahorros. La creciente demanda de divisas y la fuga de capitales al exterior continuaron durante 1980 y se profundizaron a partir de febrero de 1981, cuando el equipo económico, finalmente, anunció una nueva devaluación. En tanto la deuda externa había crecido de U$S7.000 millones en 1975 a más de U$S40.000 millones.
En la denuncia presentada en 1982 por Alejandro Olmos el juez federal en lo criminal Jorge Ballestero dio por terminada en forma definitiva la causa penal el 13 de julio de 2000 sin que hubiera procesado alguno, aunque calificó de “ilegítima y fraudulenta” la deuda externa y dispuso enviar copia de su sentencia al Poder Ejecutivo.
Escribe Eugenio Gastiazoro
Hoy N° 1738 10/10/2018
