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14 de November de 2018

“Para un inmigrante irse de su lugar de origen es la injusticia más grande”

Unidad en la lucha contra la pobreza

Conversamos con Luciano “Tano” Nardulli, coordinador de la CCC de la Zona Sudoeste de la Capital Federal, y con las compañeras Lourdes Chávez y Lourdes Hidalgo, oriundas de Bolivia, sobre la ofensiva del gobierno contra los inmigrantes.

El Tano Nardulli comienza recordando: “Yo soy inmigrante, fui el último secretario general del Barrio de Inmigrantes en Retiro. Mi vieja se vino con sus cinco hijos en 1948. Mi viejo vino un año antes. Contaba que en el barco, veía la orilla alejarse y se llenaba de nostalgia, y me transmitió también que había que pelear contra la discriminación hacia los inmigrantes. Siempre los poderosos nos pusieron a los inmigrantes en el centro para enfrentar pobres contra pobres”, dice, y cuenta que están trabajando con la organización de derechos humanos Liberpueblo en instrumentos “que permitan defenderse a todos los compañeros que no son nativos de acá, frente a cualquier atropello”.

“Para un inmigrante, irse de su lugar de origen es la injusticia más grande, porque está el desarraigo, los afectos que uno deja, y tantas cosas”, sigue Nardulli. “Este gobierno, para que pueda pasar su política, los acuerdos con el FMI y con el G20 lo que quiere es desmovilizar al pueblo. Ahora tratan de meterle a los pobres de acá que el problema es la corriente inmigratoria de países americanos que le vienen a sacar el trabajo. Cuando lo que te saca el trabajo es la política de este gobierno”. Asegura el Tano: “Acá estamos en condiciones de tener trabajo para todos, y los que quieran venir. Porque los extranjeros que nos afectan son esos poderosos que vienen, ponen la plata una semana en la timba financiera y se la llevan, los monopolios, los terratenientes”.

Nardulli vincula esta ofensiva contra los compañeros migrantes con los intentos de desmovilizar al pueblo que enfrenta esta política, como se hizo evidente el 24 de octubre: “Porque en la medida que el pueblo se moviliza, puede parar o desacelerar la política del gobierno. El ejemplo fue cuando quisieron liberar genocidas con el 2×1, y eso se impidió con la gente en la calle. En la CCC, y en las otras organizaciones sociales, los pobres se organizan y no se les pregunta de qué país son, a la hora de pelear juntos. La Constitución nos avala. Como le dije al fiscal de la Ciudad de Buenos Aires en el juicio que nos hicieron a Diosnel Pérez y a mí por lo del Indoamericano, que decía ‘qué tienen que hacer esos bolivianos y paraguayos acá’, nosotros reivindicamos el preámbulo de la Constitución: ‘para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino’. Ese Preámbulo hoy tiene que ser una herramienta de todos los compañeros”.

“Como inmigrante se sufre”
La compañera Lourdes Hidalgo es boliviana, vino a la Argentina en el 2005, y es una de las sobrevivientes del incendio de un taller textil en el 2006, en el que fallecieron seis personas (ver recuadro). Lourdes nos dice: “Este gobierno está en contra de los inmigrantes. Nosotros no venimos a quitarle el trabajo a nadie. Como inmigrante se sufre, y se paga derecho de piso. En mi caso, yo vine sana de mi país, y en 2006 fui a un taller a trabajar, que se incendió el 30 de marzo de ese año, y murieron seis personas.

“El mismo gobierno se aprovecha muchas veces de que el inmigrante no puede sacar rápido los documentos, y los toma en negro en las obras de construcción. Esto pasa también en el rubro textil. Si mis manos hablaran… porque en esos talleres clandestinos yo cosí la marca Cheeky, de la familia de Juliana Awada, la esposa del presidente. En ese momento eso no lo sabía, sí que nos pedían “prolijidad” para esa ropa.

Y ahora, después de años de trabajar en talleres clandestinos, nos persiguen como delincuentes. Nosotros venimos a trabajar, buscando un sueño, porque si en la tierra donde nacimos íbamos a estar bien uno no tiene porqué salir.
“Yo hablo de la realidad que viví y que vivo. Quedé mal a causa de este incendio, con la salud quebrada, y con muertes que se podían evitar. La policía y los funcionarios del gobierno venían al lugar, y nunca hicieron nada con las condiciones en las que estábamos, cobraban su plata y callaban, son cómplices. Y después del incendio taparon todo. Siempre digo que quebraron mi salud, pero no mi fuerza de voluntad para seguir luchando”, asegura Hidalgo. Y comenta que desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le dicen que se vuelva a su país, a lo que contesta “¿cómo me puedo ir, si acá arruiné mi salud, y trabajé muchos años acá? Nosotros luchamos por una razón justa, y si nos sacan los colectivos, caminaremos. Porque el rico está más rico, y somos más los pobres, y más pobres. Tenemos que unificar nuestras luchas. Porque estamos todos ante un enemigo. No pelear divididos”.

Por su parte Lourdes Chávez, que llegó de La Paz, Bolivia, en el 2007, asegura que “nos sentimos perseguidos, porque no tenemos derechos a la protesta, ni a la salud. Hoy si vas al hospital tenés que comprarte los medicamentos, como me pasa a mí que tengo diabetes. Se vive con mucha preocupación entre mis paisanos. Nos atemorizan con que si salimos a protestar nos van a deportar. Pero yo leí el Preámbulo y sé que tengo los mismos derechos que un argentino nativo”.

Finalmente, Luciano Nardulli reflexiona: “Me parece que hay una bandera que tiene que unirnos a todos los trabajadores, que es la de la lucha contra la pobreza. No hay que darle tregua a los que gobiernan para sí mismos, dándole la espalda a las necesidades del pueblo, y haciéndose más ricos porque le quitan la posibilidad de vivir con cierta dignidad a los trabajadores y al pueblo”.


Un “Cromañon” textil

El 30 de marzo de 2006, “es una fecha que nos dejó con cicatrices que nunca van a sanar”, dice Lourdes Hidalgo. Nuestra entrevistada es sobreviviente del incendio de un taller textil “habilitado”, en Caballito, Ciudad de Buenos Aires. “Ahí murieron una mujer embarazada, un chico de 15 años y cuatro niños”, recuerda Lourdes, contando que “Éramos 65 personas en un galpón. 25 niños y 40 trabajadores”.

Doce años después, siguen peleando para mantener el juicio activo, donde los únicos presos son los capataces, porque los dueños apenas declararon como testigos. “Hasta el día de hoy siguen gozando de libertad y explotando obreros”, afirma Lourdes, contando con bronca cómo el Gobierno de la Ciudad, a los sobrevivientes “que quedamos en la calle”, sólo les dieron “200 pesos” para alquilar algo, sin preocuparse por sus viviendas,
ni por su salud o trabajo.


Corresponsal

Hoy N° 1743 14/11/2018