La conferencia de prensa, frente al Congreso Nacional comenzó con la lectura de un documento al que adhieren organismos de derechos humanos, secretarías de derechos humanos de organizaciones sindicales y sociales, partidos políticos, donde expresan “nuestro más enérgico rechazo frente a la escalada autoritaria y antidemocrática que lleva adelante el gobierno nacional de Macri, junto con su ministra Bullrich, con actuaciones y declaraciones al mejor estilo Bolsonaro. Sabemos que el ajuste pactado por el gobierno nacional con el FMI, es la causa para desatar la represión, por eso atacan libertades, derechos y garantías. Lo vimos el 24 de octubre en la zona del Congreso, como ya lo habíamos visto en las jornadas de diciembre del año pasado”, señala el documento, para luego reafirmar “nuestro derecho a reunirnos, manifestar y peticionar a las autoridades, consagrados por la Constitución Nacional”.
Luego de repudiar la campaña xenófoba por parte del gobierno nacional y el senador Picheto, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, se refirió a Patricia Bullrich “como provocadora, instigadora a la violencia. En la marcha del 24 empujaron a la gente a salir del Congreso para luego ir a cazar militantes en distintos lugares de la ciudad. Cuando venga el G20 estaremos en la calle, porque las calles son nuestras. Estaremos luchando y no vamos a bajar los brazos”, afirmó Cortiñas.
La reforma del Código Penal
Por su parte, Liberpueblo emitió un documento sobre la reforma del Código Penal que entre otras cosas plantea: “El proyecto que envió el Ejecutivo al Congreso Nacional tiene entre sus objetivos principales limitar la protesta social y perseguir a los inmigrantes.
“Mientras avanza el hambre y el desempleo y se recortan los presupuestos de educación, salud y servicios elementales, el gobierno criminaliza la protesta social y política, al mismo tiempo que avanza en culpabilizar a los inmigrantes de la situación. El Anteproyecto de reforma, endurece las penas y crea nuevos delitos dirigidos a perseguir la protesta social: eleva la pena para los partícipes en cortes de calles por entorpecimiento del tránsito e introduce un nuevo tipo penal en su artículo 208: ‘(…) quien en ocasión de una manifestación o concentración de personas, arroje cuerpos contundentes o proyectiles contra otra persona de manera tal que pusiere en riesgo su integridad física, con pena de 1 mes hasta 2 años de prisión’. Dispone que dicha pena será agravada en caso de que el objeto sea dirigido contra miembros de las fuerzas de seguridad.
“Además, establece que no será necesaria la efectiva producción del daño o lesión para que se configure el delito, imprimiendo a la conducta un criterio especulativo peligroso e intimidatorio a la hora de determinar el hecho concreto.
“Entendemos que esta norma incorpora como política criminal el ‘disciplinar’ la lucha en las calles, y hay que tener en cuenta que los hechos sucedidos en las últimas movilizaciones y protestas, los disturbios fueron generados por agentes infiltrados de las ‘fuerzas de seguridad’ incitando a provocaciones para ‘justificar’ la represión.
“La protesta social crece. Argentina es uno de los países del continente con mayor manifestación de su descontento social en el ámbito público. Esto es visto por los sectores de poder como una gran amenaza, como una extorsión. En realidad, es una muestra de la historia en prácticas democráticas y participativas de nuestro pueblo desde su propio origen. El derecho a protestar es un derecho constitucional. Es la posibilidad y nuestra herramienta concreta como sociedad para manifestar nuestras opiniones, sobre todo en un sistema institucional alejado y cerrado al protagonismo popular.
“La contracara del crecimiento de la protesta, es el aumento de la represión. Según un informe de criminalización de la protesta social, realizado por Liberpueblo y el observatorio de la CTA A, en el 2017 hubo 514 detenciones en 58 hechos represivos. Muchas de ellas realizadas por las fuerzas de seguridad, lejos del lugar de protesta. Un año antes, las detenciones en hechos de represión a la protesta habían contabilizado 269. Es decir, casi el doble.
“El otro pilar fundamental del Anteproyecto es su política estigmatizante hacia las personas inmigrantes que aparece en sintonía con el discurso xenófobo y racista del gobierno a través principalmente de la ministra Bullrich y de senadores como Miguel Ángel Pichetto. Establece una figura agravada para migrantes que usan documentación falsa y para quienes incumplan la prohibición para ingresar a la Argentina.
“Este avance represivo hacia los inmigrantes está en sintonía con la oleada continental y mundial de restricción a la libre movilidad de las personas. Un gobierno que levanta todas las restricciones para el ingreso y egreso de capitales especulativos que destruyen nuestra economía, restringe la libertad de quienes buscan un lugar donde vivir. Este es solo el comienzo, buscan endurecer la Ley Migratoria: el senador justicialista Pichetto declaró hace unos días que en las próximas semanas podría elevar un proyecto al Senado con este objetivo y el presidente ya salió a respaldar la iniciativa. Macri quiere su Ley de Residencia para no ser menos que el gobierno conservador y genocida de Julio A. Roca.
“Porque a las principales conquistas populares siempre el pueblo argentino las ha conseguido en las calles; porque hoy está sufriendo hasta límites intolerables esta situación que el propio gobierno anuncia va a empeorar; porque supimos echar una dictadura, porque hicimos retroceder el 2×1; porque somos millones reclamando trabajo, paritarias, derecho a la educación pública, basta de femicidios, por la muerte de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, hoy seguiremos luchando y forjando unidad para pararle la mano a esta política que criminaliza la protesta social.
“Defendamos el derecho a manifestarnos y luchar. No nos van a sacar de las calles”. n
El martes 13 se lanzó la Campaña Nacional en defensa del derecho a manifestar, de los organismos de Derechos Humanos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Liberpueblo repudió las reformas
al Código Penal.
La conferencia de prensa, frente al Congreso Nacional comenzó con la lectura de un documento al que adhieren organismos de derechos humanos, secretarías de derechos humanos de organizaciones sindicales y sociales, partidos políticos, donde expresan “nuestro más enérgico rechazo frente a la escalada autoritaria y antidemocrática que lleva adelante el gobierno nacional de Macri, junto con su ministra Bullrich, con actuaciones y declaraciones al mejor estilo Bolsonaro. Sabemos que el ajuste pactado por el gobierno nacional con el FMI, es la causa para desatar la represión, por eso atacan libertades, derechos y garantías. Lo vimos el 24 de octubre en la zona del Congreso, como ya lo habíamos visto en las jornadas de diciembre del año pasado”, señala el documento, para luego reafirmar “nuestro derecho a reunirnos, manifestar y peticionar a las autoridades, consagrados por la Constitución Nacional”.
Luego de repudiar la campaña xenófoba por parte del gobierno nacional y el senador Picheto, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, se refirió a Patricia Bullrich “como provocadora, instigadora a la violencia. En la marcha del 24 empujaron a la gente a salir del Congreso para luego ir a cazar militantes en distintos lugares de la ciudad. Cuando venga el G20 estaremos en la calle, porque las calles son nuestras. Estaremos luchando y no vamos a bajar los brazos”, afirmó Cortiñas.
La reforma del Código Penal
Por su parte, Liberpueblo emitió un documento sobre la reforma del Código Penal que entre otras cosas plantea: “El proyecto que envió el Ejecutivo al Congreso Nacional tiene entre sus objetivos principales limitar la protesta social y perseguir a los inmigrantes.
“Mientras avanza el hambre y el desempleo y se recortan los presupuestos de educación, salud y servicios elementales, el gobierno criminaliza la protesta social y política, al mismo tiempo que avanza en culpabilizar a los inmigrantes de la situación. El Anteproyecto de reforma, endurece las penas y crea nuevos delitos dirigidos a perseguir la protesta social: eleva la pena para los partícipes en cortes de calles por entorpecimiento del tránsito e introduce un nuevo tipo penal en su artículo 208: ‘(…) quien en ocasión de una manifestación o concentración de personas, arroje cuerpos contundentes o proyectiles contra otra persona de manera tal que pusiere en riesgo su integridad física, con pena de 1 mes hasta 2 años de prisión’. Dispone que dicha pena será agravada en caso de que el objeto sea dirigido contra miembros de las fuerzas de seguridad.
“Además, establece que no será necesaria la efectiva producción del daño o lesión para que se configure el delito, imprimiendo a la conducta un criterio especulativo peligroso e intimidatorio a la hora de determinar el hecho concreto.
“Entendemos que esta norma incorpora como política criminal el ‘disciplinar’ la lucha en las calles, y hay que tener en cuenta que los hechos sucedidos en las últimas movilizaciones y protestas, los disturbios fueron generados por agentes infiltrados de las ‘fuerzas de seguridad’ incitando a provocaciones para ‘justificar’ la represión.
“La protesta social crece. Argentina es uno de los países del continente con mayor manifestación de su descontento social en el ámbito público. Esto es visto por los sectores de poder como una gran amenaza, como una extorsión. En realidad, es una muestra de la historia en prácticas democráticas y participativas de nuestro pueblo desde su propio origen. El derecho a protestar es un derecho constitucional. Es la posibilidad y nuestra herramienta concreta como sociedad para manifestar nuestras opiniones, sobre todo en un sistema institucional alejado y cerrado al protagonismo popular.
“La contracara del crecimiento de la protesta, es el aumento de la represión. Según un informe de criminalización de la protesta social, realizado por Liberpueblo y el observatorio de la CTA A, en el 2017 hubo 514 detenciones en 58 hechos represivos. Muchas de ellas realizadas por las fuerzas de seguridad, lejos del lugar de protesta. Un año antes, las detenciones en hechos de represión a la protesta habían contabilizado 269. Es decir, casi el doble.
“El otro pilar fundamental del Anteproyecto es su política estigmatizante hacia las personas inmigrantes que aparece en sintonía con el discurso xenófobo y racista del gobierno a través principalmente de la ministra Bullrich y de senadores como Miguel Ángel Pichetto. Establece una figura agravada para migrantes que usan documentación falsa y para quienes incumplan la prohibición para ingresar a la Argentina.
“Este avance represivo hacia los inmigrantes está en sintonía con la oleada continental y mundial de restricción a la libre movilidad de las personas. Un gobierno que levanta todas las restricciones para el ingreso y egreso de capitales especulativos que destruyen nuestra economía, restringe la libertad de quienes buscan un lugar donde vivir. Este es solo el comienzo, buscan endurecer la Ley Migratoria: el senador justicialista Pichetto declaró hace unos días que en las próximas semanas podría elevar un proyecto al Senado con este objetivo y el presidente ya salió a respaldar la iniciativa. Macri quiere su Ley de Residencia para no ser menos que el gobierno conservador y genocida de Julio A. Roca.
“Porque a las principales conquistas populares siempre el pueblo argentino las ha conseguido en las calles; porque hoy está sufriendo hasta límites intolerables esta situación que el propio gobierno anuncia va a empeorar; porque supimos echar una dictadura, porque hicimos retroceder el 2×1; porque somos millones reclamando trabajo, paritarias, derecho a la educación pública, basta de femicidios, por la muerte de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, hoy seguiremos luchando y forjando unidad para pararle la mano a esta política que criminaliza la protesta social.
“Defendamos el derecho a manifestarnos y luchar. No nos van a sacar de las calles”.
Hoy N° 1744 21/11/2018
