La doctrina de Bullrich profundiza la inseguridad y viola los DDHH. Mediante resolución 956/18 la Ministra Bullrich da vía libre y bajo la arbitrariedad de cualquier agente de las fuerzas de seguridad federales a disparar un arma de fuego. Las circunstancias son tan amplias que quedan habilitadas a disparar “para impedir la fuga”, “para proceder a la detención”, cuando el agente presuma que otro pueda tener un arma, y hasta “cuando efectuase movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma” aunque no la tuviese.
Así se permite a la policía imponer la pena de muerte sin juicio previo. Esta decisión provocará la comisión de más delitos por parte de la policía, profundizando la inseguridad, e incrementará la violencia social. Ésta no es la solución ante los graves problemas de inseguridad que enfrentamos. Para hacerlo se necesitan políticas serias, discutidas y que enfrenten las causas del delito y sus efectos concretos. La política de seguridad debe tener como fin reducir los niveles de violencia, no aumentarlos.
Esta resolución viola principios y disposiciones de derechos humanos y garantías de los ciudadanos, que limitan el uso excesivo de la fuerza y en particular el uso de armas de fuego por parte de las “fuerzas de seguridad”, que no pueden utilizarse en cualquier circunstancia. Este gobierno pretende retroceder décadas y borrar estas conquistas que han costado la sangre de millones en todo el mundo. Argentina ha incorporado a su derecho interno el “Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” (aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas). En su Artículo 3º dispone que “podrá usarse la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiere el desempeño de sus tareas” aclarando el mismo “En ningún caso debe interpretarse que esta disposición autoriza el uso de un grado de fuerza desproporcionado al objeto legítimo que se ha de lograr”
Los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”. En su 9na disposición limita el uso de armas de fuego: “En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”.
El ajuste no pasa sin más represión
Además de querer legitimar la Doctrina Chocobar, pese a que la Corte Suprema de la Nación ratificó el procesamiento del policía Chocobar por homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso del cumplimiento de su deber, al matar por la espalda y en el suelo al joven Pablo Kukok de 18 años; el Gobierno pretende liberar todo control sobre las fuerzas de seguridad. Una medida que busca otorgar más herramientas que legitimen la represión en las luchas populares. El gobierno nacional lanza esta medida buscando mostrar a la población que lucha contra la inseguridad, dando vía libre a la violencia policial, en un contexto de una grave situación económica de los sectores populares, donde se preparan más medidas de ajuste y en medio de una creciente escalada represiva. Un cóctel peligroso para el pueblo ya que se pretende habilitar la represión justificándola con una supuesta “lucha contra la inseguridad”.
Por eso nos sumamos al repudio que cientos de organizaciones sociales, políticas y movimientos de derechos humanos hemos lanzado estos días, y reafirmamos que las libertades públicas del pueblo son esenciales para lograr una sociedad más democrática, igualitaria y justa.
Convocamos a todos los sectores a unirnos frente a este salto en la política represiva.
Más represión no es la salida.
Hoy N° 1747 12/12/2018
