Recientemente en Tucumán y con profundo dolor conocimos la historia de Lucía, una niña de 11 años, víctima de violación, quien pidió la interrupción de la gestación forzada en el Hospital del Este Eva Perón, sin lograr que la escuchen. Dijo: “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”. La niña, menor de tres hermanas, fue abusada por la pareja de su abuela, que tenía su guarda porque a la mamá se la habían quitado cuando un novio suyo llegó a abusar de sus dos hermanas mayores. Sin embargo, ignorando los derechos de esta niña, se inició un operativo antiderechos, del que participó el Secretario de Salud Gustavo Vigliocco, con el objeto de que no se interrumpa el embarazo.
Sabemos que los casos son muchos y pocos los que llegan a conocerse y aún menos los que logran resolverse atendiendo a la restitución de los derechos vulnerados de estas niñas y preservando su salud en un sentido integral. Tal como ocurrió en Jujuy hace pocas semanas la estrategia consiste en alargar los tiempos, argumentar luego lo avanzado del embarazo y obligarlas a parir, forzándolas a convertirse en niñas madres. Esto es así porque alrededor de estas niñas, de la mano de una violencia institucional que espanta, se establece un cerco material y simbólico que las condena a la tortura de la maternidad forzada, dañando su salud física y mental y ubicándolas en un lugar socialmente degradado. Dando así inicio, tempranamente, a una cadena de opresiones, que contribuirán a condenarlas al lugar que históricamente tenemos asignado las mujeres, doblemente oprimidas por la clase y por nuestro género y siempre silenciadas. De más está aclarar que se trata, en la amplia mayoría de los casos, de niñas pobres.
Sin embargo, son dos las niñas tucumanas que están sufriendo esta tortura. Hay otra niña de 11 años, a quien llamaremos Paula, con quien el cerco viene siendo aún más efectivo. Paula es oriunda de una aldea de muy pocos habitantes que dista unos 8 Km de Colalao del Valle, comuna de la que depende. Forma parte de los Valles Calchaquíes, no tiene transporte público y el acceso se interrumpe con las lluvias de verano. Su embarazo es producto de una violación intrafamiliar, el responsable es un tío materno. Paula nació en un contexto familiar y comunitario donde el abuso está naturalizado, siendo comunes los embarazos adolescentes. Su situación de violación y embarazo estuvo silenciada las primeras semanas, primero fue ella quien calló y luego sus familiares. Finalmente, profesionales de la salud del lugar tomaron conocimiento del caso. Sin embargo, hasta la semana 24 inclusive, lo que hacía inviable la aplicación de la ILE, Paula permaneció en su localidad de origen, atendida principalmente por profesionales del Policlínico de Amaicha del Valle, quienes aseguran que la ILE se contempló pero que “la niña decidió continuar el embarazo”, contando en esta decisión con el apoyo de su madre, según trascendió.
No sorprende que estos casos se presenten en Tucumán, única provincia que no adhirió a la ley de Salud Sexual y Reproductiva, que tampoco aplica la ley de Educación Sexual Integral en las escuelas y que se declaró pro vida en la Legislatura. Por eso denunciamos al Gobierno de Manzur, a la Ministra de Salud Roxana Chahla junto a todo el entramado del SIPROSA (Sistema Provincial de Salud) que con sus acciones están sometiendo a tortura a estas niñas obligándolas a ser madres. Al mismo tiempo repudiamos al Poder Judicial misógino y patriarcal quien debería garantizar el acceso a un aborto no punible, el cual es un derecho desde 1921 y exhaustivamente interpretado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y organismos internacionales, que recomiendan al Estado argentino que garantice ILE en menores de 15 años.
La supuesta decisión de Paula de continuar con el embarazo, genera grandes dudas. Cabe preguntarse por las condiciones en que la niña pudo dar el consentimiento y por sus posibilidades de comprender en profundidad lo que implica convertirse a los 11 años en la madre de un niño. Y en este punto debemos volver a hablar del cerco material y simbólicamente construido alrededor de ella. Cabe también preguntarse por el rol de los efectores de salud intervinientes, que desde sus prácticas y desde las decisiones que toman definen el destino de estas niñas. Reconociendo en este punto que los mencionados efectores, de manera predominante, comparten esquemas ideológicos conservadores sobre la sexualidad y maternidad como el sistema de salud en general y que, cuanto más subimos en la escala jerárquica, mayor es el deslizamiento de las propias creencias y valoraciones que se imponen en perjuicio de los derechos conquistados por las mujeres. Asimismo, junto con esta “decisión de dar continuidad al embarazo”, aparecieron prácticas clientelares tan conocidas en nuestra provincia, bajo la forma de recursos y promesas largamente esperados por esta familia, según trascendió. Como pasajes para trasladarse junto a algunos de sus hijos a la ciudad de San Miguel de Tucumán, materiales para construir una casa propia, comunicación fluida con el delegado comunal, la conformación de un equipo interdisciplinario para atender a todas las necesidades del caso, etc. Es más, se dio a conocer que Paula fue alojada en una institución estatal, y que está atendida por monjas. ¿Este es el contexto institucional más adecuado para garantizar que se cumplan los derechos de Paula? En realidad, todo lo contrario, es parte del cerco construido con la finalidad de asegurarse la continuidad del embarazo, de torturarla, silenciarla y condenarla.
Este es el contexto institucional ofrecido por este gobierno para una niña de 11 años violada en el ámbito intrafamiliar, que actualmente cursa un embarazo forzado de 27 semanas de gestación. Sistemáticamente la acorralan y la silencian, para que “naturalmente” su decisión sea continuar con el embarazo. Nadie está dispuesto a escucharla. Estamos en presencia de una violencia institucional descarnada, que pone de manifiesto con gran claridad la verdadera finalidad de las instituciones de este Estado y la complicidad del gobierno que se empeña en incumplir leyes y políticas públicas vigentes. De este modo desde los órdenes médico, jurídico y político se normatizan los cuerpos y se homogeneiza a las mujeres, imponiéndonos formas de vida universales. Las prácticas institucionales se tornan en un ejercicio violento hacia las mujeres por la violación sistemática de nuestros derechos sexuales y reproductivos y por no cumplir las leyes. La justicia, la salud, la policía, el ministerio de desarrollo, están al servicio de oprimirnos doblemente a las mujeres, de condenarnos al lugar que socialmente tenemos asignado, esclavitud doméstica y maternidad forzada.
Todo esto se agrava aún más cuando se trata de niñas forzadas a ser madres. Teniendo como marco un contexto político, donde en medio de la gigantesca lucha del movimiento de mujeres, los sectores reaccionarios, clericales y conservadores, están convirtiendo los cuerpos de estas niñas en territorios a conquistar. Justamente, quienes dicen defender “las dos vidas”, se han ubicado a la cabeza de cercenar los derechos de estas niñas, quienes están siendo sistemáticamente silenciadas, condenadas a un lugar de objeto, de incubadora, forzadas a ser niñas madres y torturadas.
Escribe Sofía Martínez
