Ante cada nueva lucha de nuestro pueblo, el gobierno sigue respondiendo con represión y abriendo procesos judiciales contra los compañeros. Este gobierno, que se autodenomina “de los derechos humanos” es el gobierno con más procesados por luchar y mantiene presos a trabajadores por causas políticas como los seis presos de Las Heras.
En las últimas semanas se sumaron a la lista de procesados por razones políticas 10 dirigentes estudiantiles universitarios acusados de “secuestro coactivo agravado” luego de una toma del Rectorado de la UBA. No hay organización barrial, obrera, social o partidaria del campo popular que no tenga compañeros sujetos a procesos judiciales, ya sea como imputados, procesados, en etapa de juicio o condenados. El gobierno trata de esconder el carácter político de estas causas bajo el pretexto de imputaciones de delitos comunes, tratando de “embarrar la cancha” con procesos por extorsión, privación de la libertad, secuestro (como a los compañeros de la FUBA), etc.
Los delitos del Código Penal que se utilizan para criminalizar o judicializar la lucha popular son de lo más variados pudiéndose citar entre otros: atentado y resistencia a la autoridad (arts. 237/239 CP), turbación de funciones públicas (art. 241 CP), robo (art. 164 CP), extorsión (art. 168 CP), usurpación (art. 181 CP), daño (art. 184 CP), entorpecimiento de servicios públicos (art. 194 CP), intimidación pública (art. 211 CP), incitación a la violencia (art. 212 CP), prepotencia ideológica (art. 213 bis CP), lesiones (art. 89 y 90 CP), coacción (art. 149 CP), coacción agravada (art. 149 ter), sedición (art. 230 CP), privación de libertad (art. 141 CP), u otras figuras.
El hecho de que haya compañeros sujetos a procesos judiciales en todo el país por delitos del Código Penal (que es nacional) y siendo los procedimientos judiciales de cada provincia diferentes entre sí, hace que sea imprescindible la sanción de una Ley de Amnistía que posibilite cerrar todas las causas y terminar con todos los efectos de las mismas a favor de todos los imputados por luchar. Esta es la herramienta política y jurídica que se encuentra prevista en la Constitución Nacional (art. 75 inc. 20) y que permite al Congreso de la Nación terminar con la persecución a los luchadores populares y sus organizaciones.
Por estas razones son cada vez más los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, partidos políticos, personalidades políticas y religiosas que se unen para exigir la sanción urgente de una Ley de amnistía que termine con todos los procesos judiciales existentes.
Con el objetivo de hacer escuchar nuestras voces y meter presión sobre el Congreso, convocamos a todas las organizaciones de derechos humanos, gremiales, sociales, políticas y a la población en general a una gran concentración en el Congreso Nacional el próximo jueves 27 a las 15 hs ¡Por una ley de amnistía ya! Para los más de 5.000 procesados por luchar.
Liberpueblo, Asociación por la Defensa de la Libertad y los Derechos del Pueblo.
02 de October de 2010