El 25 de abril se realizó un contundente paro nacional en la hermana República de Colombia. La medida de fuerza, con movilizaciones en todo el país, unió a trabajadores de distintos sectores estatales y privados, comunidades indígenas, estudiantes y otros sectores.
Los reclamos principales de la huelga fueron el rechazo a las medidas económicas del gobierno de Iván Duque, así como el repudio al asesinato de líderes sociales y mayor calidad educativa.
Las marchas fueron multitudinarias en la capital Bogotá, y se extendieron por todo el país. Este fue el primer paro nacional contra el gobierno colombiano, que asumió el 7 de agosto de 2018.
La Defensoría del Pueblo informó que desde el 1° de enero de 2018 hasta marzo de este año han sido asesinados 276 líderes de organizaciones sociales y de derechos humanos.
El gobierno de Duque pretende implementar un Plan Nacional de Desarrollo (PND) que incorpora medidas de flexibilización laboral y recortes en la seguridad social. Dirigentes de los trabajadores afirmaron que este PND “permite la contratación por debajo del salario mínimo y elimina el sistema de seguridad social para los trabajadores, con lo que perderían su derecho a pensión, riesgos laborales, licencias de maternidad, paternidad, e incapacidades, y el derecho a la afiliación a Cajas de Compensación Familiar”.
Uno de los sectores que tuvo gran participación en las movilizaciones fue el estudiantil. Los alumnos de las universidades públicas vienen peleando contra los recortes presupuestarios y las medidas limitacionistas. Se sumaron los docentes universitarios, así como los maestros afiliados a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) que reclaman más recursos para ese sector.
También se expresó el descontento de comunidades campesinas y originarias, que marcharon en muchas ciudades de todo el territorio colombiano en defensa de los territorios destinados a la producción agropecuaria y reivindicando la exigencia de una reforma agraria y un nuevo ordenamiento territorial que dé prioridad a la protección del ambiente, los ecosistemas y del agua como un derecho humano fundamental, de igual forma en defensa de la consulta previa vinculante para los proyectos mineros-energéticos. Los indígenas exigieron además de las modificaciones al PND, medidas inmediatas para poner fin al paramilitarismo, realizar ajustes a las políticas de seguridad en los territorios, el desmonte del ESMAD y el respeto y derecho a la vida.
Hoy N° 1764 30/04/2019
