En plena Capital Federal, en el barrio de San Telmo, un hombre de 68 años fue asesinado a golpes por dos empleados del Supermercado Coto. Vicente Ferrer, tal su nombre, se había llevado sin pagar: un queso fresco, dos chocolates grandes, y una botellita de aceite de oliva.
El hecho ocurrió el viernes 16 de agosto, pero recién trascendió el miércoles 21, al publicarse en redes sociales una foto tomada por Nicolás Ramos, donde se ve a Ferrer en el piso, rodeado de policías.
Según testigos dos empleados de COTO persiguieron a Ferrer, que había pasado por una caja llevando entre sus ropas los productos, lo retuvieron, lo molieron a palos y lo dejaron tirado en la vereda. Tras intentos de reanimación por parte de una estudiante de Medicina que pasaba por ahí y de la policía, Ferrer murió minutos después en el Hospital Argerich.
Más allá del hecho puntual, por el que tendrán que pagar los asesinos, la muerte de este hombre que robó para comer, muestra la peor cara de este sistema podrido, que es exacerbado por la política del gobierno macrista, promueve el enfrentamiento de pobres contra pobres, y el “sálvese quien pueda”. Ni qué hablar que es también revelador de la angustiosa situación de miles y miles de adultos mayores, que pasan hambre por causa del ajuste macrista.
A partir de este asesinato, llegaron a los grandes medios las denuncias del perverso sistema laboral vigente en la cadena de supermercados Coto, donde los robos se les descuentan del sueldo a los empleados.
Coto, donde no hace mucho se descubrió en una inspección casual un verdadero arsenal de rifles, pistolas, armas antitumultos, chalecos antibalas, miles de municiones y hasta 227 granadas, viene predicando la mano dura con los que van a pedir comida a sus locales, y promueve que los empleados y el personal de seguridad castiguen de distintos modos a los rateros.
La empresa, propiedad de Alfredo Coto, que cuenta con 120 locales en todo el país, a partir de los saqueos por la hambruna del 2001 que provocó el gobierno de De la Rúa, desplegó guardias armados, y montó un sistema por el cual, si hay faltante de mercadería en un sector, lo tienen que pagar de su sueldo tanto el jefe como los empleados de la sección.
Desde sectores gremiales que agrupan a los vigiladores también se repudió este asesinato, remarcando que el hecho tiene que ver con cómo Coto usa trabajadores precarizados para la custodia de sus locales, sin preparación. Así denunció el Sindicato Unidos Trabajadores Custodios Argentinos (Sutca): “Duele y lastima ver que trabajadores que tienen salarios por debajo de la línea de la pobreza agredan y maten salvajemente a otro compatriota que lleva mercadería para poder comer. Aquí trágicamente se entrecruzan un gobierno que priva a la mayoría de la población de derechos básicos, empresarios inescrupulosos con una voracidad sin límites y trabajadores que manchan arteramente esta noble y sacrificada profesión”.
El fotógrafo Ramos denunció también que la policía intentó ocultar el hecho, y lo amenazaron para que borre las fotografías que había tomado. Una vez más, las fuerzas de seguridad de Larreta se ponen al servicio de los grandes empresarios, como parte de su política hambreadora y represiva.
Hoy N° 1780 28/08/2019
