Tras la paliza en las elecciones de las PASO el gobierno de Macri dejó que “el libre mercado” aumentara el precio del dólar de 45 a 57 pesos por unidad –o que el peso se devaluara en casi un 30% – antes de intervenir, abriéndose una tercera corrida cambiaria desde la de marzo-abril de 2018. Se ha agravado así la incertidumbre financiera contenida artificialmente antes de las elecciones, profundizándose la crisis económica y social del “modelo” con las medidas que tomó o ha dejado de tomar el propio presidente Macri.
Una semana agitada
Sin hacerse cargo de la responsabilidad de su política en el resultado electoral y atribuyendo al voto de la mayoría el descalabro producido con la devaluación, cambió el ministro –Dujovne por Lacunza– con el mismo mandato que el anterior: estabilizar el precio del dólar, ahora en torno a los 57 pesos. Eso sin habilitar ningún tipo de control en el mercado cambiario para sostenerlo –como se planteó en el propio equipo de gobierno–, que pudiera limitar los beneficios extraordinarios de los que ganaron y ganan con la devaluación: los grandes terratenientes, monopolios exportadores y demás sectores que manejan los dólares y siguen especulando con la devaluación del peso. Lo único admitido por el propio Macri fue seguir liquidando las reservas –“para eso están”, dijo desaprensivamente el nuevo ministro– y aumentar aún más las tasas de interés que paga el Banco Central para retener la fuga de los dólares por los sectores financieros que especulan con los mismos. Es decir, más de lo que se viene repitiendo desde la crisis de marzo-abril de 2018 que profundiza la recesión con inflación que sufre el país desde entonces (ver “El modelo económico sigue siendo el mismo”, hoy 1780).
Así la “tranquilidad del dólar” no podía durar más de una semana como sucedió y la realidad volvió a instalar el debate en el seno del propio gobierno. Como la suba de la tasa de interés para los pesos y liquidación de reservas no alcanzan para controlar el dólar volvió el debate sobre la necesidad de reestablecer algún tipo de control para la compra y venta de divisas, como existen en todo el mundo y siempre existieron en la Argentina, hasta que el gobierno macrista los anuló completamente. Al extremo que se eliminaron los plazos para que las empresas exportadoras liquiden las divisas al Banco Central, cosa que de hecho ha tenido que reconocer ahora al condicionar sus créditos a esa liquidación, esperando lograr una mayor oferta de dólares de la que hubo pese a la pregonada esperanza en la supercosecha “salvadora”.
Macri metió la opción cepo o default
Macri rechazó abiertamente toda posibilidad de reinstalar algún tipo de control para cortar la dolarización y garantizar el pago de la deuda, por lo que no que no quedaba otra opción que postergar el pago de los vencimientos de ésta, tratando de eludir el costo político responsabilizando de ello a Alberto Fernández. Ese fue el encuadre político del discurso de Lacunza al anunciar la reprogramación forzada de vencimientos inmediatos de la deuda y sus intereses – un “incumplimiento selectivo”–, y poder disponer así de unos 7 mil millones de dólares para mantener “quieto” al dólar supuestamente hasta fin de año, con lo que piensan revertir la opinión de muchos votantes para octubre e ir al ballotage en noviembre. Esto acompañado de una propuesta de renegociar la extensión de los plazos de vencimiento con el FMI e incluso el canje de bonos a los bancos extranjeros e inversores sin quita de capital ni rebaja de los intereses, que se enviará al Congreso.
En su afán de recuperar votos, el macrismo planteó la opción entre cepo o default, definiéndose por esta última no pagando los vencimientos inmediatos de los bonos del Tesoro para disponer de los dólares necesarios para “tranquilizar al mercado”. Pero profundizó la incertidumbre política al decir que eso se debe a “unas PASO mal diseñadas, que fueron la encuesta más cara de todas y que han desencadenado una crisis como la que estamos teniendo”, cuando anteriormente había apostado todo a las mismas. Por eso no tranquilizó a todos los sectores del bloque dominante que el macrismo pretende seguir hegemonizando, por lo que se agudizó la crisis política expresada no sólo en las discusiones en el propio gobierno sino también en la mayoría de los sectores empresariales. Como según trascendió se lo hicieron saber los banqueros al presidente del Banco Central, Sandleris, en una reunión con dirigentes de Adeba y de ABA –de los bancos nacionales y extranjeros respectivamente–. En el sector financiero consideraron sin solidez al llamado “reperfilamiento de deuda sin quita”, sosteniendo la mayoría que es necesario completarlo con mínimos controles en el mercado de cambios. Necesidad que reconoció después abiertamente Julio Cobos, expresando a sectores del radicalismo que integran el frente de Cambiemos.
Un cepo edulcorado
Ante la agudización de la crisis por la unilateralidad de las medidas tomadas y la perspectiva de una nueva corrida contra el peso para el lunes 2/9, el gobierno publicó el domingo 1/9 un decreto de necesidad y urgencia imponiendo algunas restricciones para la compra de dólares –con distinción entre instituciones, empresas y pequeños ahorristas–, estableciendo que el Banco Central deberá autorizar la compra de moneda extranjera y las transferencias al exterior en función de las condiciones vigentes en el mercado cambiario.
Esto lo hace manteniendo el “default selectivo” y el anuncio de que mandará al Congreso el proyecto de renegociación de la extensión de los plazos con el FMI y canje voluntario de bonos, sin quitas de capital ni rebaja de intereses, a bancos e inversores extranjeros. Es decir que sigue con el chantaje a la oposición, buscando así dar validez legal al endeudamiento fenomenal que trajo esta crisis y que requieren los acreedores para “reperfilar” los plazos de esa deuda cuestionada no sólo por los intereses usurarios sino por haber sido hecha sin el aval parlamentario que exige la Constitución Argentina.
“Un gesto político del principal candidato de la oposición y favorito para ganar las elecciones (Alberto Fernández) es una condición necesaria para romper el círculo vicioso imperante que ha afectado las reservas”, había dicho el JP Morgan desde Wall Street. Además, había aumentado la presión señalando que no está claro cuál será la “reacción de los titulares de deuda de la ley local, particularmente si se confirma la tesis de que el Congreso tratará el proyecto de ley sólo después de octubre”.
En tanto desde Wall Street no hay indicios de mejora en el índice del riesgo país que subió el viernes hasta los astronómicos 2.471 puntos. Es que aún con la propuesta de “reperfilamiento”, el peso de la deuda no se achica: al no realizar quita alguna la deuda seguirá representando más del 100% del PBI, como enfatizan varios bancos de inversión. Pero además, al no plantearse rebaja en los intereses de los bonos, el año próximo, sea quien sea gobierno, necesitará al menos 3,5% del PBI en nueva deuda sólo para el pago de intereses. Por lo tanto, el problema persiste y el dólar no se “aquieta” ahondándose la crisis –económica, social y política– con la liquidación de las ya escasas reservas y la acumulación de deuda por el Banco Central (ver “El veneno de las Leliq”, hoy 1779) a tasas de interés que siguen hundiendo al trabajo y la producción nacionales. De ahí la necesidad de continuar desplegando la lucha multisectorial para ponerle límites a la política de hambre, entrega y represión del macrismo, redoblando la campaña por el Frente de Todos hacia las elecciones de octubre.
Escribe Eugenio Gastiazoro
Hoy N° 1781 04/09/2019
