El 23 de junio de 2016 se realizó un referéndum en el que por el pequeño margen del 51,9 por ciento ganó abandonar la Unión Europea (UE). La pertenencia a la UE implica, para los países miembros, la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Gran Bretaña nunca adoptó el euro como moneda, manteniendo su libra esterlina. En el debate del 2016 pesaron para el sí al Brexit los crecientes problemas económicos y laborales, que los partidarios del sí atribuyeron a la UE y su flexibilidad en la política migratoria.
El resultado del referéndum provocó la inmediata renuncia del primer ministro Cameron, que se oponía a la salida, y su reemplazo por Theresa May, que comenzó a negociar la salida, proceso que no logró llevar a cabo hasta su renuncia, en julio de este año, y su reemplazo por Boris Johnson, también del Partido Conservador. Este proceso debía concluir el 29 de marzo de 2019. Ese plazo se extendió luego hasta el 31 de octubre de 2019. Los proeuropeos quieren mantener la unión aduanera y el mercado común.
Gran Bretaña, un país sin Constitución
En 1215 fue dictada la Carta Magna, que limitaba el poder del rey y otorgaba más poder de decisión a otros miembros de la nobleza. En el siglo 17 se dictaron leyes, y más recientemente en el siglo 20. El peso de la tradición es muy importante. El cargo de primer ministro no está establecido en ninguno de los textos, sin embargo, existe por convención (o costumbre) constitucional, lentamente consolidada a partir del siglo 18. Esta convención estipula que el rey, en este caso la interminable reina Isabel, debe nombrar como primer ministro a la persona que tenga más posibilidades de obtener la confianza de la Cámara de los Comunes; es decir, de quien tenga mayoría en esa cámara.
Boris Johnson, el nuevo primer ministro pidió a la reina, y esta accedió, postergar el inicio de sesiones del parlamento hasta el próximo 14 de octubre, es decir, dos semanas antes de la última prórroga para ejecutar el Brexit, el 31 de ese mes. En otras palabras, trata de tener carta libre para ejecutar la salida de acuerdo a su criterio, e impedir que partidarios de mantenerse en la Unión Europea puedan organizar una estrategia legal para empantanar la salida sin ningún tipo de acuerdo, lo que se conoce como “Brexit duro”. En este momento varios diputados conservadores han cambiado de posición, y Johnson tiene una mayoría de sólo un diputado.
Johnson trata así de impedir que los diputados laboristas –liderados por Jeremy Corbyn–, liberal demócratas y nacionalistas escoceses (así como algunos rebeldes “tories” como llaman a los conservadores) tengan margen de maniobra para tratar de parar a Johnson antes del 31 de octubre. Estos podrían intentar votar una moción de confianza, que implicaría nombrar un gobierno provisional y retrasar la fecha del Brexit convocando inmediatamente a elecciones. Pero esta propuesta no ha prosperado por darle la posibilidad a Corbyn de liderar este gobierno de transición. La tercera opción a corto plazo es la que teme Johnson: que se vote una nueva ley que obligue al gobierno a pedir una nueva prórroga a la UE, retrasando el Brexit y dando un mayor margen de tiempo a que los partidos encuentren terrenos de entendimiento sobre el acuerdo de salida o incluso si convocar un nuevo referéndum.
Johnson prometió un divorcio de la UE “sí o sí”, hubiera o no acuerdo. Para ello, algunas voces ya pedían que el primer ministro “se saltara” el Parlamento forzando su disolución.
Keir Starmer, el dirigente laborista que mantuvo hasta el último minuto la bandera de un segundo referéndum sobre el Brexit denunció el problema de fondo: “hay que tratar de impedir que Johnson nos ponga en manos de Donald Trump y de un acuerdo comercial con Estados Unidos. Esa es su verdadera agenda oculta”.
Final incierto
Simultáneamente hay una batalla judicial: en Londres, Edimburgo y Belfast se analizará la legalidad de suspender en este momento la labor del parlamento. Para algunos analistas la actitud de Johnson es una grave amenaza a la democracia, en un país que tiene viejos antecedentes de rebeldía ante decisiones monárquicas sin consenso, cuya enunciación escapa a los límites de este artículo.
El 4 de septiembre Johnson sufrió una aplastante derrota, porque una mayoría parlamentaria de 328 diputados logró tomar el control de la agenda parlamentaria y presentar un proyecto de ley para postergar el Brexit hasta el 31 de enero del 2020 y evitar una salida sin acuerdo de la Unión Europea. El Parlamento estaba rodeado de manifestantes contra el Brexit, Johnson quiere entonces intentar llamar a elecciones anticipadas en las que supone ganar.
Para no aflojar la presión que ejerce desde hace días sobre sus correligionarios, Johnson repitió una vez más que si los Comunes votaban la propuesta de ley presentada por sus adversarios eso arruinaría la capacidad de negociación de Londres.
Un componente importante del problema es la llamada “salvaguarda irlandesa”, un mecanismo destinado a evitar el retorno de una frontera física entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, país miembro de la Unión Europea. Entre estos dos hay un permanente intercambio y complementación en la producción, especialmente agrícola y lechera. Johnson quiere reemplazarla.
El proceso del Brexit es, como se dice en el periodismo “una noticia en desarrollo”. No está claro como finalizará. Lo que sí está claro es el surgimiento en Gran Bretaña de un líder de ultraderecha, como Johnson, dispuesto a utilizar mecanismos antidemocráticos para lograr sus objetivos. Se suma así a otros con las mismas características, en Estados Unidos, Europa, y América Latina.
Escribe Irene Alonso
Hoy N° 1784 25/09/2019
