La sala de salud del barrio María Elena, está ubicada en uno de los asentamientos de La Matanza, distrito que en la actualidad tiene una población de 2.200.000 habitantes.
Hugo Pallola nos cuenta en la introducción que el comedor del barrio María Elena fue abierto en junio de 2002 por los vecinos, y la causa principal fue el hambre.
En 2012 “hicimos un censo de salud en las 57 manzanas del barrio María Elena, junto con los delegados de manzana, y el resultado de aquel estudio fue que había un 37% de alteración nutricional, 25% de bajo peso, 10% sobrepeso”.
En su análisis de la situación, sobre cómo el gobierno actual trata a los sectores más vulnerables, Pollola analiza: “Nosotros tenemos una situación desde 2002. Teníamos unos 70–80 comensales, pero ya en el primer año del gobierno de Mauricio Macri este número se duplica, para llegar a unos 200 el año pasado, y establecerse en 180”. El número desde 2015 se detuvo allí, no porque no haya mayor demanda, sino porque “el presupuesto que recibe el comedor por parte de la Secretaría de Salud, vía Amas de Casa del País, no se ha actualizado para cubrir la cuota de demanda de los vecinos”.
La mayoría de las familias de esa población vive de trabajos precarizados, changas temporarias. La angustia de esa inestabilidad, sumado a las condiciones habitacionales y falta de expectativas de resolución de sus problemas, en palabras del psicólogo social deterioran la salud física de la persona. “La mayoría de las dolencias físicas de los pacientes que asisten a la sala se debe a la angustia de su presente y su porvenir”.
Uno de los puntos destacables de la sala de salud es el trabajo de profesionales en integración con la comunidad: médicos, enfermeras –practicantes de enfermería de Cemic–, junto a los agentes sanitarios –formación que fue iniciada hace 30 años por el doctor Néstor “Chino” Oliveri–. En este trabajo en equipo, los compañeros salen por el barrio a hacer campañas de salud, entre las que se incluyen proyectos de investigación en peso y talla de los niños, y evaluación de la salud general. Una de las tareas que destaca Pollola son los talleres de trabajo en diabetes.
Los talleres son dirigidos por el médico clínico –que hizo una especialidad en diabetología– y una psicóloga. Los agentes sanitarios miden la presión arterial, el índice glucémico y el peso de los pacientes.
“La población que asiste a nuestros talleres no es fija, va rotando. Un indicador que permite visualizar cómo la situación económica y las condiciones de vida de las personas repercute en su salud física son los valores que arrojan las mediciones de glucosa en sangre. Para tener una idea de los valores en diabetes: una persona que está en valores normales, su índice es de 60 mínima y 110 de máxima; 130 es una buena medición para un diabético. Ahora, uno que supera 300 es porque la situación es más seria. Y de estos casos nosotros tenemos estadística de que se cuadruplicó el nivel de las personas con diabetes que participan de los talleres; es decir que sus índices aparecen mucho más enfermos de lo que aparecían hace unos meses. Esto es un problema, porque alguien que venía cuidándose, de repente con esos valores comienza a tener otras dificultades como úlceras, y otras complicaciones físicas, que después se hace difícil remontar y recuperar”.
El origen de ese cambio de esos valores, en términos del coordinador de la Sala, básicamente es la alimentación. “Una población que come una vez al día con suerte, que tiene que recurrir a carbohidratos para alimentarse, que tiene condiciones para despertar una diabetes, es una pena que eso suceda cuando se puede hacer una tarea preventiva y con alimentación saludable”.
Este agravamiento en las condiciones de vida de las familias, en un contexto de inflación, de políticas de ajuste, repercute directamente. Y si a esto se le suma “el abandono en políticas de salud, las posibilidades de revertir el cuadro de esa persona, se hace más difícil”.
Pollola agrega un dato aterrador: “el índice de diabéticos en la población general está entre el 10 y el 13%. Como lo definen principalmente las condiciones de alimentación, en La Matanza, no baja del 13%, por lo que calcula que hay entre los 260 y los 270 mil diabéticos en el distrito. El registro que tiene el municipio es de 11.000, o sea que estamos en las venticuatroava parte de la realidad”.
Como bien menciona Pollola, el abandono estatal de la salud librado a la suerte de las personas, juega un papel crucial. “Nosotros contábamos con el Plan Remediar, que había sido creado en 2002 por Ginés González García, y que proveía de medicamentos cruciales para diabetes y otras enfermedades; fue pensado para que 15 millones de personas que no tenían acceso a la medicación la tuviesen. El plan se deterioró en un 75% en lo que va del año, con amenazas de cierre; pasó a ser parte de la CUS (Cobertura Universal de Salud), que en términos reales implicaba la privatización de la salud pública, el arancelamiento de los hospitales de un menú de servicios.
Esto además se ve agravado por la falta de una seria política pública de salud. “Con el cuento de que están enfrentados municipio y gobierno provincial, ni provincia baja los recursos al municipio, ni el municipio sale a defender las condiciones de la gente, y mucho menos bregar para que se hagan efectivos planes de alimentación, de medicamentos, de asistencia para familias en vulnerabilidad”, remarca.
La salud de los niños
Si de alimentación y de condiciones de vida hablamos, otro de los indicadores del deterioro es el crecimiento y desarrollo de los niños. Los profesionales de la Salud del barrio María Elena vienen llevando adelante el programa Patios Abiertos –que depende del Ministerio de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires– que consiste en que las escuelas permanecen con sus puertas abiertas los días sábado con fines recreativos y de lucha contra la deserción escolar. En el barrio María Elena está la escuela 187 Salvador Mazza donde la sala lleva adelante este programa, acompañados por practicantes de enfermería en el Cemic. En esas salidas, los trabajadores de la salud y profesionales, hacen controles bucales, mediciones de talla, peso, altura. Según cuenta Pollola: “los percentiles de niños nos dan mediciones que indican que esos niños ya vienen con bajo peso y altura, debido al deterioro de la alimentación”. Consultado sobre si hay sobrepeso en la población infantil, analiza que este “se puede deber a la ingesta de comida chatarra, grasa y carbohidrato excesivo, pero en los casos que nosotros registramos, lo que predomina es mala alimentación”.
Otro de los temas que alerta Pollola es el crecimiento de enfermedades de transmisión sexual, a falta de información, métodos anticonceptivos. “Es importante el crecimiento de la tasa de la sífilis en este nuevo contexto”. Lo grave es que “una mujer con sífilis, un embarazo en curso, dará a luz un niño con sífilis, con una salud deteriorada”.
La salud que el pueblo necesita
Tal como analiza el responsable de la Sala de Salud, hay falta de programas coherentes para cubrir la mayoría de los problemas de la gente: “hay infinidad de programas, muchos de los cuales superponen en gasto”, señala.
Consultado sobre qué política de salud debería desarrollar un gobierno que aspire a mejorar la calidad de la salud de su gente, el psicólogo social explicó: “Ese gobierno debe crear un Ministerio de Salud que contemple múltiples aspectos de la salud: primero, profesionales y personal con salarios acorde. Un programa serio de salud debe contar su personal, y no estar preocupado si el mes próximo va a contar o no con esa persona.
“Otro aspecto que debe contemplar es condiciones de trabajo; que las salas y hospitales, cuenten con el instrumental y las condiciones físicas para desempeñar la tarea. También hay que tener en cuenta los recursos como insumos y medicamentos. Pienso que la Argentina tranquilamente puede generar sus propios insumos, esto no es un sueño: la provincia de Santa Fe inició hace dos años la producción estatal de medicamentos cubriendo el 80% de las necesidades de la provincia. Para tener una idea, el 20% que no cubría hasta ese momento, en costos era mayor al 80% que producía. Producen, por ejemplo, el misoprostol para la interrupción de embarazo. Nosotros cuando tenemos que conseguirlo, el valor más bajo del mercado está en los 3.500 pesos y llega hasta los 7.000.
“Pero fundamentalmente, nosotros decimos respecto al comedor que no es posible que alguien que no tiene nada que ver con la gente, decida qué es lo que la gente tiene que comer. Nosotros ofrecemos un menú casi fijo en la sala, que no es del todo saludable; y pareciese que uno decidiese lo que comen esas 200 personas todos los días”.
Para finalizar, analiza: “Un nuevo gobierno tiene que tener en cuenta el trabajo para la gente. El trabajo es un gran factor de salud, de calidad de vida. Cuando hay trabajo en condiciones, todas las cosas en la familia mejoran, la alimentación, la salud, la esperanza”.
Hoy N° 1791 13/10/2019
