María, al comenzar la entrevista nos comenta: “Mi zona de trabajo de territorio era la zona de la Ruta Nacional 81, que abarca las localidades de San Martín y Rivadavia. Trabajé nueve años por esta zona en la Secretaría de Agricultura Familiar, me despidieron hace dos años cuando, al asumir Macri, desmantelaron los equipos territoriales. La realidad siempre fue la misma respecto al abandono al sector de los pueblos originarios y a los criollos campesinos.
“El principal problema siempre ha sido el tema del agua y la tierra, porque los campesinos son poseedores de la tierra, pero está en pocas manos, y al no tener títulos de tierra –algunos han vivido más de cuatro generaciones en el lugar- no se pueden realizar proyectos. A los pueblos originarios les pasa lo mismo, pero tenían una ley que los amparaba, la 26.160, que les permitía reclamar por territorio. Las familias campesinas sufrían el desalojo por no tener una ley que las ampare de los que siempre con fraude compraban las tierras y las desalojaban. Ahí se dio toda una etapa de sistematización para dar a conocer la problemática de la tierra en los criollos, se sacó en Salta la Ley 7.658 de regulación dominial.
“En la ruta 81 tenemos al hermano de Macri, Franco Macri, con quien tuvimos que negociar frente a los desalojos porque hacíamos resistencia y se comenzaron a armar las organizaciones campesinas. A pesar de que los pueblos originarios han avanzado en su organización, siempre se escondió esta situación que es crítica, no comenzó en el 2020. Hace diez años que la desnutrición y la deshidratación son un flagelo, porque el problema siempre fue el agua, tanto para ellos como para los criollos campesinos que viven monte adentro, porque manejan un código cultural distinto, que no es acorde al desmonte. Al iniciarse las políticas de desmonte para cultivar soja, el problema de la tierra se agravó, porque cuando se pavimentó la Ruta Nacional 81 se permitió la salida de los animales, lo que devastó la zona, porque los wichis por ejemplo, son un pueblo cazador recolector, y con el desmonte lo perdieron todo.
“El desmonte los expulsa a las periferias del pueblo. La estrategia que siempre usan los gobiernos para expulsarlos, como decía el doctor Roberto Franco, es que no necesitan balas para exterminarlos, sino que construyen viviendas en el pueblo para trasladarlos a otro lado. Otro tema es el de la droga y el alcohol, porque condiciona a los originarios a ser serviles”.
Sobre la realidad que atraviesan en la zona comenta: “La situación es crítica no sólo para los pueblos originarios, sino para la población en general. A mí me da una bronca y una vergüenza terrible que los distintos gobiernos y funcionarios justifiquen el problema del hambre al relacionarlo con su cultura, porque dicen que por vivir en el monte las madres wichis llevan a sus hijos con ellas, y los llevan al curandero en vez de al doctor. Sí, la práctica del curandero existe entre criollos y originarios, pero la realidad es que los hospitales están desmantelados y no hay políticas públicas, no es que hay una opción de elección. Por ejemplo en el hospital de Coronel Juan Solá no hay un pediatra, un obstetra o un ginecólogo que atienda a la población, y es el hospital cabecera del municipio, lo mismo en los centros de salud. La política de Macri desmanteló por completo al sistema de salud, ni siquiera hay vacunas, antes por lo menos se contaba con el acceso a anticonceptivos y otros medicamentos”.
María, quien a su vez es parte de la Asociación Civiles del Bermejo, que funciona dentro de la coordinadora de tierras de la Ruta 81 agrega que: “El reclamo transversal a todo es el acceso a la tierra y al agua, porque sin esas dos cosas no se puede producir. Es por ello que se vuelve necesario cambiar la estructura de fondo, para terminar con los males que nos aquejan”.
Hoy N° 1802 12/02/2020
