Según difundió el viernes pasado la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados, la inversión real en la economía cayó 5,2% interanual en enero de este año. La inversión bruta interna real es medida en términos de volumen físico (descontando el efecto precios). Según el estudio, la evolución de la inversión continuó mostrando números negativos, aunque no en la misma magnitud que la observada en los distintos meses desde septiembre de 2018 y durante 2019.
Esta realidad aumenta la inquietud particularmente en los sectores industriales y de la construcción sobre la falta de políticas productivas a cuyo servicio tendrían que estar las políticas monetarias, financieras y fiscales, hoy condicionadas a las negociaciones por la reestructuración de la deuda pública (ver “Las pujas por la deuda”, hoy N° 1803) y limitadas a la reactivación del consumo de los sectores más empobrecidos como requiere la emergencia del hambre, pero que no cambia el predominio de la inversión especulativa sobre la inversión productiva. La baja de las tasas de interés por el Banco Central sigue condicionada por la montaña de Leliq y pases pasivos de los bancos que, para no emitir pesos, lo obliga a refinanciarla a tasas de interés superiores a la inflación prevista (ver “El problema inflacionario”, hoy N° 1803). Y tampoco puede utilizar las escasas reservas para promover el crédito productivo pues las mismas les son sacadas por el Tesoro Nacional para el pago de los vencimientos de intereses de los bonos con legislación extranjera que se busca renegociar. El único instrumento crediticio que le queda al gobierno en estas condiciones es la banca pública también devastada por el macrismo, como es el caso del Banco Nación que ha anunciado una línea de créditos de apenas $10 mil millones, cifra insignificante para rescatar o impulsar empresas endeudadas con las tasas de interés siderales heredadas del macrismo.
En lo inmediato, el gobierno de Alberto Fernández ha tomado medidas para paliar la inflación como el congelamiento temporario de las tarifas y de los combustibles, acompañado de los aumentos de sumas fijas en las jubilaciones y pensiones mínimas y en los sueldos y salarios, sin contemplar la inequidad que eso tiene en el achatamiento en las escalas de remuneraciones sobre todo para los trabajadores cuyos ingresos no alcanzan a cubrir las necesidades básicas. Para la emergencia del hambre se están implementando las tarjetas alimentarias, aunque con la limitación para las madres que no tienen hijos menores de cuatro años; y para los afiliados del PAMI se anunció un vademécum de 170 medicamentos gratis para sus afiliados, que aún resta negociar con la industria farmacéutica.
Una posible medida para acabar con el ahogo productivo que se refleja en la continuada caída de la inversión, es extender el reperfilamiento de las deudas impositivas a todas las deudas financieras de las empresas que, con la inflación implícita en las elevadas tasas de interés, ahogan cualquier proyecto productivo a favor de las inversiones especulativas. Este reperfilamiento no tiene que ser solo de los plazos de los vencimientos de todas las deudas de las empresas y de las personas sino también de una baja drástica de las tasas usurarias de todos los contratos, como parte de un plan que apunte a terminar con la inflación. Cuestión que no se resuelve con pactos de precios y salarios, que lo único que pueden lograr es atemperar temporalmente la inercia inflacionaria, como muestra nuestra experiencia histórica.
Los datos publicados por el Indec el viernes pasado sobre los movimientos de precios y salarios muestran claramente que éstos no son los responsables de la inflación: por segundo año consecutivo, en 2019 los salarios subieron en promedio un 40,9% y los precios al consumidor un 53,8%. Mientras subsista la inercia inflacionaria por la indexación (o dolarización) general de los contratos de la economía, las regulaciones para la baja gradual de las tasas de interés sin medidas que vuelquen el ahorro en la especulación a la inversión productiva entran en contradicción con un proceso de desinflación. Pues los pesos volcados al mercado se destinan rápidamente a la compra de bienes o al dólar paralelo presionando sobre sus precios, aunque se los guarde “en el colchón”. La palabra “fuga” podría ser adecuada si, en lugar de aludir sólo al envío de los fondos al exterior, se refiriera a la baja probabilidad de que ese dinero retorne al circuito de la actividad económica productiva.
Escribe Eugenio Gastiazoro
Hoy N° 1804 04/03/2020
