Noticias

02 de October de 2010

La emergencia agropecuaria es mezquina

Hoy 1252 / La carga principal es sobre las provincias y las jubilaciones

La emergencia de Cristina K sólo posterga los vencimientos de tres impuestos, y no habla siquiera de la reducción de otros que incluso afectan mucho más. Tampoco contempla situaciones crediticias ni cubre necesidades para revertir el deterioro causado por la sequía y la falta de recursos económicos no solo en el campo sino en todo el interior.
 El decreto 33/09 sólo difiere el pago de los vencimientos impositivos a los productores que pertenezcan a municipios y provincias que, previamente, hayan declarado la emergencia en su jurisdicción. Se trata de comunas que están ubicadas en Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires, el sur de Córdoba y el norte de Santa Fe. Para que un municipio sea considerado zona de desastre tiene que haber un daño del 80% del territorio, y para que sea definido como zona de emergencia, la sequía debe castigar entre el 50 y el 80 por ciento de su sistema productivo. “Si la provincia no decreta el estado de emergencia, nosotros no lo podemos hacer unilateralmente”, afirmó el secretario de Agricultura, Cheppi.
Hasta aquí todo parece bien. Pero el decreto sólo incluye la prórroga por un año de los vencimientos (sólo a los que se produzcan hasta mediados de este año, y cargándoles una tasa de interés usuraria del 14%) en los impuestos a las Ganancias, Ganancia mínima presunta y Bienes personales. Los otros impuestos que golpean a los productores con más fuerza y a todas las personas que viven y trabajan en las comunas en emergencia o en situación de desastre no merecen siquiera una palabra, desde las retenciones a las exportaciones que no son coparticipables por lo que no vuelve nada a esos lugares, hasta los que afectan a todos los pobladores, incluso diariamente, como el IVA, a los combustibles o al cheque.
La presidenta, en el show de la presentación del decreto 33/09 alardeó que “representa un esfuerzo de todos los argentinos, porque no hay otro sector que tenga este beneficio”, ya que “todo el resto de los sectores económicos sigue tributando de la misma manera”. Pero no dijo nada sobre el saqueo extraordinario para este sector y para el interior del país que hoy significa el mantenimiento de las retenciones a las exportaciones pese a la caída de los precios internacionales y la disminución de las cosechas provocada por la sequía. Téngase en cuenta que las retenciones a la exportaciones en el presupuesto estaban calculadas para 2009 en 49.444 millones de pesos, en comparación con 33.035 millones que se calculaban recibir por Ganancias de todos los sectores de la economía, incluyendo lo que tributa el sector agropecuario (una parte de cuyos vencimientos, hasta el 30 de junio, se prorroga ahora por un año).
Admitámosle que este sea “el castigo” por la rebelión chacarera y federal, pero ¿qué pasa con los otros sectores también afectados por la emergencia, desde los obreros rurales hasta los trabajadores y habitantes de los pueblos? Ni un peso, y van a tener que seguir pagando al igual que los chacareros quebrados, sin siquiera una rebaja, el IVA, el impuesto al cheque, a los combustibles, etc.
El alcance de la “generosidad” del kirchnerismo queda claro si vemos que mientras no resigna impuestos que no son coparticipales, con lo que refuerza su unitarismo impositivo, la prórroga solo se refiere a tres impuestos que sí son coparticipables, con lo que quienes sufrirán la prórroga son las provincias, a lo que tenemos que sumar los jubilados, porque parte de esos impuestos se destina al Anses. Según un estudio realizado por la consultora Economía y Regiones, sobre los 4.400 millones de pesos que se postergarán de recaudación las 23 provincias y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aportarán en conjunto 2.154,6 millones, es decir el 48%. Y, detrás de las provincias, el otro sector que sufrirá la postergación será el Sistema de Seguridad Social, ya que una parte de la recaudación de los impuestos en juego financia el pago de las jubilaciones. En este caso el costo será de 1.160,1 millones de pesos, un 26% del total postergado según los cálculos oficiales. Por lo que el Tesoro Nacional solo “sacrificará” 1.090,2 millones de pesos, equivalentes al 24% del total.
Todo esto sin contar lo que pierden las provincias en capacidad para cobrar sus propios impuestos, además de por la sequía por lo que se llevan de ellas las retenciones a las exportaciones, que no se coparticipan. Otra cosa sería si se eliminan el IVA y las retenciones para las provincias y regiones en emergencia, reemplazándoselos por un impuesto directo progresivo y coparticipable sobre el patrimonio y las ganancias extraordinarias de los grandes terratenientes, pules y monopolios, para que haya plata para resolver la crisis a favor de los trabajadores, el pueblo y la producción nacional.