Mientras centenares de compañeras y compañeros del PCR y su Juventud, de la CCC y de otras organizaciones siguen al frente de la lucha contra el hambre en medio de la emergencia sanitaria, la diputada Caliva reclamó la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 255/2020, por la que el gobierno de Gustavo Sáenz que prevé medidas represivas para los que no cumplan el aislamiento social, y otorga un amplio poder al Ministerio de Seguridad, a cargo de un militar retirado que niega los crímenes de la dictadura, y al jefe de policía, por encima de los jueces y las garantías constitucionales.
Una grave consecuencia de este decreto, dice Caliva, fueron los hechos de represión y violencia policial ocurridos el sábado 4 de abril, en General Güemes, “donde tenemos que lamentar que una pequeña niña de 6 años esté hoy con lesiones tras un disparo de bala de goma en su ojo. En quince días de vigencia de la mencionada medida, se conocieron varios hechos represivos en la provincia por parte de las fuerzas policiales”.
La compañera exigió “que se cumpla con el protocolo por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación para evitar la violencia policial, que la justicia investigue y sancione a los culpables y que se inste a todos los miembros de las fuerzas policiales a no avanzar sobre los derechos y garantías de los ciudadanos y las ciudadanas para evitar el maltrato, abuso de autoridad, violencia institucional y el hostigamiento”, reclamando la derogación del decreto.
Además, Verónica replicó la denuncia de la senadora del Frente de Todos, Nora Giménez, de que al 9 de abril el gobierno provincial no había girado a los municipios salteños millones de pesos enviados por el gobierno nacional el 26 de marzo. De un total de 981 millones de pesos destinados por Nación a Salta para la emergencia sanitaria, 54 millones estaban asignados a 8 municipios que además de estar en emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, son los más castigados por el hambre y la pobreza. Estamos hablando entre ellos de los distritos del norte provincial donde han fallecido 14 niños wichi por desnutrición, como Rivadavia Banda Norte, Rivadavia Banda Sur, Santa Victoria Este, Gral. Ballivian, Salvador Mazza, Aguas Blancas, General Mosconi, Colonia Santa Rosa.
Aclara la diputada que a estos ATN enviados por el gobierno nacional, hay que sumar que Nación refinanció la deuda que la provincia debía pagar en 2020, que es un total de 1.800 millones de pesos, sumados a los 981 millones en efectivo que envió, estamos hablando de un total de 2.781 millones de pesos que el gobierno provincial retiene, en medio de esta situación de emergencia sanitaria.
Por otro lado, la compañera del PTP/PCR de Salta agrega que los diputados del bloque salteño del Frente de Todos han hecho un pedido de informes al gobierno salteño, por el incumplimiento en la entrega de 160 mil módulos alimentarios (40 mil por mes) a las zonas declaradas en Emergencia Sociosanitaria, financiados a mediados de enero con 320 millones de pesos girados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Al 3 de abril, el gobierno provincial reconocía haber entregado solamente 32.900 módulos focalizados.
Por último, la diputada Caliva nos recordaba la denuncia al gobierno salteño presentada ante el INADI por discriminación a niños wichi, por el desalojo, el 31 de marzo, de niños internados en el edificio de Recuperación Nutricional del hospital de Tartagal, con el argumento de instalar allí una guardia pediátrica. Caliva reclamó la renuncia de la ministra de Salud Josefina Medrano De La Serna.
Ver más información
https://pcr.org.ar/nota/tartagal-encierran-ninos-wichis-desnutridos-en-boxes/
De la Redacción del Hoy
Hoy N° 1810 15/04/2020
