El gobernador Suárez solicitó al gobierno nacional que la vendimia fuera exceptuada de la cuarentena, pero se olvidó que eso implicaba que un grupo de personas provenientes del NOA debían volver a sus hogares una vez terminada la misma. Así razona el cerebro liberal, donde el obrero es muy importante mientras levanta la uva por un salario mísero y gran parte en negro, y es desechado apenas sale por la tranquera de la finca. De esto la Coviar tiene mucho para responder: Mientras gasta 15 millones de pesos en comunicación institucional ¿cuánto gasta en erradicar el trabajo en negro?
Hace falta un comité de crisis mientras dure la emergencia. La situación de abandono que sufrieron cientos de trabajadores rurales en la Terminal de Mendoza los primeros días de abril deja planteadas algunas preguntas y también certezas. Si hubiera existido un Comité de Crisis, como lo viene pidiendo el frente Todos de Mendoza, con participación de representantes de los sectores rurales se hubiera llegado rápidamente a la conclusión de que había que tener un registro de cuántos obreros golondrinas estaban trabajando y preparar un plan de retorno a sus hogares coordinado con los municipios afectados a la cosecha. Tan simple como eso. La inexistencia de ese comité y la lentitud del gobierno provincial en responder a los llamados de la militancia en derechos humanos de Mendoza (la Red DDHH), luego de una semana con más de 600 personas pasando necesidades elementales, con niños, con gran riesgo de contagios por el amontonamiento en plena cuarentena por el Covid-19, habla de que en el radar del gobierno de Suárez el obrero rural simplemente no existe. Varios almuerzos y cenas de esas cientos de personas fueron resueltas con la solidaridad de clase de la organizaciones sociales.
También es un llamado de atención a los organismos del Estado que debieron actuar en este caso, más allá del color político que lo administre.
Empezando por la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza, que es la encargada de inspeccionar el territorio, en coordinación con los ministerios de Trabajo y del Interior de la Nación, para tener un registro estimado de cuántos son los obreros que no están registrados por las empresas, y de estos cuántos son migrantes. El INV es un organismo que tiene toda la información sobre la fuerza laboral que se mueve en la cosecha, que bien pudiera haber actuado en coordinación con el resto de los organismos públicos nacionales y provinciales. También los municipios con sus áreas de Trabajo, y los sindicatos de Foeva que debieran estar solicitando al gobierno nacional la implementación del Programa Intercosecha reglamentado en la Res. 1627/2015.
Por eso desde el PTP-Todos solicitamos al gobierno provincial que convoque a todos los sectores sociales a un Comité de Crisis, y a modificar sus políticas sobre los sectores más castigados por esta crisis. Solicitamos el refuerzo de inspectores en la Subsecretaría de Trabajo, estimulando denuncias penales cuando haya derechos humanos vulnerados intrínsecos a la relación laboral.
Mientras haya trabajo en negro, y mientras el capitalismo liberal reine en el campo mendocino, seguirá siendo necesaria la unidad de los obreros y pequeños productores, para impulsar una política que priorice los sectores que generan la riqueza, que evite el abandono de las industrias agroalimentarias en crisis, y que impulse un desarrollo diversificado del campo mendocino, donde la producción de alimentos sea la prioridad.
Escribe Nicolás Guillen
Tomado de www.ptpmendoza.com
Hoy N° 1812 29/04/2020
