La preocupación central del kirchnerismo ha sido y es “la caja”, es decir lo que le queda de los ingresos para gastar dejando el llamado superávit fiscal primario para cumplir con los intereses y amortizaciones de la deuda pública. Lo que hace que las medidas anticrisis anunciadas sean muy limitadas, que otras tengan solo un fin recaudatorio e incluso que otras sean procrisis, como los aumentos en las tarifas y de los impuestos que las acompañan. Al mismo tiempo, en función de “la caja” se niega a hablar de reducir impuestos regresivos como el IVA y las retenciones a las exportaciones del agro, como sería necesario en cualquier plan anticrisis para favorecer el consumo y la producción (más aun ante el desastre climático en el caso del campo).
El kirchnerismo mantuvo y profundizó el sistema impositivo regresivo en estos años: sus fuentes principales de ingresos pasaron a ser las retenciones a las exportaciones y el IVA. Con precios internacionales extraordinarios en los hidrocarburos (petróleo, gas y derivados) y en los cereales y oleaginosas, y aumentando las alícuotas, los derechos de exportación pasaron representar el 25% de los ingresos fiscales. Esto se terminó en los hidrocarburos, y en cereales y oleaginosas viene decayendo por la caída de los precios internacionales y la disminución de las cosechas agravada por la tremenda sequía. En cuanto a la recaudación por el IVA también se verá afectada por la caída en el consumo.
Ante este panorama, para asegurar “la caja”, el gobierno apeló a la estatización de los fondos de las AFJP, que le permitieron transferir al Anses unos 100.000 millones de pesos y le aseguran un flujo anual de unos 15.000 millones adicionales por los aportes jubilatorios que antes iban a las privadas y ahora ingresarán directamente al Estado. Pero esto en vez de traducirse en el necesario aumento a las retrasadas jubilaciones y pensiones, que hubiera tenido un efecto anticrisis en todos los lugares del país (retornando los fondos a sus lugares de origen), se decidió emplear para créditos baratos para autos, electrodomésticos y turismo. Una medida que, además de devaluar los fondos del Anses (del 25% que hoy obtendrían en plazo fijo, se los da a los bancos para estos préstamos al 11%), solo puede favorecer sectores de altos ingresos capaces de pagar la cuota y de dudosa efectividad anticrisis por la aversión al endeudamiento que provoca la misma (la llamada por Keynes “trampa de liquidez”).
Un blanqueo que se las trae
Después vino el proyecto de ley de blanqueo y moratoria presentado como “plan anticrisis” y ya aprobado por dudosa mayoría en el Congreso. En verdad, aunque le permita algunos ingresos al fisco, tampoco significa un estímulo directo al consumo y la producción.
La moratoria de deudas impositivas y previsionales puede servir a algunos pequeños empresarios en condiciones de pagar, pero es dificultoso que los grandes evasores acepten reconocer sus deudas pagando en cuotas, a cambio de la suspensión de los juicios, salvo que evalúen que pueden perder esos juicios. Pero esto solo tiene un objetivo recaudatorio, de por sí no tiene ningún sentido anticrisis, salvo el compromiso de mantener su planta de personal (en blanco, se entiende, al momento de su promulgación, con lo que tampoco hay protección para los que fueron echados antes). A su vez, el estímulo al blanqueo de trabajadores en negro, rebajando por un año las cargas sociales, es de dudosa efectividad porque si no lo hicieron antes ¿por qué habrían de hacerlo ahora frente a la crisis? Más aun cuando el principal empleador en negro, o con parte de los salarios en negro, es el Estado y no hay ningún compromiso de su parte de blanquear a esos trabajadores o de incorporar a sus salarios la parte llamada “no remunerativa”.
Y en cuanto al blanqueo de capitales solo puede servir para “la caja” fiscal si hay interesados en blanquear algo que están haciendo con capitales en negro, pero es difícil que traigan e incorporen nuevos fondos a la actividad interna, cuando su tendencia agudizada por la crisis es irse del país; en el caso de fondos en el exterior puede haber capitales de dudoso origen (sobornos, drogas, etc.) que aprovechen para blanquearse a bajo costo y sin riesgo de investigación penal fiscal, lo que permitiría un ingreso al fisco, pero no quiere decir que vengan al país pues no se los obliga a ello, y en las actuales circunstancias nadie va a arriesgarse a hacerlo voluntariamente, por lo que no va a haber más plata para la producción o el consumo.
Débil estímulo al consumo
De todas las medidas tomadas o anunciadas las únicas que pueden tener un efecto anticrisis son las referidas a aumentar los ingresos de los trabajadores y la destinación de fondos a la obra pública. En primer lugar estuvo la eliminación de la tablita de Machinea, sostenida y empeorada por Duhalde y Kirchner por más de seis años, pero cuyo efecto es limitado a sectores asalariados de altos ingresos unas 300.000 personas que implican unos 1.500 millones en un año, muchos de los cuales en prevención de la crisis en lugar de realizar un mayor consumo pueden optar por comprar dólares.
Mucha más efectividad para aumentar el consumo tiene sin dudas el plus a los jubilados que abarca a más de 4 millones de personas, pero fueron solo 200 pesos para cada uno y por una única vez: 800 millones de pesos como premio consuelo de los 13.200 millones de sus fondos en el Anses que serán derivados a otros sectores en préstamos a bajo interés. A los que se agregan otros 4.000 millones, en las fuentes de financiación del “megaplan” de obras públicas.
Yendo a este último, que más que plan fue un rejunte de anuncios ya hechos de obras que llevan varios años de anunciadas, por montos que también se repartirán en varios años. Sus resultados sólo podrán verse en la medida que se vayan ejecutando y cuanta plata vaya llegando a su destino, descontando lo que se pierde en el camino, por los habituales “retornos” para De Vido y su jefe, aumentos arbitrarios de costos, etc. En principio, la suma de 111.000 millones de pesos anunciada, se reduce a 57.000 millones para todo el 2009, de los cuales estaban presupuestados 33.000 millones; es decir que el aumento de inversión sería de sólo 24.000 millones de pesos. Puede ser importante para los lugares “agraciados”, pero de conjunto es poca plata, si tenemos en cuenta que la inversión en la construcción por el sector público significa apenas un 20% en el total de la construcción en el país (de un 10 a un 30%, según las provincias), es decir que la mayor parte de la construcción es privada, de particulares grandes y chicos, y el aumento anunciado por el sector público cubriría apenas un pequeño porcentaje de lo que se viene perdiendo por paralización o retracción de los permisos de obra en el sector privado, primero por el conflicto con el agro y ahora por la crisis generalizada.
No subestimamos el efecto político, aunque sea demagógico, que la realización de esas obras pueda tener en los lugares que se realicen, como tampoco subestimamos lo que significaron los 200 pesos para los que cobran apenas 680 pesos por mes (de lo que se enorgulleció la presidenta), pero lo que decimos es que macroeconómicamente, en relación a la profundidad y durabilidad de la crisis, son gotas de agua en un desierto. Además está el problema de los vencimientos de la deuda pública, que el ex presidente Kirchner ha dicho que se van a “honrar”, con lo que se puede achicar la manta de no solo lo anunciado en el “megaplan” sino también todo lo presupuestado para 2009, empezando por la salud y la educación que son sus cenicientas. Además está el problema del déficit de las provincias y municipalidades que nada podrán hacer por la reducción de la coparticipación y de sus propios recursos, por la crisis.
La situación de los trabajadores y el pueblo se seguirá agravando con la caída del consumo y la producción. Seguirán aumentando las suspensiones y despidos, los trabajos temporarios continuarán desapareciendo, los salarios y las jubilaciones deteriorándose, etc. No se declara emergencia ocupacional y se busca frenar toda recomposición salarial, mientras en función de “la caja” el peso sigue devaluándose y los tarifazos, con los impuestos incluidos, golpean con fuerza los bolsillos populares. El panorama será aun más grave en las provincias afectadas por la contingencia climática, pues se mantienen las retenciones al agro que no son coparticipables y ni hablar de su segmentación, con lo que se sigue favoreciendo la concentración en manos de los grandes terratenientes y púles. Y eso disminuye aun más la capacidad contributiva local, al tiempo que la emergencia agropecuaria decretada por el gobierno solo incluye la prórroga de impuestos que son coparticipables, como Ganancias y Bienes personales, por lo que la mitad de la prórroga cae sobre las provincias y un cuarto sobre el Anses, con el “consuelo” usurario de una carga de interés del 14% anual para los contribuyentes. En tanto las “ayudas” del gobierno nacional son irrisorias: por ejemplo, los productores de la provincia de Santa Fe que aportan 1.800 millones de dólares en derechos de exportación, han recibido solo 60 mil pesos de “ayuda” por la sequía.
