La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la modificatoria de la Ley 27.541, llamada de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública”, que se había sancionado a fines del año 2019 como parte de las medidas para hacer frente al descalabro económico y social dejado por el macrismo. Los beneficiarios principales de esta Ley eran las Pymes y MIPymes, con la media sanción aprobada el viernes 31 la Ley pasará a denominarse “De “Regularización de Obligaciones Tributarias, de la Seguridad Social y Aduanera” para incluir a las grandes empresas monopólicas.
Votaron a favor 137 diputados con abstención de Juntos por el Cambio y el voto en contra del FIT. Señalo lo más preocupante y grave de las modificaciones que ahora se legisla: En primer lugar se incluye en los beneficiarios de esta moratoria a empresas monopólicas, que en los años del macrismo y al presente “se llevaron y llevan ganancias en pala”, la mayoría de capital imperialista, que son deudores de aportes y contribuciones a la Seguridad Social, es decir a quienes en tiempo y forma no depositaron los aportes que les descontaron a sus trabajadores con destino a sus propias jubilaciones y lo que les correspondía depositar como contribución patronal con destino al ANSES, lo cual se califica en la Ley argentina como malversación de fondos o en otros términos estafa directa a los jubilados y pensionados y al Estado.
Lo que hicieron estos evasores y malversadores fue destinar esos fondos, sustraídos ilegalmente al ANSES, a la timba financiera con las Leliq, que solo pueden suscribir los bancos, el Banco Central llegó a pagar el 70 % de interés anual con Macri y ahora el 38 % anual. Según el refrán “para muestra basta un botón” y aquí se anota Telecom, empresa que fue mencionada como beneficiada por la moratoria tras la sanción de esta Ley y que a través de los Bancos con que opera pudo derivar dinero de los jubilados a las Leliq.
El segundo cuestionamiento consiste en que con el artículo 7 de la Ley se establece que “Las multas y demás sanciones, correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 30 de junio de 2020 quedarán condonadas de pleno derecho” y se les otorga a las grandes empresas un plazo de cuatro años para regularizar la deuda, con un interés del 2 por ciento mensual sobre el monto que entra en la moratoria, cuando la inflación en el curso del año ya supera este porcentaje, es decir un premio sobre el premio.
Por último el artículo 16 dice textualmente: “Se deja establecido que los derechos sobre los fondos coparticipados que se generen por la presente ley de moratoria podrán ser estructurados como instrumentos financieros y securitizados o cedidos por parte de las Jurisdicciones que lo reciban”, lo cual significa un verdadero acto antifederal y unitario por que se condiciona e impulsa a las Provincias a usar esos recursos para contraer préstamos, en el momento en que las Provincias sufren la caída de la coparticipación federal de impuestos y también de los recursos tributarios de origen provincial.
En fin, en esencia, un rumbo de política tributaria contraria a los intereses populares y de la Nación, una moratoria para la industria nacional pequeña y mediana, autónomos, etc. no solo estamos de acuerdo sino que es imprescindible.
Escribe Benito Carlos Aramayo
