La crisis sanitaria ha golpeado muy fuerte a las familias trabajadoras chilenas. Miles de pobladores se han organizado para levantar ollas comunes. Se fortalecen día a día la solidaridad, la cooperación, la necesidad de generar redes y el auge de las luchas populares ante la falta de respuesta del Estado.
Una acumulación histórica de injusticias contra el pueblo de la hermana República de Chile, exacerbada hoy por el aumento del hambre y la pobreza, produjeron la histórica respuesta popular iniciada el 18 de octubre del año pasado con una gigantesca rebelión contra el orden impuesto por la fuerza desde 1973.
Jornadas de luchas ininterrumpidas hasta que desde fines de febrero de este año la emergencia sanitaria y social generada por la pandemia del Covid-19 impuso otras prioridades, como dar respuesta inmediata al hambre, el crecimiento del desempleo; el hacinamiento de más de 100 mil familias en campamentos sin agua potable ni alcantarillado, y otras miles apretujados en cubículos y departamentos por los que pagan alquileres abusivos; la salud de clínicas de lujo para pocos y de hospitales colapsados para la mayoría.
Durante el último mes de julio, convocadas por redes sociales y diversas organizaciones sociales, estallaron protestas en varias comunas y regiones. El cacerolazo del 31 de julio contra el gobierno de Piñera fue protagonizado por miles de personas que desde sus casas, edificios, plazas y calles, hicieron sonar las ollas, sacaron banderas negras y realizaron cánticos. Hubo homenajes a las víctimas de la represión y a los fallecidos por el coronavirus.
El gobierno de Piñera sabe que crecerán las tormentas sociales. Sin embargo, parece estar confiado en que las FFAA y policiales se harán cargo de liquidar a sangre y fuego la rebelión popular. En esa dirección renovó su gabinete, colocando en el Ministerio del Interior al ultraderechista Víctor Pérez, ex funcionario de la dictadura de Pinochet.
En La Araucanía, grupos de indígenas mapuches ocuparon varias municipalidades en protesta por la falta de respuesta a la situación de los comuneros presos y en huelga de hambre, quienes exigen que se cumpla el Convenio N° 169 de la OIT sobre “Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, y que se les conceda el derecho a continuar sus condenas en los domicilios y comunidades ante la posibilidad de contagio del Covid-19.
Frente a esto, grupos parapoliciales y paramilitares de ultraderecha junto a contingentes de carabineros procedieron al desalojo violento de las sedes municipales efectuando múltiples agresiones racistas en contra de las comunidades mapuches. Crece la militarización de la zona.
Pero el pueblo mapuche continúa con su infatigable la lucha. Giovanna Tabilo, vocera del machi Celestino, explicó que la toma de sedes municipales en Curacautín, Ercilla, Traiguén y Victoria tenían como objetivo que se atendieran “las demandas de los presos políticos, algo totalmente aplicable y que no es nada de descabellado en comparación con la libertad que se les ha dado a los condenados por crímenes de lesa humanidad”. Agregó que “nuestra gente en los territorios, no va a bajar la guardia, aunque el gobierno intente amedrentarnos por orden de los latifundistas. No nos vamos a desmovilizar y vamos a seguir adelante”.
El protagonismo popular no se detiene y crece día a día. El pueblo avanza hacia formas superiores de lucha.
La construcción de una poderosa organización política será una tarea indispensable para conducir las luchas hacia un nuevo Estado donde la clase obrera y el pueblo tengan el poder en sus manos. Todo nuestro apoyo y solidaridad y con el pueblo chileno y su inclaudicable lucha.
Hoy N° 1827 12/08/2020
