La situación sanitaria que atraviesa la provincia de Jujuy es un claro ejemplo de implementación de una política autoritaria, corrupta y de desprecio a las inmensas mayorías del pueblo. Al momento que conversábamos con Verónica Aramayo, Jujuy tenía 190 casos nuevos, en un día, sobre un total de 5.371 contagios y 156 fallecidos a causa de Covid, y las camas de terapia intensiva de la provincia se encontraban ocupadas en un 93,5%.
Una provincia que por dos meses no tuvo un caso, y sin embargo, el tráfico de coca de una comitiva del gobernador de Bolivia a la Quiaca, sumadas a las condiciones de trabajo en la empresa Ledesma y la minera Exar -que nunca detuvieron la producción- hizo que el virus se extendiera velozmente y hoy el pueblo jujeño tenga que lamentar la muerte de diez obreros y centenares de mineros contagiados. Sin controles, hisopados ni atención de la salud.
Con este panorama crítico, los sindicatos de la salud en los últimos meses vienen encarando diversas medidas de fuerza realizando los “Ruidazos por la Salud y el Hospital Público” para exigir al gobierno de Morales que dé soluciones a los trabajadores que se encuentran enfrentando la pandemia en la primera línea y que garantice la salud del pueblo jujeño.
Esta crisis, según la trabajadora social, se origina principalmente por la falta de recursos humanos, y las causantes son “los bajos salarios de los profesionales universitarios, la excesiva burocracia que lleva hasta dos años para cobrar su sueldo, y la falta de movilidad en los escalafones. Esto hace que hoy no se consigan profesionales por los bajos salarios y la escasa infraestructura hace perder el entusiasmo a cualquier profesional que quiera instalarse en zonas alejadas”.
Señala Aramayo que esta crisis se agudizó con la implementación del Plan Estratégico de Salud en el marco de la mal llamada Cobertura Universal de Salud (CUS): “un proyecto privatizador del sistema público que puso en marcha el macrismo, que implementó el gobernador Gerardo Morales y el ministro de Salud Gustavo Bouhid, con 300 bajas en cargos del sistema de salud, las que en su amplia mayoría no fueron reemplazadas, y las reposiciones que se hicieron fue con personal precarizado, debilitando el servicio”.
Apunta Verónica que la ejecución de este Plan Estratégico tuvo consecuencias directas en el abordaje sanitario de la pandemia, con la consiguiente desestructuración del Programa de Atención Primaria de la Salud (APS). “Antes de la explosión del Covid, y en la etapa de mitigación del virus, el gobierno arremetió fuertemente con la desestructuración del primer nivel de atención, a contramano de lo que debió hacerse en esa coyuntura sanitaria. Los parches que hoy se intentan no alcanzan a reparar el daño realizado. Cuando está estudiado que los países con una atención primaria con recursos, de calidad y organizada pueden frenar la curva de nuevos contagios”.
“En este contexto, la situación de los equipos de salud en Jujuy es grave”, afirma Aramayo. “Tenemos una tasa de contagio superior al 20%, que triplica la media nacional (que es del 7,2); siendo Jujuy la provincia con mayor porcentaje de trabajadores de la salud contagiados de Covid-19 o en aislamiento por contacto estrecho. Los contagios tienen claras razones: la no provisión, en tiempo, calidad y cantidad de los elementos de protección personal. Insuficientes recursos humanos para las rotaciones y escaso personal especializado, la no activación de protocolos de manera correcta, el no cumplimiento del tiempo de aislamiento de los trabajadores y trabajadoras de la salud que se han contagiado -obligados a volver bajo amenaza a sus puestos de trabajo- y la baja capacidad de testeo de la provincia.
En este escenario de emergencia sanitaria los trabajadores profesionales de la salud se encuentran además precarizados, con salarios por debajo de la canasta básica ($45.000). “Un profesional de la salud, categoría de inicio en nuestra provincia, percibe como salario $36.000. Hace un año que no hay paritarias por lo que, los ya azotados bolsillos de los trabajadores, no reciben recomposición salarial alguna desde entonces. En una clara muestra de indolencia y atropello a los derechos laborales, el gobierno realiza descuentos sobre trabajadores con licencia o aislamiento, los que también se ejecutan sobre el magro bono de $5000”.
Para finalizar, Aramayo destaca el rol de las organizaciones sociales para enfrentar esta situación de gran impacto en lo social y económico, el trabajo en los comedores para dar de comer a las familias. Desde donde también se está informando, haciendo prevención a la población. Junto con los docentes y gremios se está organizando voluntariado y colectas para el hospital de Ledesma.
Hoy N° 1829 26/08/2020
