Los trabajadores de los principales gremios que desarrollan tareas en el complejo agroexportador del Gran Rosario comenzaron esta semana planes de lucha ante la negativa de las patronales agroexportadoras de aumentos salariales acordes a las necesidades de las familias trabajadoras.
El lunes 30/11 comenzaron con medidas de fuerza la Federación Nacional Aceitera junto a Urgara (que nuclea a los recibidores de granos), tras un acuerdo entre ambas entidades gremiales realizado el mes pasado para impulsar la acción conjunta.
Por su parte el SOMU (donde se agrupan en la región los prácticos que realizan tareas de embarque y amarre) declaró el martes 1/12 una huelga en las tareas a bordo de lanchas de transporte de prácticos en la zona comprendida entre Timbúes y Baradero.
El SOEA, que representa a los trabajadores aceiteros de San Lorenzo y la región (donde se encuentra el mayor número de afiliados del complejo agroexportador), luego de una asamblea entre la comisión directiva y el cuerpo de delegados, y de la realización de asambleas en las puertas de las empresas, definió un plan de lucha que se inició con un paro el jueves 3/12 en todas las plantas aceiteras del departamento San Lorenzo, desde el primer turno con plantas paradas, guardias mínimas y presencia en los portones. Finalizada esta medida evaluaban la continuidad y modalidad de la medida de fuerza.
Si bien cada gremio tiene sus reclamos particulares, los reclamos centrales son la reapertura de paritarias (que debería haberse dado en septiembre), el pago de un bono pandemia (que desde abril está pagando la empresa Cofco y que se entrega por haber sido considerados trabajadores esenciales durante la cuarentena sin interrumpir su trabajo) y el pago del bono de fin de año en su totalidad (varias empresas amenazaron con recortarlo).
“Toda medida de fuerza contra los puertos es hoy una acción contra el país. Pretendemos que ambos gremios vuelvan a la mesa de negociación, con un reclamo realista; no es el momento de hipotecar el futuro con demandas imposibles”, declaraba Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de Industrias Aceiteras de la República Argentina, quien es además uno de los tres hombres elegidos por todo el lobby agroexportador para ser la cara del Consejo Agroindustrial Argentino y negociar con el gobierno nacional las leyes y medidas para el sector.
Las agroexportadoras tienen ventas récord
Luego de meses de negociación (más de 15 reuniones en algunos casos) las empresas se muestran inflexibles en la discusión paritaria argumentando que los aumentos dados en abril alcanzan a cubrir la inflación y que el sector no está en condiciones de mejorar la oferta.
Estamos hablando de un sector donde 10 empresas, en su mayoría multinacionales, controlan casi el 90% de la agroexportación y explican el ingreso del 89% de las divisas netas que entraron este año al país desde enero a septiembre inclusive. Sin embargo, alegan problemas de rentabilidad y una situación compleja en lo económico debido a una alta capacidad ociosa en la industria aceitera y harinera.
Mientras tanto, los precios de los productos agrícolas baten todos los récords de los últimos años y las empresas presentaron ventas al exterior también con números récord. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires destacó esta semana que el precio FOB del aceite de soja en Argentina alcanzó en noviembre su valor máximo desde que comenzaron a publicarlo, en 2017. Nuestro país es el principal exportador global de aceite de soja, y son estas empresas las que facturan con su producción.
“Quieren un dólar más caro y que les bajen las retenciones, y nos ponen en el medio a nosotros”, explicó Pablo Reguera, secretario de SOEA en la asamblea que se realizó esta semana en la puerta de Cargill, en el marco de una ronda de asambleas en las que se discuten medidas de fuerza.
La Federación Nacional Aceitera por su parte en un comunicado asegura que “Como ya hemos señalado, es cada vez más evidente que las cámaras patronales en ningún momento han tenido voluntad de negociar y muy por el contrario, han buscado empujar al conflicto a todas las organizaciones gremiales del sector para generar las condiciones sectoriales que, como cortina de humo, les permitan justificar la baja liquidación de divisas con las que aportan a la embestida devaluatoria contra el peso argentino y contra el gobierno nacional, de igual manera que buscan continuar presionando por nuevas medidas en beneficio de los intereses empresarios”.
Ambos gremios aseguran que no es solo una discusión de actualización de haberes o de pago de bonos extra como el Bono Covid, sino que hay una intención de las empresas de avanzar sobre derechos adquiridos como la paritaria, los turnos o incluso el premio de fin de año que desde hace años reciben los trabajadores del sector.
En este mes, además el Consejo Agroindustrial Argentino, que nuclea a todo el sector agroindustrial, y que tiene a Gustavo Idígoras como representante máximo, está discutiendo con el gobierno en distintas instancias un paquete de medidas que van desde leyes que favorecen al sector hasta la baja y el congelamiento de las retenciones por 10 años.
Factores todos estos que generan la sospecha que detrás del “estiramiento” del conflicto sindical no haya un problema económico como argumenta el empresariado sino la doble intención de presionar al gobierno para conseguir beneficios y avanzar sobre conquistas obreras en busca de bajar el costo salarial.
Hoy N° 1844 09/12/2020
