El femicidio de Úrsula a pesar de las incontables denuncias previas por violencia machista realizadas contra el femicida nos convocaba nacionalmente al 17F. En medio de la coordinación y confluencia el viernes 12 de febrero por la noche, fallecía en el Hospital Pablo Soria Marina Patagua, con golpes y puñaladas. Pidió auxilio a los gritos, pero ni vecinos ni la policía llegó a tiempo. Ella ya estaba inconsciente, él se estaba autolesionando, por lo que agentes policiales que lograron ingresar por el fondo de la casa lo inmovilizaron. Ambos fueron derivados al Hospital, donde Marina falleció a las dos horas, y el femicida sigue internado.
La indignación nos convocó masivamente a salir a las calles, el femicida de Marina había sido liberado semanas antes por el Juez Pullén Llermanos, a pesar del pedido de la Fiscalía de convertir el arresto de Gutiérrez en detención. La libertad ordenada por el juez habilitado en los Juzgados Especializados en Violencia de Género de Perico y Humahuaca (designado en el marco de la declaración de emergencia en violencia de género declarada a nivel provincial –Ley Iara, al que la Legislatura no le asignó presupuesto- como dentro del Poder Judicial) se transformó en la acción que legitimó al violento en sus violencias, empoderándolo, para salir en libertad, sin sanción, a seguir violentando a Marina.
Las hijas encontraron una denuncia por violencia de género ya realizada en 2018, sin ninguna data que acredite que el Poder Ejecutivo provincial, a través del Consejo Provincial de la Mujer, haya acompañado a Marina desde 2018 para evitar que ella vuelva al círculo de violencia y termine asesinada por el femicida Gutiérrez.
Las propuestas de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy
Ante la reiteración de un feminicidio en Jujuy (llamamos así al asesinato de una mujer por violencia de género que implica a la responsabilidad de quien mata pero también del Estado que por su acción y/u omisión permitió que acontezca) elaboramos desde la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy diversas propuestas para los tres poderes del Estado, con sendas notas que presentamos en cada uno en el transcurso de la marcha, donde también se escrachó con huevos el juzgado de Pullén Llermanos:
1. Al Ministerio Público de la Acusación: Reclamamos informes respecto de los recursos humanos y de producción probatoria destinados a las fiscalías especializadas que atienden en total un 60% de las causas penales. Declarar la emergencia provincial sin inyectar recursos donde más se demanda es no estar acorde al flagelo.
2. Al Superior Tribunal de Justicia: si bien está planteado un jury al juez Pullén Llermanos, el mismo no está designado en el cargo por concurso, sino que fue “habilitado” en el Juzgado Especializado de Violencia de Género; por lo tanto reclamamos que se lo #deshabilite, y hasta tanto se realice un nuevo concurso, se habilite en su lugar a una de las personas que rindieron el concurso para los otros cargos de jueces/zas, donde esté garantizada la perspectiva de género en la capacitación probada.
3. Al Consejo Provincial de la Mujer/Poder Ejecutivo: le reclamamos informe sobre qué seguimiento se realizó respecto de Marina Patagua desde 2018, qué convenios se realizaron con el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Acusación a fin de tomar conocimiento de las denuncias por violencia a fin de poder hacer el acompañamiento a las víctimas, y qué convenio se realizó con el Ministerio de Seguridad a fin de garantizar custodias policiales con la sola comunicación sin orden judicial previa cuando el riesgo de mujeres, hijas e hijos así lo requiera.
El problema que tenemos en la provincia y en el país, es que el Estado no asume la responsabilidad que tiene en evitar las muertes de mujeres. Por lo menos no el poder judicial, ni el poder ejecutivo. Pareciera que asumen que el problema es del otro, o que no tiene solución. Pero siempre, sin excepción, hay un camino que de haberse recorrido por parte del Estado, se hubiese evitado esa muerte. Necesitamos perspectiva de género en todos los poderes, las justicias provinciales que entienden en las medidas de protección y en las causas penales de violencia de género deben garantizar esas perspectivas en sus funcionarios y funcionarias. Lo contrario, como se demuestra en Jujuy, nos arroja a más muertes y más violencia machista. Las detenciones, deben ser observadas no solo como medidas que garanticen la persecución penal, sino también la protección de las víctimas, especialmente cuando los informes de riesgo dan cuenta de éste.
Los ejecutivos provinciales, municipales y nacional, deben asumir el rol que tienen respecto de la protección de la vida de las mujeres víctimas de violencia, y sus hijos e hijas. Si se inmoviliza a un suicida para evitar que se mate, no hay excusa que justifique no actuar ante una mujer, hijas e hijos que sufren violencia machista. Plantear que la Ley de Salud Mental impide esa protección es lo mismo que plantear que no es posible evitar el suicidio, incluso cuando el Estado sabe de ese riesgo.
Y las acciones machistas, desde el propio Estado, empodera a los machistas e incide en la escalada de violencia de género indefectiblemente.
En el caso de Marina Patagua, como en el caso de Nahir Mamani, sus hijas no solo hicieron la querella, sino que decidieron hacer el juicio civil contra el Estado por la responsabilidad del mismo (entendidos los tres poderes) en su feminicidio. El Estado no es una ONG que debe hacer lo que puede. Tiene la obligación indelegable de impedir que nos maten por ser mujeres.
Escribe Mariana Vargas
