Luego de que Romina sufriera una agresión por parte de algunas internas del Penal de Mujeres, el director de dicho Penal tomó medidas de seguridad para ella que implicaban un inexplicable agravamiento de las condiciones de detención, asimilable a una sanción que desde ya era injustificada en razón de ser Romina víctima de dicha agresión y no autora de la misma. El agravamiento consistió en aislarla en un aula, no permitirle recibir llamadas telefónicas, permitir que salga sola al patio sólo en dos oportunidades al día, en no llevarla a donde recibe atención psicológica y no permitir recibir clases de un profesor a fin de terminar de dar las dos materias que adeuda del secundario.
Ante ello, se interpusieron varios hábeas corpus. El juez de instrucción Gutiérrez, atento a la situación, inmediatamente hizo lugar a uno de esos hábeas corpus, recobrando Romina sus derechos dentro de la cárcel.
Esto contrastó con el ensañamiento por parte del juez Llermanos, quien controla la ejecución de la pena privativa de libertad que sufre Romina, quien no solo no resolvió en tiempo el hábeas corpus interpuesto ante él, declarándolo una semana después que la cuestión había devenido abstracta, sino que además notificó a Romina mediante un oficio que no le permite estudiar una carrera universitaria.
Lamentablemente, el servicio penitenciario y el gobierno provincial del que depende, no sólo no garantiza la seguridad de Romina y del resto de los internos, sino que además fomenta y azuza las contradicciones que surgen en la convivencia carcelaria, alentando la continuación de las agresiones como también la puesta en situación de riesgo.
Una carta supuestamente escrita por las internas agresoras de Romina, fue publicada en el diario El Tribuno el 14 de marzo. Su lenguaje y lápiz, que desmentían los hechos denunciados y los tergiversaba, tenían un vocabulario demasiado ajenos a dichas internas, y demostraba claramente una respuesta del Servicio Penitenciario, a través de la firma de dicha nota por parte de esas internas a las que usa para seguir intentando doblegar a Romina.
El Servicio Penitenciario y el gobierno provincial no ofrecieron ni ofrecen garantías de cuidar la integridad de Romina Tejerina y el conjunto de las internas.
La familia de Romina exige al gobierno provincial, que se tomen medidas concretas, que sin agravar las condiciones de detención de ninguna interna, aseguren la integridad física de Romina Tejerina y el resto de las detenidas, y asimismo cesen de parte de los funcionarios carcelarios las incitaciones a más violencia dentro del Penal de Mujeres.
Es por ello que la familia de Romina Tejerina solicitará una entrevista con el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad jujeño, acompañada por organizaciones de la provincia.
02 de October de 2010
