Si bien hasta el momento no hay información clara sobre el asesinato del presidente de Haití Jovenel Moïse, es probable que haya habido alguna participación de las fuerzas de seguridad. Al cierre de esta nota fueron detenidos cerca de 15 colombianos (varios de ellos retirados del ejército), dos estadounidenses, mientras que tres de los supuestos atacantes fueron muertos, y otros huyeron.
Hay que tener en cuenta que desde febrero del 2019 miles de haitianos salieron a las calles para exigir el fin del gobierno de Jovenel Moïse, ante la brutal crisis económica y los escándalos de corrupción.
Moïse era acusado de la malversación de 3.800 millones de dólares que recibió Haití de Petrocaribe (acuerdo de países del Caribe y Venezuela), que debían ser invertidos en obras de infraestructura y en proyectos económicos y sociales.
Se paralizaron todas las actividades y hubo inmensas manifestaciones a pesar de la represión. Hubo también caravanas de motociclistas, huelgas de transportistas, quema de comisarías y edificios gubernamentales, y, sobre todo, miles de barricadas que rápidamente tabicaron la capital y todos los departamentos del país. “Tenemos derecho a vivir como personas” fue la consigna que sintetizaba el levantamiento.
Ya en ese momento se había formado una amplísima coalición opositora, y hasta “Religiosos por la Paz”, integrada por todos los credos, incluyendo el vudú, se negó a acceder al pedido de Moïse de hacer de mediadora.
El problema de fondo son las condiciones de vida del pueblo haitiano, que han creado un verdadero polvorín. El hambre, que golpea al 60% de la población, el aumento constante de la carestía de la vida, la desocupación endémica, las condiciones de salud y de vivienda. El trabajo es completamente informal. Hay una ruina de la producción agrícola, un éxodo de las y los jóvenes expulsados del campo a la ciudad y de allí a países donde son discriminados y superexplotados.
Haití fue ocupado durante años por una fuerza militar y civil multilateral, la Minustah (Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití, dependiente de Naciones Unidas), que fue denunciada por violaciones sistemáticas a mujeres, 9.000 víctimas del cólera traído al país por soldados nepalíes, y un número incierto de jóvenes asesinados en las barriadas de la capital.
En enero del 2020 las protestas volvieron a tomar mucha fuerza. Hubo hasta marchas y huelgas policiales reclamando por sus condiciones de vida. Pero todo esto creció a partir de enero de este año, ya que el mandato de Juvenal Moïse vencía el 7 de febrero, y éste no estaba dispuesto a dejar el poder, contando para ello con el apoyo de Estados Unidos y la OEA. Miles de personas volvieron a las calles, exigiendo que dejara el poder y respetara la Constitución. “Jovenel debe irse”, coreaban los manifestantes.
A todo esto Moïse estaba impulsando una nueva Constitución, que permitiría una reelección inmediata. El parlamento fue cerrado en enero del 2020. Desde entonces gobernó por decreto. También disolvió al Tribunal Supremo de Justicia y al contralor de cuentas.
Otro fenómeno es el de los grupos armados, llamados pandillas, que cometen secuestros extorsivos y eran utilizados por Moïse para organizar masacres en los barrios populares más opositores, con asesinatos, casas quemadas y otras pérdidas materiales. También hacen asesinatos selectivos de opositores, como el del presidente del Colegio de Abogados. Han realizado desfiles armados en la capital.
Ya asumió la presidencia el primer ministro interino, Claude Joseph. Se trata de un presidente de facto, cuya primera medida fue declarar el Estado de sitio para impedir la movilización popular.
Es esencial que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no envíe una nueva misión militar a Haití.
Hoy N° 1872 14/07/2021
