Cada día se conocen más detalles de la siniestra entrega de armas a los golpistas bolivianos por parte del gobierno de Mauricio Macri. Recordemos que la denuncia fue iniciada por el gobierno boliviano, y establece que el 12 de noviembre de 2019, en el momento que asumía Janine Añez tras el derrocamiento de Evo Morales, el ex comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, agradece por nota al embajador argentino Normando Álvarez García la entrega de 40.000 cartuchos AT12/70, gases lacrimógenos y granadas de gas. Hoy González Lara, al igual que Añez, están presos y son juzgados por sedición.
El gobierno de Alberto Fernández denunció a Macri, los ex ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, de Defensa Oscar Aguad, además de altos jefes de la Gendarmería Nacional, cuyos efectivos transportaron las armas y municiones en un avión de la Fuerza Aérea Argentina, supuestamente para “entrenamiento y defensa de la Embajada argentina”. Ese armamento fue usado por los golpistas para reprimir al pueblo boliviano, represión que incluyó masacres como las de Sacaba y Senkata.
Desde la Argentina, en esa fecha (12 de noviembre de 2019), salieron 70.000 cartuchos anti-tumultos y 100 spray de gas pimienta, supuestamente destinados a los 12 gendarmes que fueron destinados a la Embajada argentina en La Paz.
Un fiscal hizo suya la denuncia del gobierno nacional y acusa de “contrabando agravado” a Macri, sus ministros y a los jefes de Gendarmería. Bastante pobre la acusación para semejante acto criminal.
El actual presidente de Bolivia, Luis Arce, afirmó la semana pasada: “La verdad sale a la luz. Hoy los golpistas ya no tienen argumentos para defenderse que el golpe de Estado contó con un decidido apoyo internacional de varios gobiernos y de ONGs norteamericanas, disfrazadas de plataformas y de suministro de armamento y munición para la represión como es el caso de los anteriores gobiernos de Ecuador y la Argentina”.
El miércoles 14, el comandante general de la Policía de Bolivia, Johnny Aguilera, confirmó que parte del material represivo “continúa en los depósitos de la institución” y aclaró que “no existe documentación alguna que respalde esos pertrechos”. El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, afirmó que “legalmente existe la posibilidad” que la Justicia de su país ordene extradiciones, interrogatorios y procedimientos fiscales a exfuncionarios argentinos que hayan participado del envío de “material represivo”.
Por otro lado, se conoció que dirigentes de la organización Tupac Amarú, que lidera Milagro Sala en Jujuy, denunciaron al gobernador Gerardo Morales por posible complicidad con los golpistas, a raíz de la visita a Jujuy en septiembre de 2019 de la hija del entonces presidente yanqui Donald Trump, Ivanka, y junto con ella el arribo de un avión militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos e importantes funcionarios del citado país.
A todo esto, Macri sigue negando toda responsabilidad, y dice que todo es una “operación política”… al igual que “las que nos hicieron por la deuda del FMI, que es la misma deuda que el país tenía antes y después de ese préstamo”. Los sectores reaccionarios que él representa siguen adelante con su campaña desestabilizadora, y como ahora queda expuesto, su adhesión a “los valores republicanos” es un verso que encubre la defensa de los intereses de oligarcas e imperialistas, particularmente yanquis e ingleses, en nuestro continente.
Hoy N° 1873 21/07/2021
