Se cumplió un año de la sanción de la Ley de Interrupción Legal y Voluntaria del Embarazo, y la médica Viviana Mazur, analiza que “lo que cambió fue la percepción social en relación a lo que está permitido y lo que no, en relación a lo que se ocultaba y que ahora se puede hablar en voz alta. Entonces, lo que la ley hizo fue cumplir su función de legitimar el derecho a interrumpir el embarazo, que era algo que estaba en discusión”.
Mazur recuerda el debate legislativo del año 2018, y la conformación de la marea verde: “A pesar de haber perdido en aquel momento la posibilidad de transformarlo en ley, se instaló en la sociedad la discusión de una manera mucho más fuerte. Y muchas personas, para recuperar el acceso y para brindarlo (hablando desde los equipos de salud) empezaron a entender que este pedido era una necesidad legítima de las personas. En primer lugar, porque las personas recurrían al aborto, de todas maneras, fuera legal o no fuera legal, y lo que sí pasaba era que se ponía en riesgo la salud o la vida. Entonces, haber comprendido que estaba en manos de los equipos de salud el disminuir el riesgo de las personas, de morir o de enfermar gravemente por un aborto, ya se había hecho en algún punto consciente, en gran parte del sistema de salud.
“También hay que destacar que son décadas de debate, impulsado desde aquel primer Encuentro de Mujeres, donde nació la consigna ‘Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir…’, se empezó a dar un enorme recorrido de construcción, de ideas, que se dio al calor de la lucha por la democracia en nuestro país, y por las condiciones de vida de las personas. Los ENM fueron la usina más importante de construcción de esas ideas, de necesidades de las mujeres.
“En 2018 llegamos al debate legislativo que abrieron un montón de compuertas, de gente que estaba callada, que quizá lo que pensaba y acordaba no lo decía. En el medio estábamos discutiendo las reformas laborales, y muchos con los que estábamos aliados, pasábamos a estar enfrentados en otros temas”.
Una ley con décadas de lucha
“Una vez aprobada la ley, hay otra conciencia social, de construcción de legitimidad, pero había que construir la viabilidad de la ley. Hacerla efectiva. Que las personas pudieran reconocer el derecho que tenían de solicitar la interrupción de embarazo y que ese pedido se escuchado y respondido, en el marco de tal y como la ley lo plantea. Es una ley muy de avanzada, porque plantea condiciones de atención, que son de alta calidad para la atención de las personas.
“Sabíamos que no todos los distritos en nuestro país llegaban a la aprobación de la ley en las mismas condiciones. En algunos lugares –ciudad de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, Río Negro- habían tenido un recorrido muy importante, ya tenían una infraestructura y una masa crítica de profesionales y equipos de salud que pudieron salir a dar respuesta. En otros lugares hubo que salir a armar equipo. Con mucha más resistencia de algunos sectores sociales. En primer lugar hicieron la jugada de pedir la inconstitucionalidad de la ley, y por otro, estuvieron las persecuciones directas, donde el ejemplo más claro fue el de la provincia de Salta: judicializando y acusando a una médica que garantizaba la interrupción del embarazo. Si bien es una situación aislada, intenta ser un ejemplo amedrentador para decir ‘miren que quienes dan acceso puede terminar en estas condiciones’. Y nosotros lo vemos con claridad: cuando aparece una de estas alertas, los equipos empiezan a consultar, a revisar por el temor de ser judicializados.
Una ley que trajo tranquilidad a los trabajadores de la salud
“En la Ciudad de Buenos Aires, teníamos 8 mil interrupciones por año, dentro del marco legal anterior, y garantizar la interrupción legal del embarazo parecía algo sencillo, pero había que agregar el entorno de la pandemia, y las condiciones de los equipos de salud para trabar, la restricción de las personas para circular. Con equipos de salud que estaban diezmados por gente que estaba aislada… esos eran los condimentos que se agregaban para el cumplimiento de la ley. Así y todo, en el primer semestre hubo un aumento considerable, no importante, de los procedimientos que se han hecho: fueron cuatro mil en el primer semestre, pero en el segundo semestre que los estamos contabilizando ahora aumentaron de manera considerable. La gran mayoría de las situaciones se pueden resolver incluso antes de las 12 semanas. Eso hace que las condiciones del procedimiento sean muy sencillas, que no corran riesgos innecesarios.
“En CABA tenemos el 93% de los casos se han hecho dentro de las 12 semanas de gestación. La ley permite la interrupción por sola voluntad hasta las 14 semanas. Es decir que a partir de las 15 semanas, la persona que solicita una interrupción tiene que hacerlo dentro de lo que se llama ‘causales’, justificando su solicitud, ya sea porque el embarazo es producto de una relación no consentida y violenta, o que el embarazo esté poniendo en riesgo su salud.
“La gran mayoría pide ayuda antes de las 15 semanas, y dentro de eso, incluso antes de las 12 semanas. Porque el otro tema es que antes de las 12 semanas el tratamiento se puede hacer ambulatorio: pueden llevarse la medicación, usar el Misoprostol en su casa, tranquilamente, y después volver al servicio de salud para el control posterior, y acceder a un método anticonceptivo eficaz, moderno. Después de las 12 semanas, el tratamiento se hace en hospitales, con la persona internada. Hasta las 12 semanas, los Centros de Salud de CABA dan acceso. A partir de las 12 semanas, lo dan los hospitales, pero varían dependiendo de la complejidad del caso, por la necesidad de profesionales entrenados pero también es necesario que no sean ‘objetores de conciencia’ para edades avanzadas.
“Si bien la ‘objeción de conciencia’ en nuestro país se dio en algunos lugares, en algunos distritos, o en algunas instituciones, la gran mayoría de los profesionales lo que sintió fue alivio. De sentir que podía hacer esta práctica sin correr riesgos legales. Ahí entendimos que una gran cantidad de profesionales, que no daba acceso, no lo hacía por una cuestión moral o por desacuerdo, sino por temor a no estar protegido por la ley. Entonces, la ley habilitó a que una gran masa de profesionales pudiera listarse en la filas de los que sí tenemos conciencia de nuestro rol es garantizar el acceso a los derechos y a la autonomía de las personas para decidir sobre sus vidas.
“También hay que decir que muchas obras sociales y prepagas que hasta ahora no venían haciendo absolutamente nada por este tema, la ley es tan explícita, que hoy están garantizando acceso”.
Para finalizar, Viviana agregó: “La situación es sumamente heterogénea, en el mapa de nuestro país hay provincias que se ubican unas más cerca, otras más lejos del cumplimiento de la ley, incluso dentro de una provincia, hay ciudades y distritos, y dentro de esos lugares, hay instituciones… creo que la Asociación de Medicina General, la red de profesionales por el derecho a decidir, a lo largo y a lo ancho del país están garantizando derechos. Hay muchas organizaciones sociales, ONGs, organizaciones de mujeres, que han trabajado mucho y que están trabajando para facilitar el acceso. Y que hoy es necesario difundir información, aumentar los lugares que garanticen el acceso, y mejorar día a día la calidad de la atención”.
Hoy N° 1895 05/01/2022
