Nuevamente el patriarcado se impone con furia y duele.
Duele Tucumán, que se transforma en un escenario perverso, en el cual una niña de apenas 10 años da a luz en el Instituto de Maternidad, producto del abuso y violación perpetuada por la pareja de su madre adoptiva.
Nos preguntamos cuál es el papel del Estado y cómo operan los organismos responsables de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes de nuestra provincia.
¿Cómo fue que nadie pudo observar lo que ocurría? Ni la familia asignada por la justicia y el Ministerio de Desarrollo Social, ni el Ministerio de Salud, ni la escuela…nadie pudo leer los indicadores en el cuerpo de esa niña? En sus estados de ánimo y en su conducta?
Muchas preguntas y pocas respuestas porque alrededor del caso hay mucho hermetismo.
Nos duele pero también nos da bronca y rabia…ESTAMOS HARTAS!!!
La reacción estatal frente a los embarazos infantiles es diversa y va desde el silencio y la indiferencia; la provisión de servicios de salud reproductiva sin indagar las causas del embarazo; el tratamiento escandalizado de la “emergencia” hasta el encierro para garantizar la continuidad del embarazo, con control estricto o prohibición de visitas de familiares y amistades.
En muchos casos se desestima el marco jurídico que se sustenta en las convenciones internacionales, de las cuales nuestro país es Estado parte y que deben garantizar derechos a mujeres, niñas y adolescentes. Podemos citar:
– Declaración de Derechos Humanos (1948)
– Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976)
– Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 1979 y en vigencia desde 1981.
– Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (BELEM DO PARÁ) ratificada en 1996.
– Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ratificada por nuestro país en 1990 y otorgándole rango constitucional en 1994.
Estamos frente a un embarazo infantil forzado cuando una niña, menor de 14 años, queda embarazada sin haberlo buscado o deseado y se le niega, dificulta, demora u obstaculiza la interrupción del embarazo.
Obligar a una niña que no ha terminado de crecer a llevar a término un embarazo, ser madre y criar a un bebé debe ser considerado tortura o trato cruel, inhumano y degradante, según los casos, en los términos de la Convención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Es urgente y necesario denunciar y desnaturalizar el abuso de las niñas, que no sólo llega de parte de sus agresores sino de todos los organismos del Estado que no garantizan derechos y torturan a las niñas obligándolas a parir y maternar, cuando el lugar de las mismas está en las aulas y en los juegos.
Por ello hoy salimos a levantar con fuerza la consigna NIÑAS NO MADRES. El embarazo de menores es abuso y tortura!!!
Exhortamos a nuestro Estado provincial a garantizar el acceso a la ILE como así también el resguardo de nuestras niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social.
Exigimos también la urgente búsqueda y captura inmediata del violador y prófugo Carlos Alberto Merlos.
#NiñasNoMadres
#Hartas
#DeclaraciónDeLaEmergenciaEnViolenciaYa
Casa de las Mujeres Norma Nassif
12 de enero 2022
