Algunos sectores de izquierda no kirchneristas se oponen o retacean el apoyo a la actual lucha chacarera porque consideran que es una lucha empujada por los terratenientes y pools, que tiene como reivindicación la bandera de esos nuevos usureros del campo, que sería la de oponerse al aumento de las retenciones exigiendo retrotraer la situación al 10 de marzo. Pero esto no es cierto ni histórica ni teóricamente.
Como ya hemos señalado anteriormente (hoy, números 1213 y siguientes) las retenciones a las exportaciones de los productos del campo en nuestro país fueron impuestas por los gobiernos oligárquicos, como una manera indirecta de obtener más recursos para el Estado nacional. Porque de esa manera no tenían que recurrir a impuestos directos sobre la propiedad o las ganancias de la oligarquía, que además hubieran tenido que compartir con los gobiernos provinciales y/o municipales, de acuerdo a la Constitución Nacional.
Las retenciones al ser un impuesto sobre las ventas hacen pagar por igual al que no gana como al que gana, a diferencia del impuesto a las ganancias donde paga más el que gana más, o el inmobiliario donde paga más el que tiene más y mejores tierras. Y es un impuesto que no se reparte con las provincias. Es decir que las retenciones son un impuesto regresivo tanto respecto de los pequeños y medianos productores como de las provincias y municipios.
Esto explica que frente a los aumentos de las retenciones que venía realizando el gobierno de Kirchner, ya antes de la asunción de Cristina en noviembre de 2007, los primeros que se alzaran al combate fueran los contratistas y chacareros pobres y medios, como ocurrió entonces con los cortes en Santa Fe, en particular el de Maciel, impulsados por el Distrito VI de Federación Agraria y el Movimiento de Mujeres en Lucha. Fue una clarinada que no contó con el apoyo siquiera de la mayoría de la dirección de la FAA (hoy, números 1192 y 1193). Después siguió la pelea por el precio del trigo que llevó al bloqueo por Federación Agraria de las terminales portuarias de los monopolios cerealeros sobre el río Paraná a comienzos de marzo, acompañada del reclamo de retenciones segmentadas para que paguen menos los pequeños y medianos productores y coparticipables para que vuelvan aunque sea parcialmente a las provincias de donde salen los recursos.
El manotazo del 11 de marzo
Es en estas circunstancias que el gobierno de Cristina Fernández pega el nuevo manotazo el 11 de marzo, provocando la rebelión chacarera que se extiende mucho más allá de la región pampeana. Son miles y miles de productores, principalmente contratistas y chacareros pobres y medios que se autoconvocan en las rutas y pueblos del campo en todo el país, obligando a unirse y convocar al paro a las organizaciones rurales, incluso las que expresan sectores oligárquicos que venían apoyando al gobierno y que "no compartían la metodología de los cortes" como decían.
Por eso no se puede decir que son esas organizaciones rurales, y menos las que expresan sectores oligárquicos, las que llevan de la nariz a los pequeños y medianos productores. Tampoco se puede decir que la consigna de retrotraer la situación al 10 de marzo sea una consigna impuesta por esos sectores. Es una consigna que surgió de los cortes, más propia de una lucha obrera que de una lucha empresarial como dicen sus críticos, impuesta por los productores pobres y medios con el método proletario de los piquetes. Y es en estos piquetes donde se la sostiene con mayor fuerza, más allá de las direcciones de algunas de las entidades que quisieran resignarla para negociar con el gobierno.
Una consigna justa
La consigna de retrotraer la situación al 10 de marzo es una consigna de unidad, y dejarla de lado solo puede convenir a las maniobras del gobierno para dividir la lucha. Es una consigna justa desde el punto de vista de los sectores más oprimidos del campo, porque ellos son los más perjudicados con el aumento de las retenciones y mantener la unidad es clave para lograr que el gobierno kirchnerista revea verdaderamente su política con retenciones segmentadas donde los que más paguen sean los grandes terratenientes y pooles y que sean coparticipables para que el dinero vuelva a las provincias. Es un reclamo chacarero que se une al reclamo federal de todos los pueblos de las provincias y al reclamo antiimperialista de nacionalización del comercio exterior, para que no sigan llevándose nuestras riquezas un puñado de monopolios exportadores.
Sobre esta base se puede pelear también en mejores condiciones por créditos accesibles que eviten que los pequeños y medianos productores tengan que someterse a la usura de los pooles y una ley de arrendamientos que asegure su estabilidad y limite a los pooles, en la lucha por una reforma agraria integral que garantice tierra para todos con un millón de chacras en producción.
El apoyo irrestricto a la actual lucha chacarera -sin dejarnos embaucar por las maniobras y falsos argumentos del kirchnerismo, que pretende dividir a los sectores populares del campo y a éstos de los de las ciudades, todo para seguir gobernando a favor de sus mezquinos intereses monopolistas y proimperialistas- es clave para avanzar por el camino de las multisectoriales y las asambleas, reagrupando las fuerzas populares, patrióticas y democráticas para un paro nacional activo, obrero, campesino y popular nacional, que le abra la mano al gobierno kirchnerista.
