La presidenta Cristina Fernández, desde los comienzos de la rebelión agraria, entre sus argumentos contra ésta, ha “defendido” a los trabajadores rurales en forma mentirosa. Ha dicho que “están la mayoría en negro”, “que ganan poco”. Sus ministros y lenguaraces, defendiendo las retenciones al 44%, también dicen cosas parecidas.
La pregunta que cualquier persona le puede hacer es: ¿Quién ha gobernado la Argentina los últimos cinco años? ¿Qué ha hecho el Estado para terminar con esto? ¿Acaso no hace más de dos años está en el Congreso la Ley de Corresponsabilidad gremial propuesta por la Uatre? Esta ley permite terminar con todo el trabajo en negro en todo el país y en todas las especialidades del campo, por esta ley el comprador de cualquier producto agropecuario debe ser agente de retención al productor de un porcentaje que incluyen los aportes jubilatorios, de PAMI, de obra social y cuota sindical, siendo obligado a depositar esos aportes al Estado en el nivel que corresponda, si el primer comprador vende a otro y éste a un cuarto. Sólo al productor empleador le corresponde hacer el recibo de sueldo, firmar la libreta de trabajo del Renatre, haciendo constar el período trabajado y los salarios pagados, y elevar el listado de trabajadores a la obra social y a la entidad gremial, cosa que puede hacer sin tener que contratar un contador.
Sólo jarabe de pico mentiroso
En la Cámara de Diputados se votó con consenso de todas las bancadas, sin oposición. Pasó al Senado y durmió un tiempo largo. Luego se le introdujo una modificación en un artículo, donde con la palabra “otros”, se abre la posibilidad de extender el ámbito de aplicación a otras actividades fuera del campo. Al volver a Diputados fue cuestionada esta modificación, por considerarse que sería pasible de ser cuestionada por anticonstitucional, pero el oficialismo insistió en aprobarla como venía del Senado.
Aún no la ha promulgado Cristina Kirchner. Habla del trabajo en negro, pero no tiene ni una pizca de voluntad de cambiar eso. Cerca de 700.000 empleados estatales nacionales, provinciales y municipales, son contratados o tienen planes sociales y están en negro; y en los salarios de los propios efectivos, hay multitud de cifras no remunerativas, pago de ticket alimentario, etc. Hasta hace poco, había 500 trabajadores en negro en la propia Casa Rosada, como denunciaron los delegados de ATE.
Cuando la presidenta habla de que los rurales ganan poco, es cierto, pero también son responsables ella y su marido de vivir peleando topes salariales, miserables para mantener los sueldos al nivel de la canasta de pobreza. Desde ya no sólo es su culpa, el “Momo” Venegas, dirigente de la Uatre nacional, no pelea los sueldos de acuerdo a la canasta familiar real de más de $ 3.200.
Pero el tema más de fondo es la Ley 22.248 (Régimen Nacional de Trabajo Agrario), impuesta por la dictadura militar en 1978, por la cual sacó a los trabajadores rurales de todas las especialidades de la Ley 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo). En esa ley de 1975, el gobierno de Isabel Perón nos había integrado, igualando nuestros derechos a los de todos los trabajadores argentinos. El gobierno de Cristina y Néstor Kirchner, que habla de los derechos humanos y de perseguir a los genocidas, no dice nada de la ley negrera impuesta a los rurales por los genocidas de la dictadura. Esto se agrava al ser quienes encabezan el Partido Justicialista, que en 1975 fue el que impulsó incluir a los rurales en la 20.744. Si realmente este gobierno defendiera a los rurales, y no fuera sólo doble discurso para usarlo contra el campo, debería tratar sobre tablas un proyecto cortito de ley que derogara la 22.248 y automáticamente los incluya en la 20.744. Nada hace en la práctica, sólo jarabe de pico mentiroso.
Por la derogación de la Ley 22.248
Nosotros peleamos junto a los chacareros, levantando las banderas de los trabajadores rurales: salarios de acuerdo a la canasta familiar, la derogación de la 22.248, el blanqueo global con la ley de corresponsabilidad gremial nacional. La elección de delegados en todas las fincas, la afiliación a la Uatre y la unidad más amplia para encabezar las luchas salariales, la recuperación de las seccionales de Uatre en manos de traidores, la unidad con los campesinos pobres, medios y la lucha por identificar y golpear a los grandes terratenientes, usureros y monopolios imperialistas que oprimen y explotan a obreros y campesinos incluidos los campesinos ricos y la burguesía nacional agraria. Golpeando el núcleo sojero aliado del gobierno, como Elstain, Grobocopatel, Soros, Blaquier, los monopolios de exportación como Cargill, Nidera, Bunge y Born, etc; y gigantes terratenientes, como Benetton, Eurnekian, etc.
