El 22 de febrero se llevó a cabo la audiencia virtual número 16 del juicio oral por causas de lesa humanidad referido al Circuito Atlético/Banco/Olimpo V, transmitida por La Retaguardia por su canal de Youtube. Una de las víctimas fue Manuel Guerra, quien fue secuestrado, detenido-desaparecido, y que estuvo en el centro clandestino de detención El Atlético.
La audiencia inició con el testigo Mario Garelik, abogado ofrecido por la querella por su relación como abogado con Manuel Guerra y su compañera Teresita Castrillejo, y quien era en aquella época apoderado legal del Partido Comunista Revolucionario.
El mismo relató que ante la desaparición de Manuel Guerra, junto a Teresita Castrillejo interpuso dos habeas corpus. Fue en medio de ese trámite que se allanó sin orden judicial el domicilio de la pareja dejando fajas pegadas sin nada escrito. Dicho habeas corpus fue rechazado y se remitió a otro juzgado para que se investigue la detención ilegal. Años después se supo por un testigo que a Manuel lo secuestraron en Pueyrredón y Las Heras. Garelik relató las medidas de seguridad que tomaban con Teresita en cada encuentro para firmar y presentar los escritos. Supo años después también que en el Atlético apareció una placa del periódico Nueva Hora (prensa del PCR) que lo habría tenido Manuel en su poder.
Garelik señaló que la respuesta de un habeas corpus provino en persona del Ministro del Interior Arguindegui, lo que resultó llamativo y extraño. El abogado relató que si bien no tenía esperanzas de que la dictadura liberara a un detenido con un habeas corpus, cuando existía un habeas corpus presentado los organismos internacionales tenían una evidencia de lo que se denunciaba respecto de los crímenes de lesa humanidad acontecidos en la Argentina. Relató que el Buenos Aires Herald era un periódico escrito en inglés que publicaba los habeas corpus y sus resultados, entre ellos el de Manuel Guerra.
“La Dictadura no pudo con él”
El segundo testimonio ofrecido también por la querella fue el de Claudio Balaclav, quien fuera compañero de militancia de Manuel y de su compañera Teresita, coordinando con ellos la campaña de propaganda antigolpista desplegada por el PCR. “El 2 de noviembre a las 6y30 me llama Teresita”, cuenta Balaclav, y le dice que Manuel no había ido a dormir, le pregunta si sabía algo, y sigue: “Había que tomar las medidas establecidas”, que se garantizaban con la solidaridad: mudarse, cambiar trabajo mientras se seguía con todas las tareas de resistencia. A la lucha por la aparición con vida de otros compañeros como Miguel Magnarelli “sumamos la de Manuel”, dijo. Años después un testigo del secuestro contó lo que vio, que Manuel había sido secuestrado en la esquina relatada por Garelik, gritando su nombre y luego fue introducido en un auto Taunus naranja, con la patente que después supieron pertenecía a Orlando Díaz, policía de La Federal de la Dirección de Prevención del Delito. Por allí también pasó otro auto y el testigo se acercó para contarles que estaban maltratando a quien vio secuestrar, y le contestaron “pibe quédate quieto, esos son de la Brigada”.
“La dictadura no pudo con él”, expresó Balaclav, ya que no rebeló ningún dato de sus compañeros, como nombres y domicilios, quienes pudieron seguir activando la lucha. Relató también que Teresita toma contacto con un sobreviviente del Atlético, con quienes él va a recorrer el centro clandestino. En el salón estaban expuestos elementos que se rescataron de la excavación parcial de 2012 del centro clandestino, estaba allí una placa mecánica de impresión del PCR, que se utilizaba en la época para imprimir el Nueva Hora, la que tenía que tener que ver con Manuel. “Revisamos el archivo de los periódicos y encontramos esa foto en un Nueva Hora de septiembre de 1973”, dijo, con lo que pudo determinarse científicamente que la impresión de ese Nueva Hora había sido hecha con la placa encontrada en El Atlético. Allí Balaclav relató que en el año 1975 el PCR decidió retirar todas las placas de impresión de Nueva Hora de la imprenta para seguir con la impresión en forma clandestina reutilizando las mismas. Tanto Manuel Guerra como Teresita tenían relación con el traslado/cobijo de esas placas por su militancia dedicadas a la impresión de la prensa, ambos en vínculo directo con Rosa Nassif y Jorge Rocha, dirigentes del PCR. Balaclav reivindicó los espacios de lucha por la memoria, con los que ha sido posible develar la existencia de los centros clandestinos de detención y quiénes fueron víctimas de ellos, todo en el marco del silencio cómplice de los genocidas que aún no abren los archivos.
“Sr. Juez: esperé 45 años para poder declarar”
El último testigo de la audiencia fue Facundo Luis Guerra, hijo de Manuel Guerra y Teresita Castrillejo. Relató cómo su madre lo dejaba al cuidado de sus compañeros para poder reclamar por la aparición con vida de su padre. Relató estar agradecido de haber conocido la verdad de lo ocurrido con su padre desde pequeño y contó cómo su búsqueda continuó en Mendoza al mudarse allí con su madre, militando ella en Madres de Plaza de Mayo y él en la década del 90 con la formación de HIJOS, como parte de una generación a quien robaron sus padres pero que fueron encontrando hermanos y abuelas. En el año 2006 junto a su madre solicitó en la Justicia el avance de la investigación, y también cuando se encontró la placa que vincula a su padre con el Atlético, hechos que se suman a los testimonios de quienes lo vieron allí.
Facundo señaló que le hubiese gustado que este juicio fuera presencial, pudiendo ver la cara de los acusados. Destacó el rol de las familias en la búsqueda de pruebas. Y puso en palabras el reclamo: es necesario que se investigue y vincule este juicio con los juicios de Córdoba, por ejemplo. Ya que en Córdoba ya preguntaban por su padre, con servicios de inteligencia que se desplegaban en el país. Facundo reclamó la investigación del auto del secuestro, y las personas que compartían la división con su dueño, cuestión que no puede ser delegada en las familias.
También expresó la necesidad de investigar a quienes estaban a cargo de la Secretaria 6 Juzgado 5, como la Dra. De Cejas, donde se presentó el primer habeas corpus a las horas de la desaparición ya que allí se planteaba a quienes asistían reclamando por el paradero de seres queridos desaparecidos que no debían involucrarse si los querían encontrar. Ese juzgado “trabó la investigación” por la desaparición de su padre, dijo. También reclamó investigar la vinculación entre la Policía Federal, la Prefectura y el Ejército, no solo por los secuestros que se hacían muchas veces coordinadamente sino también respecto del destino de los detenidos y desaparecidos. También señaló que resulta imposible que no haya archivos cuando en una fuerza se labra un acta cuando se mueve un mueble, “exigimos que se abran los archivos”, expresó.
Fue en este momento que el juez Jorge Gorini interrumpió a Facundo, reclamando que responda de manera más concreta a las preguntas. A lo que Facundo, pidió al juez unos minutos más, habiendo esperado él “45 años para declarar”. “No es que le esté cercenando la palabra-dijo el juez- , pero todas las líneas que usted propone están en curso, le corresponde al Ministerio Publico y a las querellas”. A lo que Facundo respondió ratificando la necesidad de que la JUSTICIA avance finalizando: “Hemos esperado por años, saludamos esta instancia”, planteando que debe acelerarse, y que él ve una acción despareja entre la persecución a dirigentes sociales y a quienes luchan contra la mega minería, y lo que ocurre en estas causas. La dictadura no fue solo secuestro, tortura y desaparición, “fueron 20 mil fábricas que cerraron, una deuda fraudulenta que nos condena hasta hoy, 25% de pobreza estructural. La Justicia por lo de ayer puede alumbrar una justicia y un mejor mundo para mañana”.
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Detalles de la causa penal
El juicio denominado ABO V está a cargo del Tribunal Oral Federal N°2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Gimenez Uriburu y Nicolás Toselli.
El mismo comenzó el 15 de junio de 2022 y se investigan los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios que tuvieron como víctimas a 382 personas en el circuito de centros clandestinos de detención conocidos como Atlético, Banco y Olimpo (ABO, por sus siglas) y/o por la actuación de los grupos operativos que actuaban en esos lugares. Se encuentran acusadas por estos delitos Carlos Alberto Infantino, quien fuera oficial principal en el Departamento de Asuntos Políticos de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal; Miguel Víctor Pepe, quien fuera sargento de la Gendarmería Nacional Argentina con destino formal en el Destacamento Móvil I de Campo de Mayo; Miguel Pablo Lugo, quien fuera cabo de la Gendarmería Nacional con asiento formal en el Destacamento Móvil I de Campo de Mayo; Sergio Raúl Nazario; ex primer Alferez de la Dirección de Inteligencia de la Gendarmería Nacional; y Hugo Luis Medina, exsegundo jefe y exjefe de la plana mayor del Destacamento Móvil I de Campo de Mayo de la Gendarmería Nacional. También se encontraba acusado inicialmente José Ahmed Estrada, quien fuera subcomisario de la Policía Federal con funciones en la Dirección General de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal y luego en el Departamento de Situación Subversiva de la Superintendencia de Seguridad Federal, pero falleció antes de llevarse a cabo las audiencias.
