El gobierno de Ortega avanza contra las libertades y derechos democráticos en Nicaragua, y despojó de la nacionalidad nicaragüense a más de 300 presos políticos durante el último mes. Los presos perdieron su nacionalidad y todos sus bienes, y fueron obligados a abandonar Nicaragua en el momento de su liberación. También fueron inhabilitados de manera absoluta para ejercer cargos públicos, así como ejercer cargos de elección popular. Y fueron condenados a la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua, y declarados prófugos de la Justicia.
Entre los presos políticos se encuentran históricos luchadores de la Revolución Sandinista de 1979, feministas, militantes de derechos humanos, defensores sociales y ambientales y escritores. Como parte de la solidaridad internacional, España, Argentina, Chile, Colombia y México ofrecieron la ciudadanía a los desterrados.
La poeta Dora María Téllez, protagonista y líder de la Revolución Sandinista, fue una de las deportadas. Dora declaró “Viva o muerta regresaré a Nicaragua, porque es mi tierra”. En junio de 2021 había sido encerrada en la cárcel de El Chipote en Managua, acusada por Ortega de traición a la patria y conspiración. Permaneció un año y medio en aislamiento y oscuridad, según contó al quedar en libertad.
Algunos presos se negaron a subir al avión que los deportarían. Es el caso del monseñor Rolando Álvarez, que fue condenado por la dictadura de Ortega a 26 años de prisión por traición a la patria en un juicio exprés, al día siguiente de no aceptar el destierro. El religioso es el primer obispo arrestado y acusado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007. Otro caso es el de Vilma Núñez, histórica defensora de derechos humanos, de 80 años de edad.
Al mismo tiempo, el gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo (presidente y vice respectivamente) es acusado de haber cometido crímenes de lesa humanidad por organismos de derechos humanos de la ONU. La investigación prueba estos delitos, cometidos en conjunto por siete instituciones estatales desde 2018. En ese año se produjeron históricas movilizaciones que fueron reprimidas con balas de plomo por la policía y grupos paramilitares, y causaron más de 350 muertos durante abril y septiembre. En el informe se prueba que diversas estructuras del gobierno han cometido “ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, privación arbitraria de la nacionalidad, y violaciones al derecho a permanecer en el propio país, así como violaciones al derecho a participar en los asuntos públicos y a las libertades de expresión, opinión, asociación, reunión, conciencia y religión”.
Otro dato a tener en cuenta es que el gobierno de Ortega cerró 3.300 organizaciones no gubernamentales (ONG´s).
Desde el PCR-PTP repudiamos nuevamente los avances contra la democracia y crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Ortega-Murillo en Nicaragua.
Escribe Rodrigo Cruz
Hoy N° 1953 08/03/2023
