El domingo 26, un artículo de La Nación da cuenta de cómo la “justicia” contravencional de la Capital Federal, ha decidido “endurecerse” contra los cortes de calles. Cita declaraciones del fiscal general de la ciudad, Germán Garavano, quien se congratula que “en dos años de gestión cumplimos con nuestro objetivo… que la gente respete la ley”, enumerando los juicios y condenas a dirigentes de organizaciones de desocupados, gremios, y hasta diputados nacionales, por cortes de calles, movilizaciones y protestas gremiales.
El objetivo está claro en otra parte de las declaraciones de Garavano: “No criminalizamos al perejil, sino que vamos detrás de los responsables reales, que toman la decisión política”. El resultado: Más de 760 causas abiertas contra dirigentes sociales y políticos.
La persecución contra Juan Carlos Alderete
En el mismo artículo se da una información tergiversada sobre una causa abierta contra el coordinador del Movimiento de Desocupados de la CCC, Juan Carlos Alderete, junto a Jorge Nuñez, de la FTV Disidente, y los diputados nacionales Héctor Flores y Fernanda Gil Lozano, por una marcha al Congreso de la Nación el 22 de mayo de 2008, en apoyo a la rebelión agraria con la consigna “frente al hambre y la desocupación somos todos chacareros”.
Dice La Nación que la Cámara de Apelaciones en lo contravencional y de Faltas en la ciudad “confirmó” una sentencia contra Alderete, cuando en realidad lo que hace es elevar la causa a juicio. Y cita el artículo partes del voto del camarista Marcelo Vásquez, quien “destacó en su voto la constitucionalidad de la norma que castiga al que impide la circulación de vehículos”.
Los abogados de Alderete, Mario Garelik y Patricio Gaynor, quienes rechazaron, en el mismo momento de ser citados a declarar los cuatro dirigentes, la apertura de la causa por “inexistencia de delito”, hicieron una presentación a la Cámara en la que polemizan con Vásquez.
Allí reitera la defensa que “estamos ante una protesta política y social, que en nada tiene que ver con la intención de la ley de recriminar una conducta”.
Refiere el escrito que ese 22 de mayo de 2008 marcharon más de cinco mil personas, que “juntas, durante un trayecto, peticionaron, protestaron y luego se realizó una conferencia de prensa. Pretender que solamente los conocidos públicamente, son autores de una conducta protagonizada por miles, es aplicar el derecho penal de autor.
“El argumento de la fiscalía y de la sentencia apelada, en cuanto a la reglamentación del derecho a la protesta, no resiste el menor análisis. Si es necesario pedir permiso para protestar y someterse a reglamentos, se termina toda protesta o manifestación espontánea.”
¿Se imaginan a los patriotas pidiendo permiso el 25 de Mayo?
Y preguntan Garelik y Gaynor: “¿Se imaginan el 25 de Mayo de 1810, a los patriotas, pidiendo autorización a Cisneros, para concurrir con los paraguas a Plaza de Mayo?
¿Se imaginan a los Revolucionarios del Parque pidiendo autorización al unicato de Roca y su cuñado?
¿Se imaginan el 17 de octubre de 1945, los obreros pidiendo autorización al gobierno militar para ocupar la Plaza de Mayo?
¿Se imaginan a las Madres de Plaza de Mayo pidiendo autorización a la dictadura de Videla para ocupar la plaza todos los jueves?”
Para luego concluir: “Toda protesta colectiva para ser protesta tiene que ser pública y desarrollarse en un espacio público. Pretender enchalecarla en la normativa contravencional vigente es criminalizar dicha protesta… Cuando se mueven miles, los espacios quedan chicos, por eso el tránsito se dificulta; y esto no es delito, es el ejercicio de un derecho”.
Luego se refieren a la intención del fiscal de enjuiciar “a los dirigentes conocidos”, como de una “gravedad institucional manifiesta”, citando un fallo de la Corte Suprema que en uno de sus párrafos expresa “cuando se pretende cortar el libre ejercicio de los más elementales derechos individuales, las simples contravenciones resultan ser uno de los principales instrumentos de que se valen los gobiernos dictatoriales para sofocar la libertad (CSJN 17/05/1957 partes: Mouviel, Raúl O. y otros)”. El escrito concluye solicitando el sobreseimiento de Alderete.
Frente a este nuevo embate contra las libertades democráticas, y la persecución a los luchadores sociales y políticos, vamos a redoblar con la más amplia unidad, la movilización popular contra los que pretenden, tanto desde el gobierno porteño como desde el gobierno nacional, enchalecar la protesta que crece día a día contra sus nefastas políticas.
